La crisis de Gobierno que ha precipitado Pedro Sánchez muestra giros inesperados en lo político pero ningún cambio reseñable en lo económico. El presidente ha anunciado con solemnidad en La Moncloa que “la nueva etapa” persigue “consolidar la recuperación económica”. Pero las destituciones y los nombramientos ejecutados este sábado no alterarán la esencia de este Ejecutivo bipolar ni su rendimiento en las tres materias sobre las que nos examina Europa: macroeconomía, fiscalidad y mercado laboral.
El complicado encaje del rojo socialista y el morado 'podemita' seguirán impregnando la misma paleta de colores. Por un lado, el futuro promete a corto y medio plazo nuevos choques entre la ortodoxia de Nadia Calviño y el sindicalismo de Yolanda Díaz . Por otro, el organigrama que ha dibujado Sánchez mantiene vivos todos los ministerios en manos de Unidas Podemos, que son -a excepción de Trabajo- los más controvertidos en términos de coste y eficacia.
Mal que le pese a Alberto Garzón, Irene Montero, Ione Belarra o Manuel Castells, el nuevo Gobierno funcionaría exactamente igual si no existieran los ministerios de Consumo, Igualdad, Derechos Sociales y Universidades. Sus atribuciones habían estado siempre encajadas en otras estructuras ministeriales, como Sanidad, Trabajo o Educación. Nacieron como artificio improvisado para sostener la frágil coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sin embargo, casi veinte meses después, tras una pandemia que ha destrozado la economía, ninguno de esos 'chiringuitos' ministeriales tiene ya razón de ser.
De los movimientos efectuados este sábado por Pedro Sánchez, sorprende tanto la acción decidida para 'decapitar' a Iván Redondo o José Luis Ábalos, como la inacción para adelgazar un Gobierno inflado, abigarrado de asesores en nómina de ministros sin currículum o con escasas competencias. O que reúnen ambas ‘virtudes’ a la vez. Garzón y Montero son dos grandes exponentes: en su vida, ambos sólo han sido diputados antes que ministros.
El tamaño del Ejecutivo ya sorprendió cuando echó a andar en enero de 2020. Era el tercero con más talla desde la Transición, superado por el primer gabinete de Adolfo Suárez y el segundo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha tenido en su mano meter la tijera al injustificado gasto ministerial, ofrecer un sacrifico que habría gustado tanto a la Comisión Europea -guardiana de los fondos de recuperación- como a esa parte de la población española que se ha quedado sin futuro por culpa de la pandemia (aún hay 3,6 millones de parados y casi medio millón de trabajadores en ERTE).
Sin embargo, Pedro Sánchez ha preferido huir hacia delante, rumbo al final de la legislatura, concentrando las decisiones desagradables en las filas socialistas. Consciente de que la coalición tiene los mismos pilares que un castillo de naipes, el presidente se ha limitado a hacer dos cambios cosméticos en materia económica. En primer lugar, ha dado un galón más tanto a Nadia Calviño como a Yolanda Díaz. Por otro, ha añadido un nuevo cometido -Función Pública.- a la cartera de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ambos retoques tendrán pocas consecuencias en el día a día de la coalición. Que Calviño sea vicepresidenta primera (en vez de segunda) y Diaz tercera (en lugar de segunda) tiene una interpretación unívoca: la ministra de Economía sale reforzada, pero tendrá que seguir negociando a cara de perro en el Consejo de Ministros con la titular de Trabajo.
Los galones de Calviño, ortodoxa y 'compresiva' con los esfuerzos que pide Bruselas, servirán de poco frente a Díaz, que siempre ha marcado sus líneas rojas, barriendo hacia los trabajadores, al hablar de pensiones, salarios o mercado laboral.
'Chispas' garantizadas en el nuevo Gobierno
A lo largo de la legislatura, quede lo que quede, seguirán saltando chispas entre ambas cuando negocien las reformas que pide Bruselas. Por delante quedan, entre otras, la laboral, nuevos avances en pensiones y la subida del salario mínimo. También están garantizados los choques con otro ministros de Yolanda Díaz, la única ministra de Podemos con poder real dentro del Gobierno. Y la única representante del partido morado que genera respeto y temor entre los empresarios.
A partir del lunes, cuando los nuevos ministros tomen posesión, quedarán menos días par que Díaz tenga algún nuevo encontronazo con José Luis Escrivá, el titular de Seguridad Social y ‘padre’ de la nueva reforma de las pensiones. La novedad estriba en los pulsos que la titular de Trabajo pueda librar ahora con su homóloga en Hacienda. María Jesús Montero se hará cargo de las políticas sobre la Función Pública, hasta ahora en manos de Miquel Iceta.
La portavoz del Ejecutivo hereda de su antecesor los deberes hechos en torno a la seguridad laboral de los interinos. Sin embargo, tendrá que adoptar medidas sobre un colectivo complicado para cualquier Gobierno: el de los funcionarios. La enorme partida de gasto que absorbe la Función Pública no sólo afecta a las cuentas de Hacienda. Las decisiones sobre Función Pública también influyen sobre un colectivo bien armado sindicalmente y con poder para sumar a favor o en contra millones de votos en todas las elecciones.
