La segunda parte del Plan de Recuperación o adenda que ha remitido a Bruselas Nadia Calviño este miércoles es un corta y pega de la primera parte que el Gobierno de Pedro Sánchez publicó entre abril y junio de 2021. En este refrito aparecen Ministerios que ya no existen y se copian las fichas de los componentes del Plan tal y como se presentaron hace dos años, a pesar de que se plantea como una actualización, extensión e innovación de los proyectos. Y de que se venía preparando desde al menos principios de 2022 y de su polémica presentación en tiempo de descuento electoral, como compromiso para el próximo gobierno.

Este modus operandi resulta muy llamativo en el caso del Componente 14, denominado Plan de modernización y competitividad del sector turístico, que se presenta ahora como estaba en abril de 2021, todavía entonces en medio de una de las olas de la pandemia, y sin mención alguna al impacto de la guerra en Ucrania, a pesar de que la puesta al día y ampliación que supone la adenda se presenta precisamente como una adaptación a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania.

Salvo el nuevo programa REPowerEU, que se crea específicamente como respuesta a la guerra para reducir la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, el resto de componentes se mantiene en el escenario covid de hace dos años.

El Componente dedicado al turismo explica que "España es líder mundial en turismo, sector que aporta el 12,3% del PIB y supone el 13,7% del empleo de acuerdo con los datos afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, las medidas de contención adoptadas frente a la pandemia de COVID-19 han incidido con intensidad en este sector, uno de los más afectados por la crisis", plantea la adenda, como si nos encontráramos en abril de 2021. De hecho, el dato del porcentaje del PIB que supone el turismo no se actualiza y se mantiene la cifra que se reseñaba en 2021, la de 2018, el 12,3% del PIB. Tras la caída experimentada en la pandemia, en 2023 este porcentaje es ahora del 12,2%.

Otra muestra del copia y pega que se ha realizado es que se mantiene la antigua denominación del Ministerio de Política Territorial, que hasta la crisis de Gobierno de julio de 2021 se denominaba Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que entonces pasó a ser Ministerio de Política Territorial a secas, con la nombrada también entonces como portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez, al frente, tras el cambio de Miquel Iceta a Cultura. Esta cartera perdió entonces la Secretaría de Estado de Función Pública, que pasó a Hacienda, ahora Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Pues bien, la adenda, en el Componente 11 Modernización de las Administraciones públicas incluye la inversión C11.I3, que denomina: "Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las CCAA y las EELL, inversión que aborda proyectos de modernización en el ámbito de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales".

Asimismo, el Ministerio de Hacienda aparece nombrado seis veces como tal, sin su nombre completo: Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Gobierno ha comprometido con Bruselas en la adenda una batería de inversiones y reformas nuevas para poder solicitar otros 94.000 millones de euros, que se sumarán a los 69.500 millones que ya estaban adjudicados a España en un primer Plan de Recuperación (aunque de momento sólo se han recibido 37.000 millones).

18 nuevas reformas ya previstas o en tramitación

Las nuevas reformas que incluye la adenda son un total de 18 y están relacionadas con la energía, el agua, la vivienda, la ganadería o los lobbies. Prácticamente la totalidad de ellas ya han sido puestas en marcha por el Ejecutivo, o, al menos, anunciadas. Algunas, incluso, estaban ya en tramitación en las Cámaras y han quedado fagocitadas con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

Estas reformas atañen al Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas de emisiones, la modificación del Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, entre otras. 

Fuentes expertas consultadas por este periódico califican estas reformas de "poco calado", que no están al mismo nivel que las inversiones como sí ocurría en la primera parte del Plan (reforma laboral, de pensiones, fiscal, etc.). En este caso, son reformas de "acompañamiento" y en algunos casos no son leyes o normas de primer rango, sino que sirven para instrumentar las inversiones.

La reforma fiscal: el elefante en la habitación

En este maremágnum de copia y pegas al que se añaden sólo las nuevas reformas antes citadas, y en el que se supone que las reformas comprometidas se han hecho ya por completo o en su mayor parte, destaca el Componente 28 Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, en el que no se ha hecho la reforma fiscal de marras, con lo que le queda al próximo gobierno el compromiso de realizarla y de subir los impuestos a diésel y gasolina.

Es el marrón que deja un gobierno que hace gala de la transición verde y que pretendía subir la fiscalidad del diésel desde 2018 y no se atrevió a hacerlo y que, en marzo de 2022, cuando Rusia acababa de invadir Ucrania y presentaba precisamente el informe de sus expertos para la reforma fiscal, otro hito prometido a Bruselas, que detalla una catarata de subidas de impuestos verdes, advirtió de que no se haría "en el corto y medio plazo".

De los hitos que incluye este componente sólo se han acometido las tasas Google y Tobin, en vigor desde 2021, desde antes de que se cerrara el Plan de Recuperación, y los impuestos a residuos y plásticos, que han entrado en vigor en 2023 aunque estaban previstos ya entonces para 2021.

En lo que respecta a los impuestos verdes, el Componente plantea que "se afrontarán reformas en materia de movilidad sostenible. Se revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante". Esto es, se alude a más impuestos o subidas de impuestos a la circulación, entre las que podría caber la recuperación de los peajes, que no se mencionan en a adenda, y a un alza de la fiscalidad de gasolina y diésel, que sí se plantea, además de la de carburantes de aviones, marítimos y agrarios.

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