Telefónica celebró ayer una Junta de Accionistas de las más breves que se recuerdan. En poco más de dos horas se han aprobado todos los puntos del día y cerrado el encuentro.
Durante el turno de preguntas accionistas preguntaron por los motivos de la baja cotización de las acciones del operador de telecomunicaciones.
"No está en nuestra mano el valor de la acción, sí lo está la gestión de nuestra compañía", respondía José María Álvarez-Pallete, presidente de la teleco.
Pallete confía en que el precio de la acción se sitúe en 8,8, tal y como aseveran los analistas
Pallete también ha explicado en este sentido que las empresas del sector de las telecomunicaciones llevan tres años con caídas en bolsa, además de que aquellos mercados emergentes en los que Telefónica tiene presencia -en referencia a Latinoamérica- se han visto penalizados por una regulación incierta.
El máximo responsable de Telefónica se ha referido también al consenso actual de los analistas, que sitúan el precio objetivo de la acción un 22% por encima de la valoración actual, hasta los 8,8 euros. El operador cerró la sesión con la acción a 7,47 euros, mientras el día anterior a la Junta de Accionistas cerró en 7,40 euros.
Álvarez-Pallete llegó a la presidencia de Telefónica en sustitución de César Alierta en abril de 2016. Desde entonces las acciones del operador se han precipitado un 12%. Han llegado a cotizarse, durante su mandato, a un máximo de 11,11 euros.
Deuda
José María Álvarez-Pallete también hizo referencia a la deuda de la compañía, en la actualidad en 38.700 millones de euros, cifra alcanzada tras la venta de parte de su negocio en Latinoamérica por 1.450 millones de euros, y la de 11 de sus 23 centros de datos por 550 millones de euros, operaciones realizadas en los últimos meses.
Pallete recalcó que la deuda del operador se ha reducido en 14.000 millones de euros desde 2016, año en el que tomó las riendas de la compañía.
Una cifra que podría haberse duplicado si el regulador inglés no hubiese puesto trabas a la venta de O2, operación valorada en 14.000 millones de euros, lo que hubiera supuesto una reducción total de los compromisos de 28.000 millones de euros.
