Los trámites parlamentarios avanzan para que las empresas energéticas paguen el 1,2% de sus ingresos al Gobierno a partir del 1 de enero de 2023. Mientras el malestar de las grandes empresas afectadas con el Ejecutivo evoluciona al mismo ritmo. "Nos sentimos traicionados. La felicitación y colaboración que nos trasladan en privado se tapa con un desprestigio y ataque en público, como evidencia este gravamen", defiende un alto directivo del sector a Vozpópuli.
Desde el sector consideran que la estrategia política del Gobierno con las energéticas es la del 'palo y zanahoria'. El 'palo' para responsabilizar a un grupo de empresas de 'beneficiarse' del descontrol de precios y vender al electorado que han tomado medidas al respecto. Y, la 'zanahoria', para agradecerles la colaboración a las petroleras por la buena gestión en el suministro de combustible, el esfuerzo de las eléctricas en la inversión en renovables y felicitar a las gasistas por la diversificación de los proveedores para no depender de Rusia.
"El Gobierno alardea en Bruselas de la gran labor de las empresas del sector energético, que les ha permitido afrontar la crisis con Rusia en mejor situación que la mayoría de los colegas de la Unión Europea", comentan fuentes del sector. "Un mensaje contrario al que se lanza hacia la ciudadanía desde el Consejo de Ministros o en el Congreso cuando se habla del sector", añaden.
El 'impuestazo', que es como se denomina este gravamen entre las empresas, pone el foco sobre 11 compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies, EDP, Repsol, Cepsa, BP España, Península Petroleum, Petronieves y Disa Corporación Petrolífera. Unas empresas que, de momento, no hacen público su malestar a la espera de la respuesta del Senado y la luz verde definitiva en el Congreso. Los comentarios se los ceden, la actividad comunicativa a sus asociaciones y la judicial a sus grandes equipos legales.
Josu Jon Imaz (Repsol), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o Maarten Wetselaar (Cepsa) han aprovechado los últimos resultados para dejar caer su disconformidad con la forma que va tomando este proyecto de ley que les costará 2.000 millones hasta 2024. Estos directivos ven una clara "intención política" y que es "injusta".
Pero, ni ellos pueden permitirse el lujo de dar un portazo al Gobierno, ni el Gobierno puede seguir estirando la cuerda con sus principales socios en el suministro de energía en España y los que deben rascarse el bolsillo para que esta energía sea lo más 'verde' posible.
Empresas “únicas en Europa”
El 'palo y zanahoria' se refleja en el reciente Plan + Seguridad Energética, la hoja de ruta del Gobierno para ahorrar energía en esta crisis. En este plan, el Ministerio para la Transición Ecológica aplaude el sistema de refino español.
"Se puede considerar único en Europa, ya que por sus características y complejidad en número de refinerías, localización de estas y conexión a la red de oleoductos, dispone de una gran flexibilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones, permitiendo a los agentes del mercado abastecerse de distintos orígenes", afirma el documento del Gobierno.
"Adicionalmente, la transformación que los esquemas de refino han sufrido en los últimos años para adaptarse a las exigencias del mercado, permite el procesado de muy diferentes calidades de crudo obteniendo buenos rendimientos en productos finales, especialmente en combustibles de automoción (gasóleos y gasolinas)", comentan.
Unos piropos que tienen como principal objetivo a Repsol, Cepsa y BP. Las tres petroleras que más castigo van a sufrir con el gravamen. Unas compañías que defienden que el aumento de beneficio de 2022 todavía no compensa las grandes pérdidas que registraron en la pandemia, donde nadie del Gobierno les llamó para tenderles la mano.
Socios para logros
El mismo plan hace referencia también al "impulso a la transición energética" y la "protección de consumidores vulnerables". Una estrategia donde necesita a empresas como Iberdrola o Endesa, operadores de las tarifas reguladas, que dan luz y gas a los hogares más vulnerables, y que los principales inversores en energías renovables en España, para poder acometer estos objetivos.
Con el suministro de gas pasa algo similar. "La situación de España no es equivalente a la del conjunto de la UE. Con un abastecimiento muy diversificado y seguro, sin dependencia directa por gasoducto del gas natural de origen ruso, la situación actual no genera riesgo de falta de suministro", comenta el documento del Gobierno. Una labor donde colabora estrechamente con empresas privadas como Naturgy.
Unos argumentos que utilizan las empresas para argumentar su malestar. "Estamos chafados, vamos en contra de las propuestas de Europa en este sentido y las empresas extranjeras se libran del impuesto", protestan desde el sector. "El Gobierno va contra el tejido empresarial español, favoreciendo a las empresas extranjeras. Una pena de país, que se evidencia en una imposición política a sector estratégico", concluyen.
