El futuro de las concesiones de autopistas de peaje asumidas por el Estado tras su quiebra está un poco más en el aire. Los planes iniciales del Gobierno pasaban por seguir el camino marcado por su antecesor y proceder a devolverlas a manos privadas a través de una nueva licitación. Sin embargo, el proceso no será tan rápido como estaba previsto y puede que, incluso, tenga un final diferente. Entre las opciones no se descarta incluso que el Estado mantenga su control.
Por lo pronto, el Gobierno quiere ejecutar cuanto antes la bajada significativa en el precio de los peajes que anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su comparecencia en la comisión del Senado. El principal objetivo de esta medida es incrementar el tráfico de estas vías, supuestamente para hacerlas más atractivas para los potenciales interesados en acudir a la relicitación.
Sin embargo, hará falta algo de tiempo para evaluar el impacto del recorte en el precio de los peajes, un plazo que los expertos cifran en no menos de seis meses. Solo entonces llegará el momento de volver a tantear al mercado para conocer si el interés de los inversores ha aumentado o sigue en las reducidas cotas mostradas en las prospecciones realizadas por el Ejecutivo.
"Vamos a rebajar los precios de los peajes para que aumente el tráfico y después, ya veremos", indicó el ministro en sede parlamentaria, dejando abierta la posibilidad de encontrar una alternativa en función del resultado que dé la iniciativa de promocionar la circulación por estas vías de pago.
Venta inviable
Los estudios realizados por los técnicos del Gobierno y consultados por Ábalos poco después de su aterrizaje en el Ministerio de Fomento daban como resultado que la relicitación en las condiciones actuales era prácticamente inviable. El impacto de las medidas que se pondrán en marcha para subir los tráficos determinará si ese momento es el adecuado para proceder a volver a poner los activos en el mercado. No obstante, el Gobierno trabaja en planes alternativos para poder reaccionar con agilidad en el caso de que el escenario no mejore.
Así, las concesiones podrían quedarse en manos del Estado durante más tiempo del previsto, precisamente en pleno debate sobre la necesidad de instaurar el pago generalizado por el uso de las autopistas, incluidas las de primera generación, para poder cubrir el déficit de mantenimiento que se ha detectado en los últimos años y que no puede ser atendido por los Presupuestos Generales del Estado.
El Ejecutivo también analiza contar con un modelo diferente a la hora de relicitar las concesiones, entre los que se encuentra el de peaje en la sombra, que no tendría coste directo para el usuario y sí para la Administración, en función de los tráficos de cada vía. Una posibilidad que no estaría en línea con las tesis que parece defender el Gobierno en cuanto a la necesidad de pagar por el uso de las infraestructuras pero que sí podría hacer más atractivo el proceso de venta de las concesionarias.
Pendiente del calendario electoral
La decisión del Gobierno también estará condicionada por la duración de la legislatura, dado que si finalmente hay un adelanto electoral la decisión definitiva correspondería al Gobierno resultante de los comicios. Precisamente el propio Ábalos, en su condición también de secretario de organización del PSOE, no descartó que las elecciones pudieran celebrarse la próxima primavera, aunque esta posibilidad ha perdido enteros de forma significativa tras el resultado de las elecciones andaluzas, que podrían provocar que el partido perdiera la presidencia de la Junta por vez primera en democracia.
El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar los Presupuestos el próximo enero también alejaría unas elecciones anticipadas. En cualquier caso, despejar el panorama político será clave para determinar el futuro de las concesiones que ahora están, en principio de forma provisional, bajo el control del Estado.
