El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere aprobar como parte de la reforma de las pensiones la creación de incentivos a la jubilación demorada -es decir, que aquellos españoles que se jubilen más tarde, disfruten de un plus en su pensión pública- y prohibir la jubilación forzosa, pero estos cambios van en contra de los intereses de las empresas, que ya se movilizan para contrarrestarlo.
Según ha podido saber Vozpópuli, son muchas las empresas a las que les preocupa que cuando sus trabajadores lleguen a la edad legal de jubilación (que va aumentando año a año hasta que llegue a los 67 años en 2027) decidan seguir trabajando unos años más, por ejemplo hasta los 70, a cambio de cobrar una pensión pública más alta, gracias a los incentivos que va a mejorar el Gobierno, lo que obligaría a las empresas a despedirlos e indemnizarlos en el caso de que quieran prescindir de ellos.
Contar en plantilla con trabajadores de mucha edad no beneficia a las empresas, ya que en general supone un coste más elevado en nóminas y en algunos casos los trabajadores no son tan productivos como los empleados más jóvenes ni están habituados al uso de las nuevas tecnologías.
Por ello, las compañías ya están asesorándose y pensando estrategias para conseguir que sus trabajadores se jubilen tan pronto como cumplan la edad legal de jubilación.
Incentivos para no pasar de la edad legal
Algunas compañías están optando por crear planes de jubilación, en los que tanto la empresa como los empleados hacen aportaciones, y en los que se va acumulando un capital que sólo se le entregará al empleado si se jubila cuando llegue a la edad legal. Si decide posponer su jubilación, entonces perderá el dinero.
Otra vía consistiría en poner condiciones a ese plan de jubilación para que el trabajador se jubile anticipadamente, uno o dos años antes de la edad legal.
"Las compañías ya están buscando soluciones para afrontar el gran reto que supondrá para ellas el envejecimiento de la plantilla y la próxima reforma en el sistema público de pensiones, que puede derivar en pensiones públicas más bajas que desincentiven que el empleado acceda a la jubilación en la edad legal que le corresponda”, explica a este medio Álvaro Granado, responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados.
Las empresas, sobre todo la banca, tradicionalmente han recurrido a las prejubilaciones, con las que el empleado deja de trabajar pero sigue percibiendo un porcentaje de su sueldo hasta que se jubila y la compañía sigue pagando cotizaciones sociales a la Seguridad Social, un sistema que resulta muy oneroso para las empresas y que está cada vez más en desuso.
La importancia de estar informado
Granado recuerda a este medio que lo más importante que deben tener en cuenta las empresas es la necesidad de facilitar información a sus empleados.
Para colaborar en esta misión, que además es una de las recomendaciones que hace el Pacto de Toledo, KPMG ha diseñado una herramienta virtual que funciona como un simulador y que las empresas pueden ofrecer a sus empleados, para que conozcan en detalle qué pensión pública recibirán el día que se jubilen y cuánto supondrá respecto a sus ingresos actuales (la tasa de sustitución prevista).
Esa herramienta les permite conocer cuánto recibirán del plan de pensiones de la empresa y cuánto de su ahorro individual, en caso de que lo tengan. Conocer toda esa información -relativa a los tres pilares- les facilitará la toma de decisiones.
