Las modificaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios impulsadas por Alberto Garzón, ministro de Consumo, no han tenido prácticamente ningún efecto en los usuarios, al menos en lo que a la garantía de reparación de producto se refiere, uno de los aspectos que más inquietaba a los fabricantes.

El texto legal fuerza a los fabricantes a almacenar piezas durante una década, tiempo al que están obligados a reparar un equipo siempre que el cliente así lo decida. Antes de la aprobación de la ley a principios del presente año los fabricantes aludían a que se trataba de una medida sumamente injusta y que además iba contra el medioambiente, dado que muchas de las piezas guardadas en los almacenes son contaminantes, como las baterías de móviles, tablets, ordenadores portátiles, y determinadas piezas de electrodomésticos o coches eléctricos. En el polo opuesto se sitúan quienes defienden la ley porque, dicen, se alarga la vida útil de los dispositivos, con lo que a la larga se deberían fabricar menos equipos y esto mejora el trato al medioambiente.

Sin embargo, el tiempo ha llevado la tranquilidad a los fabricantes de tecnología. El comportamiento de los usuarios es soberano.

Las modificaciones en la ley parecen ser más de cara a la galería, para propulsar la imagen del ministro, que porque vayan realmente a ser efectivas y a cambiar la vida de los consumidores. ¿Cuánta gente arregla, por ejemplo, un ordenador portátil con cinco o seis años de antigüedad? Pues imágínate con diez años"

Varias marcas preguntadas por Vozpópuli sobre los efectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aseguran que, tras hacer cálculos, solo un 1% de los equipos se reparan pasados los tres años -que por otro lado es ahora el tiempo de garantía, frente a los dos que recogía la anterior ley- desde su compra, el otro 99% se repara antes de esos tres años.

"Es algo que contemplamos en el balance las compañías de fabricación. Al principio generó mucha inquietud en el sector, pero la realidad es que prácticamente no afecta", aseguran desde uno de estos fabricantes.

Desde otra firma explican que "las modificaciones en la ley parecen ser más de cara a la galería, para propulsar la imagen del ministro, que porque vayan realmente a ser efectivas y a cambiar la vida de los consumidores. ¿Cuánta gente arregla, por ejemplo, un ordenador portátil con cinco o seis años de antigüedad? Pues imágínate con diez años".

Ajuste del stock

En las semanas anteriores a la aprobación de la ley, los fabricantes mostraban su miedo a tener que aumentar los gastos en transporte y almacenamiento.

"Es algo que nos obligará a almacenar muchísimo stock de piezas para la reparación de equipos. Esto nos obliga a fabricar más componentes, a destinar más espacio para su almacenamiento y aumentar los medios de transporte, dado que la carga se incrementa. Todo esto supone un mayor gasto. En algunos casos hablamos de stock que se degrada con el tiempo, como por ejemplo las baterías de móviles u ordenadores. Muchas de e estas piezas no se utilizarán, y habrá que eliminarlas, lo que no parece que vaya en consonancia con las políticas de sostenibilidad medioambiental", explicaba un portavoz de un fabricante de tecnología.

Sin embargo, el hecho de que no se reparen equipos más allá de los tres años permite ajustar mucho el stock de piezas y reducir drásticamente los gastos en almacenamiento y logística. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no ha tenido prácticamente ningún efecto, ni para las empresas ni para los usuarios.

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