La Mesa del Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Podemos y Ciudadanos, decidió el lunes de la semana pasada no tramitar mediante procedimiento de urgencia la nueva ley hipotecaria, lo que expone a España a recibir un castigo todavía mayor de Bruselas por no haber traspuesto una directiva comunitaria que tenía que haber entrado en vigor en marzo de 2016.
Tras una denuncia presentada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2017, existe la amenaza de que las autoridades de la Unión Europea (UE) impongan a España una multa de 105.992 euros diarios -a contar a partir de que se publique la sentencia del TJUE- por no haber adaptado la legislación en materia de crédito hipotecario a los estándares comunitarios.
Por ello, el veto del Congreso a reducir de dos meses a veinte días los plazos de tramitación en el Senado ha sentado como un jarro de agua fría en el Ministerio de Economía y Empresa. "Lamentablemente, la Mesa del Congreso rechaza, de manera incomprensible y por razones que se me escapan, que se tramite por vía de urgencia", criticó ayer Nadia Calviño, titular de la cartera de económica, que alertó de que, visto el retraso en la tramitación de la ley, la sanción a la que se expone España, que podría llegar durante el otoño, puede alcanzar una cifra millonaria.
Reproche a la inactividad
El 'no' en la Mesa del Congreso puede entenderse como un reproche de los grupos de la oposición al hecho de que apenas se haya avanzado en la tramitación desde comienzos de junio, ya que, tras el cambio de Gobierno, la iniciativa parlamentaria correspondía al Grupo Socialista. De hecho, a pesar de que se habilitó el mes de julio para debatir las enmiendas al proyecto de ley -a proposición de Economía-, no ha sido hasta comienzos de esta semana cuando los socialistas han remitido al resto de grupos una propuesta base sobre la que negociar.
Según las fuentes parlamentarias consultadas, el PP votó en contra de tramitar la reforma hipotecaria mediante el procedimiento de urgencia como una "queja" ante la inactividad del Gobierno durante el periodo estival. Por su parte, Cs y Unidos Podemos consideran que el procedimiento urgente no acortaría los plazos dado el momento en el que se encuentra la tramitación (fase de Ponencia). Además, los dos grupos han alegado que la complejidad técnica y política del proyecto de ley no aceptaba que se tramitase de forma urgente.
Las críticas de Nadia Calviño, que también señaló que el retraso acumulado resta "seguridad jurídica" a España, no han sentado bien en el Congreso. "No es manera de tejer acuerdos", dice un diputado de la oposición, que recuerda que el PSOE, antes de su entrada en el Gobierno, votó junto a Podemos a favor de que se debata y vote la ley en el Pleno del Congreso antes de enviarse al Senado, lo que retrasa la tramitación "dos o tres semanas", pues la Comisión de Economía tiene facultad legislativa plena.
Nueva Propuesta
En cualquier caso, la zancadilla de la Mesa del Congreso al Gobierno se produjo antes de que los diferentes grupos pudiesen estudiar la propuesta transaccional remitida por el PSOE. Quienes ya han podido estudiar el nuevo texto reconocen que los socialistas han hecho un esfuerzo por reconocer las enmiendas presentadas y se muestran confiados en que se pueda llegar a un acuerdo para reducir o evitar una sanción que podría llegar a ser multimillonaria.
La norma tendría que haber entrado en vigor en marzo de 2016, pero las dificultades para formar Gobierno en 2015 y la repetición de las elecciones generales retrasaron la legislación. No fue hasta noviembre de 2017 cuando el anterior Ejecutivo aprobó el proyecto de la nueva ley hipotecaria, entre cuyas principales novedades destacan la rebaja de las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca a tipo variable a tipo fijo, así como otras medidas para reforzar la transparencia de los contratos, aunque el texto habrá sufrido modificaciones.
Estaba previsto que la ley entrase en vigor en los primeros seis meses de este año, pero la moción de censura de Pedro Sánchez y la formación de un nuevo Gobierno justo antes del verano dilataron todavía más el proceso a pesar que desde Economía se presionase para recortar plazos.
