Ahí va la paradoja: si Alberto Núñez Feijóo bate a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales, heredará una cartera inmensa de proyectos diseñados por su antecesor. Está valorada en 70.000 millones y tendrá que ejecutarla durante su mandato, le guste o no, aunque no haya tenido absolutamente nada que ver con su planificación. Y aunque no comparta la elección de algunos -o muchos- destinos de inversión.
Hablamos de las inversiones financiadas con los nuevos préstamos de la Unión Europea. El dinero procede de los fondos NextGeneration EU, activados en julio de 2020 y canalizados por dos vías principales. La primera es una partida de 312.500 millones de euros que se transfiere a cada país como subvenciones no reembolsables. La segunda son préstamos valorados en 360.000 millones, en condiciones preferentes pero de obligada devolución.
Según la Comisión Europea, tanto las ayudas como los préstamos llevan aparejadas una serie de condiciones (ajustes o reformas) y siempre deben gastarse con un objetivo: "Mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes, y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de la doble transición ecológica y digital".
El Gobierno español empezó a usar el pasado año las subvenciones a fondo perdido, que está llegando con cuentagotas -eso sí- al tejido productivo. Y ahora le toca solicitar oficialmente los créditos. Tiene que hacerlo antes del 31 de diciembre y -aquí está la clave- debe presentar otra batería de proyectos concretos 'merecedores' de la financiación europea. El cauce legal es el siguiente: a lo largo del segundo semestre, el Ministerio que lidera Nadia Calviño debe añadir una adenda al Plan de Recuperación, que especificará las nuevas inversiones previstas y el dinero que requerirían.
En ello están ahora los ministerios del área económica del Gobierno, coordinados por el responsable de la estrategia de los fondos en Moncloa, Manuel de la Rocha. La tarea es inmensa, no es fácil identificar proyectos que encajen en los parámetros que exige Bruselas. Por eso llama tanto la atención que el Ejecutivo no esté tirando con más ímpetu de la ayuda de las comunidades autónomas ni de las patronales de empresarios. Unos y otros tienen más facilidad para localizar sobre el terreno inversiones financiables con los créditos europeos. Esta vía, sin embargo, requiere escuchar y -a veces- ceder. Y eso es algo que Moncloa no parece dispuesta a hacer.
Los empresarios piden un "plan país"
La postura de Pedro Sánchez roza la irresponsabilidad por varias razones. Desde CEOE recuerdan que los 70.000 millones en créditos deberían articularse "como un plan de país y no sólo del Gobierno". La partida de préstamos es ingente y las aventuras empresariales que se impulsen con ellos pueden marcar el rumbo de la economía española en los próximos años. Es maná para el tejido productivo nacional, tan dependiente, desde siempre, del sector servicios.
"Nos parece fundamental implicar tanto a los interlocutores sociales como a las comunidades autónomas en la definición de las reformas e inversiones que irán en la adenda", señala la patronal. CEOE critica "la escasa participación" de las empresas y considera vital aumentar la colaboración de todas las partes "desde el diseño inicial del plan". La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) comparte plenamente la visión de la patronal. El organismo que preside Cristina Herrero, uno de los más críticos con la opacidad del Gobierno sobre los fondos europeos, también considera "necesaria la implicación del sector público a todos los niveles, del sector privado y de todos los organismos evaluadores".
El Gobierno tiene cuatro meses por delante para dibujar las grandes líneas de inversión. Si la Comisión Europea da el visto bueno, los ministerios implicados tendrán todo 2023 para 'aterrizar' las propuestas en proyectos reales. Y poco después podría producirse la mencionada paradoja. El presidente que ocupe La Moncloa en 2024 será el responsable de acometer las inversiones. A juzgar por el rumbo de las encuestas, el líder del PP tiene muchas papeletas para desbancar a Sánchez de la presidencia. Si no se materializa, por tanto, ese "plan país" consensuado, Núñez Feijóo se vería en una tesitura lamentable y surrealista: tendría que llevar a la práctica proyectos millonarios sobre los que no ha tenido voz ni voto.
La oposición y los empresarios comparten un mismo temor: que la actitud 'despótica' de Sánchez impida a España sacarle más partido a los préstamos de la UE. Las sospechas se fundamentan en los precedentes. Nuestro país "está a la cabeza de la UE en la recepción de fondos europeos ya transferidos por la UE, al ser el primer país en solicitar el segundo desembolso de 12.000 millones de euros", recuerda el último Informe de Seguimiento de los Fondos NexGeneration de CEOE. Sin embargo, la llegada del dinero a la economía real sigue sin coger velocidad de crucero. Francia, según el recuento oficial de la Comisión Europea, ha ejecutado fondos equivalentes al 0,5% de su PIB, frente al escaso 0,2% de España.
Apagón informativo
Y luego está el 'apagón' informativo de Moncloa. “Resulta necesario profundizar en la información sobre convocatorias, licitaciones y ejecución de fondos, especialmente para conocer al detalle, y de manera actualizada, cuántos fondos han llegado a la economía real”, reitera el informe de CEOE. La presidenta de la AIReF ha llegado a criticar en público la "falta total y absoluta de información que permita determinar cuál va a ser el impacto de los fondos".
Lo cierto es que España nunca ha tenido, ni probablemente tendrá, al alcance de la mano una ayuda tan ingente para transformar, de verdad, la economía. Una misión que requiere voluntad de diálogo, cintura política y una dosis de pragmatismo. Tres condiciones que escasean desde hace tiempo en Moncloa.
