La fusión entre el consorcio automovilístico francés PSA y el italoestadounidense FCA que dio lugar al cuarto grupo automovilístico a nivel mundial por volumen de ventas, Stellantis, ha levantado ampollas en España con la nueva estrategia comercial que se va a implantar en nuestro mercado. Y es que meses atrás comunicó a su red en España que 129 concesionarios de las diferentes marcas, casi un tercio del total actual, que trabajan para él van a dejar de hacerlo dentro del programa de reestructuración que ha puesto en marcha.
Un mazazo que podría poner en jaque más de 30.000 empleos y que ha supuesto un verdadero jarro de agua fría en el sector, una preocupación más después de haber pasado uno de los periodos más complicados de la última década por los efectos de la pandemia.
Ahora, y quizás empujado por ello, el Congreso de los Diputados tramita una enmienda para fijar una indemnización por el cierre unilateral de concesionarios, una indemnización de un mínimo del 5% de su facturación en los 12 meses anteriores, además de penalizaciones por incumplimientos, inversiones no amortizadas y las indemnizaciones del personal despedido por el cierre.
Una propuesta que ya fue impulsada en 2011, aprobada a través de una enmienda incluida por la oposición parlamentaria en contra del criterio del Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, y que desató un conflicto entre fabricantes y concesionarios, al posibilitar la devolución en las mismas condiciones de los vehículos y piezas no vendidos, condición no contemplada en la nueva enmienda, y que el Ejecutivo de Zapatero la suspendió apenas unos días después, condicionando su puesta en marcha a la aprobación de una ley específica para los servicios de distribución comercial.
Ahora, la enmienda registrada por el PDeCAT al proyecto de ley Crea y Crece y a la que ha tenido acceso Europa Press, busca ofrecer garantías a estos establecimientos ante la ausencia de reglas en vigor que obliguen a establecer derechos y obligaciones frente a resoluciones unilaterales del contrato.
Concretamente, la propuesta tiene el objetivo de establecer el derecho a una indemnización por clientela equivalente al margen medio anual obtenido por el establecimiento en los últimos cinco años, entendiendo como margen la remuneración total pagada por el empresario al concesionario, incluyendo cualquier compensación, incentivo o remuneración adicional.
Indemnizaciones reguladas para los concesionarios
Esta indemnización, según la enmienda, no podrá ser en ningún caso inferior al 5% del volumen de ventas anuales del último ejercicio, y a ella se tendrán que sumar las indemnizaciones derivadas por incumplimientos contractuales, inversiones impuestas o pactadas no amortizadas y las indemnizaciones por despido del personal afectado por el cierre.
Asimismo, la propuesta contempla que la extinción del contrato no implica, salvo acuerdo expreso, la extinción de los servicios de posventa, cuya resolución también podrá dar lugar a indemnizaciones por clientela y daños y perjuicios en los mismos términos que los de venta de vehículos.
El presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios españoles, Gerardo Pérez, ha explicado que esta enmienda da respuesta a una reivindicación "histórica" y a una "deuda" que tenía el Congreso de los Diputados con los concesionarios, tras la paralización de la ley en 2011, por lo que ha mostrado su deseo de que reciba el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias.
"Confío en que su aprobación contribuya a encontrar soluciones justas y consensuadas para salvaguardar las inversiones, el empleo y la competitividad de los concesionarios, de las pymes españolas, ayudando a su crecimiento", ha subrayado Pérez en declaraciones a Europa Press. Además, ha señalado que esta enmienda, que será "positiva" para la automoción española, "se hace más necesaria" en el contexto actual, en el que se están produciendo cancelaciones de contratos "sin justificación alguna" y dejando a miles de familias pendientes de una solución.
