La ‘inflación’ de hasta 1.184 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, alcanzará en 2023 un coste de más de 130 millones de euros en plena crisis económica, según se desprende de la información de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio. Desde que Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno en 2018, tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, el ‘staff’ del Estado se ha incrementado en más de un 20% tanto en el gasto como en el número de efectivos.

La existencia de un presidente del Gobierno, tres vicepresidencias y 22 ministerios así como el nombramiento de 28 secretarios de Estado con un ilimitado número también de subsecretarios, secretarios generales o de directores generales, ha generado el mayor aparato del Estado que se conoce desde la instauración democrática. Muchos de ellos son funcionarios, con un sueldo superior al que tenían antes, pero otra gran parte de estos altos cargos han sido elegidos a dedo, es decir, han sido contratados del exterior de la Administración pese a que existe una norma que pretendía evitar esta importación de personal.

El Gobierno del PSOE y Podemos ha abusado de la aplicación esta ley, que permite excepcionalmente esta contratación por causas justificadas. Por ejemplo, más de una treintena de directores generales proceden de fuera de la función pública sin que se conozca el motivo real de su ‘fichaje’ salvo su relación de confianza en detrimento de la profesionalidad del personal funcionario. Es el caso del director general de los Derechos de los Animales, Sergio Antonio García, técnico superior en artes aplicadas a la escultura, o de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstringe, historiadora y politóloga.

El sueldo medio de los altos cargos, entre los que se incluye a los miembros del Gobierno y de las Cortes (diputados y senadores), Defensor del Pueblo y organismos institucionales (no consta los de la Casa Real) es de casi 110.000 euros en una horquilla que va desde los casi 70.000 de un director general hasta los 130.000 euros que pueden percibir algunos secretarios de Estado (los que más cobran de los ministerios) dependiendo del número de trienios (antigüedad) en caso de proceder de la propia Administración.

El desarrollo presupuestario de esta partida está plagado de curiosidades contables. Las cifras aparecen desagregadas e incompletas. Por ejemplo, los gastos genéricos de las remuneraciones de los altos cargos (del Estado, organismos autónomos y del resto de entidades que cuelgan de los ministerios) figuran por un lado mientras que otros costes inherentes a cargo del empleador (como las cotizaciones sociales) o las indemnizaciones por razones de servicio se contabilizan aparte.

De esta forma, los PGE para 2023 contemplan un gasto inicial en altos cargos de 93,8 millones de euros en sueldos (86,8 millones del Estado, más 2,1 millones de los organismos autónomos y 4,9 millones de los demás entes), mientras que el pago de las cotizaciones ‘empresariales’ no figuran en esta partida y que supera los 20 millones de euros ni tampoco las indemnizaciones (un segundo salario que no tiene tributación que, por ejemplo, reciben los diputados y senadores) que va más allá de los 19 millones de euros. En total, el coste real de los altos cargos previsto para 2023 es de más de 130 millones, que es lo que cuestan al contribuyente. Es decir, una cifra es el sueldo bruto que percibe este colectivo y otra lo que realmente cuesta al contribuyente mantener esta amplia cohorte de altos cargos.

Partida creciente

En todo caso, esos 93,8 millones computados oficialmente de gasto en nóminas (sin esos otros costes inherentes al desempeño) superan en casi 16 millones (78,3 millones), es decir, un 20%, el presupuesto que Sánchez tenía en 2018 cuando alcanzó la presidencia del Gobierno. Desde ese año, la partida no ha hecho más que engordar y evidentemente está sobredimensionada. En los primeros años en La Moncloa, como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos, el gasto se incrementó a través de ampliaciones de crédito (en 2021 el aumento fue de casi el 14%).

Respecto a 2022 (90,5 millones) el crecimiento de este gasto es del 3,6%, como consecuencia de una subida del 4% del sueldo para los miembros del Gobierno y de los organismos constitucionales y del 2,5% para el resto (lo mismo que para los funcionarios). Sin embargo, a simple vista se comprueba que las partidas están infradotadas, quizá para simular un menor coste mientras se produce un ‘subidón’ en algunos departamentos.

Es imposible que la masa de estas nóminas suba sólo un 3,6% con ese incremento salarial estimado del 2,5% (que puede llegar al 3,5% si el IPC supera el 6% y el PIB el 5,9%) sobre todo porque no se tienen en cuenta deslizamientos al alza como, por ejemplo, la antigüedad de esos cargos que proceden de la Administración. Y lo que es más evidente: de las 27 secciones de los Presupuestos (de los ministerios y organismos constitucionales) que tienen esta partida, en 17 se mantiene el mismo gasto que en 2022 y en uno baja un 2,2% (Agricultura) aunque curiosamente se mantiene el mismo número de altos cargos (13). Sin embargo, en nueve secciones se dispara este gasto en ‘altas nóminas’: en Ciencia e Innovación se prevé un incremento del 15%; en Presidencia, de casi el 13%; del 12% en Asuntos Económicos; del 8,2% en Inclusión y Seguridad Social; del 6,7% en Transición Ecológica; del 5,7% en Justicia; del 3,7% en las Cortes; del 1,3% en el CGPJ; y del 0,7%, muy por debajo de la media, se encuentra la subida prevista de Interior.

Por secciones, las Cortes es quien más presupuesto tiene para altos cargos (40 millones); le sigue, excluyendo sus organismos, el ministerio de Justica (18 millones); CGPJ (3,1 millones); Presidencia del Gobierno (2,5 millones); Tribunal Constitucional (2,2 millones); Política Territorial (2 millones); Tribunal de Cuentas (1,6 millones); y Hacienda (también 1,6 millones mientras alcanza el doble incluyendo a la Agencia Tributaria). Los departamentos con menos presupuesto para estos sueldos son tres de los gestionados por Podemos: Universidades (402.000 euros incluyendo sus organismos autónomos); Consumo (463.000 euros); e Igualdad (595.000 euros)

En número, los ministerios más los organismos institucionales (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado y CGPJ) sumarán 559 altos cargos en 2023 frente a los 551 de 2022 y los 455 existentes de 2018 cuando llegó Sánchez a La Moncloa. El incremento respecto al 2018 es del 23%. A esta cifra hay que sumar los 350 diputados y 265 senadores más los representantes del Defensor del Pueblo o del Tribunal Constitucional para alcanzar esos casi 1.200 altos cargos del Estado. Respecto a 2022, llama la atención que Sánchez se haya incrementado un 17% el número de altos cargos (de 24 a 28) en su Programa presupuestario mientras que el del conjunto de Presidencia del Gobierno llegue a 37 frente a los 33 en 2022. Algo similar sucede con Asuntos Económicos, de 16 altos cargos en 2021 subirá a 18 en 2023 (un 13% más).

¿Qué ha sucedido desde 2018?

Hay 104 altos cargos más con un aumento del gasto total de los ministerios y de los órganos institucionales de casi 16 millones de euros desde la aprobación de la moción de confianza contra Rajoy y la llegada de Sánchez a La Moncloa. Aunque es difícil homogeneizar los datos porque entonces sólo había 12 ministerios, destaca que el número de componentes del ‘staff’ en el CGPJ ha pasado de 9 en 2018 a los 22 efectivos en 2023 mientras que el presupuesto en sueldos se ha casi triplicado (ha pasado de 1,1 millones a más de 3 millones). Además, en el Programa 912M cuando Rajoy era presidente del Gobierno había 14 altos cargos mientras que Sánchez dispondrá ahora del doble (28); y por ejemplo Transportes (antes Fomento) ha pasado de 15 a 18. En cuanto al presupuesto para esta partida, es llamativo que el de las Cortes y el de Hacienda haya crecido un 12% en estos años de parálisis política y administrativa, mientras que el de Justicia ha aumentado un 13% y un 24% el de Exteriores.

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