Pedro Sánchez se comprometió por escrito ante Bruselas a aprobar una reforma laboral que no ponga "obstáculos desproporcionados para las empresas". La promesa figura en uno de los documentos que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea con el Plan de Recuperación, pero que no ha sido difundido en España.
El comunicado que lanzó Moncloa este martes, tras la reunión que presidió Sánchez para cerrar la crisis en la coalición, incluía la palabra fetiche “derogación” de la reforma laboral. El objetivo: tranquilizar a Podemos y al resto de socios de investidura; en primer lugar, a Bildu, que ya firmó un polémico pacto con el Grupo Socialista en la primavera de 2020 en el que se acordaba la “derogación” de la reforma del PP.
Pues bien, más allá del “compromiso” con la “derogación de la reforma laboral de 2012”, una lectura atenta del comunicado muestra que la ambigüedad de Sánchez se mantiene intacta, en un texto que contiene todas las versiones del presidente del Gobierno en un intento de contentar a todos. De hecho, este mismo fin de semana en la cumbre del G-20 en Roma, el presidente no ha hablado de derogación sino de “reconstruir algunas cosas”. Así, la nota de la Secretaría de Estado de Comunicación dice que “el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea”.
Es decir, que el Ejecutivo plantea que va a hacer las dos cosas a la vez: una derogación en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación. El problema es que la “derogación” sólo se plantea en el acuerdo que Sánchez firmó con Pablo Iglesias.
“Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, reza el pacto de coalición. A lo que añade: “Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”.
Sin embargo, el Plan de Recuperación remitido a Bruselas no se presenta en estos términos y sólo enumera una serie de fichas con las reformas del mercado de trabajo que se quieren acometer: simplificación de contratos, “una adecuada regulación del contrato temporal” o la regulación de los ERTE que sustituirán a los de la pandemia. Y sobre los asuntos más espinosos -la ultraactividad de los convenios y la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa- el texto remitido a la Comisión Europea no habla de derogar, acabar o priorizar sino de “abordar aspectos tales como la ultra-actividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo”. Es decir, se trata de planteamientos más generales y ambiguos, en los que se ofrece abordar el asunto pero no con una resolución final clara y acotada.
Hay más textos que Moncloa ha enviado a la Comisión y no ha hecho públicos, pero que están en el Consejo y Boletín Oficial de las Instituciones Europeas
Hasta aquí, lo que el Gobierno ha publicado en España sobre la información remitida a Bruselas. Sin embargo, hay más textos que Moncloa ha enviado a la Comisión y no ha hecho públicos pero que están en el Consejo y Boletín Oficial de las Instituciones Europeas. Es en esta comunicación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde se traslada que “los cambios no darán lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”. Así, se tranquiliza a Bruselas respecto a la “modernización de la negociación colectiva”, sobre la que se dice que se quiere “mejorar su funcionamiento tras un proceso de diálogo social”.
“La modernización de la negociación colectiva incorporará cambios en la propia estructura de negociación, reforzando la representatividad de las partes negociadoras, enriqueciendo sus contenidos y aumentando la seguridad jurídica en su aplicación y en sus efectos”, se detalla. Es decir, lejos de nuevo de las “derogación” del acuerdo entre socialistas y 'podemitas', y con mayor vaguedad que el Plan de Recuperación hecho público en España. A lo que se añade la apostilla de que no se obstaculizará la flexibilidad empresarial.
Estos contenidos se sitúan en la línea de las recomendaciones de Bruselas a España en el semestre Europeo y de cara al plan de Recuperación. En su informe más reciente, subraya “la necesidad de preservar los elementos de la reforma laboral de 2012-3 que son reconocidos por haber jugado un papel importante en incentivar una recuperación económica rica en creación de empleo que empezó en 2014”. Y para asegurarse de que así sea, Bruselas exige a España un informe ex ante en el que se diga qué se quiere reformar del marco laboral y por qué en lo relativo a la negociación colectiva.
En este sentido, destaca: “se espera que el diseño de la reforma apoye la competitividad y la creación de empleo, sobre todo, asegurando que las empresas se pueden adaptar rápidamente a los cambios económicos y de que los salarios son flexibles para adaptarse a los incremento de productividad en el medio plazo”.
CEOE, cauta ante un comunicado político
La presencia del término “derogación” en el comunicado podría haber llevado a CEOE a responder de forma tajante, algo habitual en los últimos tiempos en lo que respecta a los planes que el Gobierno dice en España que tiene sobre la reforma laboral. Pues bien, no ha habido tal. La patronal declina “hacer valoraciones de tipo político de un acuerdo que es entre los dos partidos del Gobierno. Además todavía no conocemos el detalle de lo que planean modificar, así que habrá que esperar a lo que planteen mañana en la mesa de reforma laboral”. A la espera de la reunión técnica de hoy.
Bruselas es clara sobre la obligación de que esta reforma se haga con el consenso de los agentes sociales. El comunicado de Moncloa es de nuevo ambiguo; se habla de un deseo pero no de una obligación: “El Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado. Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera […] El objetivo del Gobierno es construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que acompañe el proceso de modernización de la economía gracias a los fondos europeos, a través del diálogo social”.
De esta forma, se destaca el papel del diálogo social que se quiere fomentar, pero no se dice que sea una condición sine qua non de la reforma, lo que permitiría que se haga sin el aval de CEOE, como ya ha dicho Yolanda Díaz. Sin embargo, el Consejo Europeo es advierte de que “todas las reformas deben completarse con pleno respeto al diálogo social”.
