El 13 de enero de 2020, el destino puso a José Luis Escrivá en el lugar más oportuno en un momento poco adecuado. Con un currículum consistente, el economista albaceteño cogía el timón de la Seguridad Social convencido de la necesidad de transformar el sistema de pensiones. Pedro Sánchez le daba la oportunidad de convertir la teoría en práctica nombrándole ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Era imposible presagiar aquel enero que, en cuestión de dos meses, una pandemia haría temblar la economía y complicaría una realidad que ya se antojaba dificultosa: gobernar en coalición con Unidas Podemos.
A Escrivá le toca sufrirlo, una vez más, en los próximos ocho días. Es el margen que le queda para presentar un acuerdo concreto sobre la reforma de la jubilación. A estas alturas, el ministro, curtido en negociaciones duras como los ERTE o la revalorización de las pensiones, ya tiene la sensación de jugar siempre en campo ajeno. Al otro lado del Hemiciclo le espera el PP de Pablo Casado, con una actitud más destructiva que constructiva a la hora de buscar pactos. Y, de puertas adentro, el gran riesgo para sellar una reforma compacta está focalizado en el Consejo de Ministros.
La enfermedad crónica del sistema español de pensiones sólo puede tratarse con dos antídotos: un recorte drástico del gasto o un incremento importante de los ingresos. La primera opción es una línea roja para el Gobierno -sobre todo en el ala morada-, ya que implica sacrificios para los ciudadanos, que a su vez son potenciales votantes. La segunda opción es más digerible para las filas de Yolanda Díaz, eso sí, siempre que la mayor factura la asuman los empresarios.
Escrivá es consciente de los polos opuestos que conviven cada martes en el Consejo de Ministros. Pero también de que la Seguridad Social requiere cambios profundos en vez de parches. Basta con repasar la hemeroteca para comprobar qué pensaba antes de estrenar la cartera ministerial. Por ejemplo, en septiembre de 2016, cuando presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), pedía a políticos y agentes sociales "humildad, a la hora de evaluar el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social a partir de la próxima década", dada la "gran incertidumbre al proyectar ingresos y gastos a medio y largo plazo".
Según la Airef, el gasto en pensiones aumentará 3,3 puntos del PIB de aquí a 2050. “Actualmente, hay cuatro personas en edad de trabajar por cada una mayor de 66 años. En tres décadas, habrá sólo dos. Mientras no se adopten medidas que contengan eficazmente el crecimiento del gasto en pensiones, se traslada su carga a los jóvenes y aumenta el riesgo de romper el contrato entre generaciones”, añaden desde BBVA Research.
La enfermedad crónica del sistema español de pensiones sólo puede tratarse con dos antídotos: un recorte drástico del gasto o un incremento importante de los ingresos
Las grandes cifras de los últimos Presupuestos Generales del Estado dan una idea de la factura. Las pensiones representan el 37,3% del gasto total del Estado en 2022 y el 69% del gasto social (171.165 millones). "A largo plazo, en el contexto de envejecimiento de la población española", recuerdan desde el Círculo de Empresarios, es "imprescindible y urgente acometer una reforma del sistema que garantice su sostenibilidad".
La gravedad del problema y la complejidad de las posibles soluciones llevó a Escrivá a trocear la reforma de las pensiones en dos tramos. Dejó para el principio la parte menos difícil (el modo de revalorización), en un intento de sentar una buena base para la dura negociación que vendría después (los ajustes en las pensiones futuras). Escrivá logró la foto deseada el 1 de julio: Antonio Garamendi (CEOE), Gerardo Cueva (Cepyme), Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) firmaron junto a Pedro Sánchez un primer pacto en el Palacio de La Moncloa.
El acuerdo ligaba al IPC la nómina de los pensionistas y eliminaba el Factor de Sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ambas decisiones sirvieron al presidente del Gobierno para colgarse una medalla ante Bruselas. Sin embargo, añaden más presión si cabe a la negociación del segundo tramo, la que se está desarrollando estos días.
Por un lado, la indexación de las pensiones al IPC provoca un aumento del gasto estructural para un sistema ya asfixiado. De aquí a 2023, la revalorización tendrá un coste cercano a los 11.000 millones, según los cálculos de Funcas. "Es fácilmente entendible que se quiera mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero no se debería haber hecho sin encontrar una fuente de financiación estable para los grandes desembolsos que se espera que suponga la revalorización con ellos IPC", señalan desde el Instituto Santalucía.
Sus analistas recuerdan la necesidad de replantear la "generosidad" del sistema con los beneficiarios, teniendo en cuenta que los ingresos de la Seguridad Social no bastan para atajar un gasto en ascenso continuo. El Instituto Santalucía recuerda que "la pensión media por pensionista se sitúa en junio de 2021 en 1.139,25 euros, casi un 25% más que en junio de 2012, mientras que el IPC ha aumentado tan sólo un 8,2%". La explicación es sencilla: las pensiones que se dan de alta son superiores a las que causan baja.
Es fácilmente entendible que se quiera mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero no se debería haber hecho sin encontrar una fuente de financiación estable"
Por otro lado, la supresión del polémico Factor de Sostenibilidad -que vinculaba la pensión a la esperanza de vida y afectaba, por tanto, a los futuros beneficiarios de forma indefinida- obliga a buscar otra vía de reducir costes. Escrivá apuesta por captar ingresos elevando las cotizaciones de manera temporal (un 0,5 puntos durante 10 años desde 2023) e impulsando un nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que se activará siempre que el sistema se desequilibre. Este instrumento, cuya fórmula se desconoce aún, meterá la tijera mayormente a los pensionistas de la generación del 'baby boom', la más costosa por el volumen de beneficiarios y por las carreras de cotización acumuladas.
En el entorno del ministro se da por hecho que habrá "escenificación política", en el Parlamento y dentro del propio Gobierno. Sin embargo, hay esperanza en la reedición de la foto del 1 de julio. La estrategia del Ejecutivo es clara: se trata de concentrar al máximo las fuerzas en el diálogo con los agentes sociales. Escrivá avanzó parte de sus planes al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, hace unos días en Madrid, con "buena recepción" por parte del italiano, aseguran fuentes gubernamentales.
Esa información está ahora encima de la mesa de negociación, a la que se sientan los técnicos del Ministerio, las patronales y los sindicatos. "Las reuniones técnicas funcionan de forma más profesional de lo que se imagina. Se analizan muchos datos y planteamientos, intentando aislarse del ruido político y mediático", añaden fuentes del diálogo social.
Hay esperanza en la reedición de la foto del 1 de julio. La estrategia del Ejecutivo es clara: se trata de concentrar al máximo las fuerzas en el diálogo con los agentes sociales y lograr el apoyo de CEOE
El gran objetivo es lograr el apoyo de CEOE. Un 'sí' de Garamendi allanaría el camino para que Escrivá logre la 'bendición' de Unidas Podemos a un acuerdo en el que todas las partes hagan cesiones. Este escenario implicaría que los empresarios no asuman toda la factura del aumento de cotizaciones y que los 'babyboomers' asuman sacrificios.
El problema -para Escrivá- son las líneas rojas que pueda trazar CEOE. Garamendi ha marcado las suyas propias, tanto en la reforma de las pensiones como en la laboral. Sin embargo, hay líderes dentro de la patronal que están reclamando mano más dura contra Sánchez. Fuentes próximas a la negociación aseguran que Garamendi es partidario de mantener su "política de reducción de daños". Es decir, tragar algún sapo más de lo habitual en las negociaciones, dada la "complejidad" de la coalición de gobierno y la "situación comprometida con los fondos europeos". A ningún empresario, y menos a Garamendi, se le escapa que las reformas son necesarias para que Bruselas mantenga abierto el grifo de las ayudas.
Frente al presidente de CEOE se alzan las voces de patronales más críticas, como Cepyme y, sobre todo, CEIM. La organización madrileña, liderada por Miguel Garrido, ha endurecido su posicionamiento contra el Ejecutivo, después de los desaires del presidente -ni contesta a sus cartas- y de los 'ataques' continuos a la Comunidad de Madrid (el propio Sánchez ha puesto sobre la mesa la necesidad de reducir los privilegios de la capital).
Garamendi es partidario de mantener su "política de reducción de daños". Pero cada vez se alzan más voces en la patronal contra el Gobierno, con la patronal madrileña a la cabeza
Con las aguas políticas revueltas y la presión de los socios europeos encima, el ministro de Inclusión se expone a la amenaza de sacar adelante una reforma menos profunda de lo que desea. "Es poco probable que la aprobación de un futuro Mecanismo de Equidad Intergeneracional y los cambios propuestos en la jubilación anticipada y demorada sean capaces de compensar una parte significativa del mayor déficit previsto", advierte BBVA Research.
El reto de Escrivá es mayúsculo, pero en su equipo se ve el futuro con moderado optimismo. No en vano, el acuerdo del verano es uno de los grandes tantos que se ha anotado hasta ahora el Gobierno. "El desempeño y las actuaciones de los agentes económicos, los responsables de política económica y los ámbitos democráticos de decisión van a ser cruciales para que la incertidumbre existente se reduzca", aseguraba Escrivá el 8 de febrero de 2017 en el Parlamento, cuando era presidente de la AIReF.
Cuatro años y medio después, quienes deben decidir el futuro de las pensiones son los mismos. Lo que cambiado, sin embargo, es el panorama. A peor. La brecha inmensa que separa al PSOE del PP convierte en quimera cualquier posibilidad de consenso. A estas alturas, la gran amenaza para Escrivá no es tanto que su reforma de las pensiones nazca descafeinada, sino que Casado la fulmine si llega al poder en 2023.
