La posibilidad de que se regulen los precios del mercado del alquiler ha sido la cuestión sobre vivienda que más polémica ha generado durante el periodo preelectoral. Sin embargo, sólo Unidas Podemos lo recoge en su programa electoral de cara al próximo 10 de noviembre.
El barómetro del CIS llegó a reflejar que un 38% de los españoles defiende la implantación de medidas dirigidas a limitar por ley los precios del alquiler para facilitar el acceso de la población a la vivienda. Los españoles dedican el doble de renta que la media europea a los alquileres, siendo España es el sexto país por la cola de la UE en edad de emancipación de los jóvenes: 29 años.
Fondos de inversión y diversas asociaciones han advertido frente a la posibilidad de que se llegue a intervenir el precio del mercado del alquiler.
Los españoles dedican el doble de renta que la media europea a los alquileres
La Agencia Negociadora del Alquiler ha acusado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de "querer intervenir en el mercado de alquiler, que en un 95% es un mercado entre particulares, para solucionar el ámbito de lo público". La inmobiliaria Pryconsa ha advertido hace pocos días a sus inversores de que el "actual contexto socio-político" hace "cada vez más probable" que se implanten normativas limitadoras del precio del alquiler, que tendrán un "efecto negativo" en este negocio.
El Gobierno del PSOE también ha sido criticado por fondos de inversión por el Real Decreto-ley de medidas urgentes del mercado del alquiler. Blackstone, que en los últimos cinco años ha invertido más de 20.000 millones de euros en el sector inmobiliario español, advirtió este año que el decreto del alquiler, que amplía hasta siete años el periodo de permanencia del inquilino en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, es discriminatorio y que incrementaría los precios.
Vox defiende la liberalización del suelo, como hizo el Gobierno de José María Aznar
La Asociación de Promotores Constructores de España (Apce) defiende que hoy en España "hay demanda para un millón y medio de viviendas nuevas de aquí a 2030" y ha llegado a plantear la posibilidad de que el nuevo Gobierno siga los pasos de Portugal, donde se aplica una política que combina incentivos fiscales para determinados precios y ayudas de hasta un 70% de la renta a los jóvenes, denunciando además que la inversión publica en la materia es "insuficiente".
PSOE y PP, de acuerdo en ayudas
En su programa para las elecciones del próximo 10 de noviembre, el PSOE incluye la elaboración de una "nueva ley de vivienda", la creación "de un gran parque de alquiler asequible", y la aplicación de "medidas específicas para atender las necesidades habitacionales más urgentes".
El partido liderado por Pedro Sánchez no incluye en su programa ninguna alusión a la posibilidad de limitar los precios del alquiler, una medida requerida por Unidas Podemos para formar Gobierno.
Unidas Podemos, que apuesta por un control estatal del mercado y de los precios, y defiende como medida para aumentar el parque público de viviendas la creación de la figura de la "cesión obligatoria", algo que puede ser entendido como un guiño a potenciales expropiaciones, haciendo especial énfasis en los grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos de inversión.
Unidas Podemos propone la creación de la "cesión obligatoria", medida que parece abrir la puerta a expropiaciones forzosas
El Partido Popular coincide con el PSOE en la necesidad de incrementar las ayudas a los jóvenes para acceder al alquiler, y en la necesidad de sacar suelo público al mercado privado.
Los populares entienden que la normativa de Sánchez ha perjudicado en exceso a los propietarios, y proponen una batería de bonificaciones fiscales, como del IBI, para los arrendadores, como así también el desarrollo seguros de arrendamiento frente a impagos y daños. El partido de Pablo Casado defiende abiertamente flexibilizar las autorizaciones administrativas para la construcción.
Desde Ciudadanos prometen incrementar el parque de viviendas sociales para el alquiler y supeditar una nueva línea de desgravaciones fiscales a los arrendatarios a un índice de precios prefijado, al tiempo que proponen agilizar los trámites administrativos para la rehabilitación y construcción de obra nueva como así también reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler.
Vox defiende la abierta liberalización del suelo, con la que ya experimentó el Gobierno de José María Aznar, y la libre contratación del alquiler, el fomento de las Socimis y la agilización de los procesos de desahucio.
