Pedro Sánchez sigue adelante en su afán por aprobar el impuesto digital, también llamado Tasa Google, por el cual se gravará a los llamados GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple).
Las previsiones del Gobierno español estiman una recaudación de 1.200 millones de euros, mientras la Comisión Europea calcula la recogida de 5.000 millones en toda la UE (Unión Europea), tal y como recoge un informe elaborado por la consultora PwC, Ametic (Asociación de Empresas de Electrónica) y Adigital (Asociación Española de la Economía Digital).
Esto supone que casi uno de cuatro euros de lo recaudado por los 28 Estados miembros se depositará en las arcas del Ejecutivo de Sánchez. El Gobierno ha planteado un impuesto digital muy duro respecto a lo que plantea la UE, como veremos más adelante.
La UE ha retrasado la aplicación del impuesto a 2020 debido al escaso consenso entre los Estados miembros. Pese a esto, España pretende aprobar la tasa cuanto antes
La valoración recaudatoria de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es sin embargo más contenida respecto al vaticinio del Gobierno. Sitúa el montante recaudado en una horquilla que va de los 546 a los 968 millones de euros anuales.
España se desmarca de la UE
Si se realiza una media el resultante serían unos 750 millones de euros. España se llevaría en este caso una sexta parte de todo lo recaudado en Europa.
No sólo serán gravadas las grandes tecnológicas. Aquellas empresas dedicadas a servicios de publicidad online y de intermediación, o que obtengan beneficio de los datos de los usuarios tendrán que pasar por caja, siempre que facturen 750 millones de euros a escala global o 3 millones en el ámbito local -país-.
La UE plantea que las empresas con más de 50 millones de facturación a escala local paguen la Tasa Google. El Gobierno español ha rebajado la cifra a unos ingresos de 3 millones
La UE ha retrasado la aplicación del impuesto a 2020 -la trasposición debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2019- debido al escaso consenso entre los Estados miembros. Pese a esto, España pretende aprobar la tasa cuanto antes.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha endurecido además las condiciones del impuesto respecto a la propuesta de Europa. La UE plantea que las empresas con más de 50 millones de facturación a escala local estén obligadas a abonarlo. El Gobierno español ha rebajado la cifra a los 3 millones de euros anuales.
Europa tampoco pretende gravar las operaciones dentro de una misma organización. Es decir, las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas entre entidades de un mismo grupo en un mismo país. Sánchez las gravará. Su base imponible será el valor de mercado.
