Una factura de 6.200 millones por los impuestos a banca y energéticas y de más de 9.000 si se añade el de grandes fortunas, incluidos sus respectivos intereses de demora, es la que deja el Gobierno de Pedro Sánchez a la próxima legislatura. Entidades financieras y eléctricas y petroleras han abierto la veda tras ser las primeras en pagar y ya han presentado una catarata de recursos ante la Audiencia Nacional, a la vez que pretenden agotar otras vías. Se prevé que todos los contribuyentes impugnen, un fenómeno curioso facilitado por dirigirse estas figuras a una lista cerrada de entidades que suman dos docenas. También se espera que lo hagan los 23.000 afectados por grandes fortunas. De fondo, la catarata de problemas de forma y fondo que arrastran estos tributos, que llevan a vaticinar a los juristas su anulación.

Las energéticas afectadas por el gravamen temporal han presentado sus recursos contra la medida después de realizar el primer pago. Según explican a Vozpópuli, es indiscutible que el impuestazo es, sobre todo, discriminatorio y los precedentes en este tipo de contiendas legales con medidas que discriminan a unas empresas frente a otras son desfavorables al Estado. 

"Es arbitrario y discriminatorio", ha explicado Gerardo Codes, director de Servicios Jurídicos de Iberdrola, a los analistas del mercado. "No esperamos ningún avance sobre este recurso a lo largo de 2023, aunque sí estimamos que habrá alguna novedad a lo largo del año que viene", añadía el abogado.

Es decir, las empresas no tienen ninguna duda que van a ganar en su recurso. Sin ir más lejos, recuerdan que en 2022 se tumbó la financiación del bono social por ser "discriminatoria". Y esa es la vía que van a atacar desde las empresas para poder recuperar los 3.400 millones que van a entregar en estos dos años a las arcas públicas. 

Este argumento también lo esgrime la banca, que ha visto como finalmente se excluía a la extranjera del impuesto.

El impuesto a las energéticas ha recaudado 817,4 millones y el de la banca, 637,1 millones, un total de 1.454,5 millones en el primer pago anticipado del 50%, que estaba previsto que se realizara entre el 1 y el 20 de febrero, finalmente se retrasó al 4 de febrero por las dilaciones en el trámite de consulta al Consejo de Estado.

La declaración de los impuestos se realizará en septiembre de 2023 y 2024. 

Vías para atacar los ‘impuestazos’

Antonio Bañón, director de Derecho Público de Squire Patton Boggs, apunta que existen dos vías de recurso de estos gravámenes. La primera, que ya han iniciado las patronales AEB, Ceca y Aelec, e incluso de forma individual entidades como Repsol, Iberdrola, Endesa, Kutxabank, Bankinter y Sabadell es el recurso judicial ante la Audiencia Nacional frente a la propia orden que aprueba el modelo.

"En función de los términos en los que se pronuncie la Audiencia, de estos recursos podría llegarse a tener que devolver el gravamen ingresado durante este tiempo. No obstante, la sentencia puede demorarse fácilmente un par de años. Si la Audiencia desestima el recurso, su decisión podría recurrirse ante el Tribunal Supremo. Si se plantean en estos recursos cuestiones de inconstitucionalidad, podrá plantearse un incidente ante el Tribunal Constitucional retrasando un pronunciamiento definitivo", comenta Antonio Bañon

La segunda vía de recurso de estos gravámenes (y sus pagos anticipados) será larga, según explica el abogado. Tendrán que comenzar, en vía administrativa, solicitando la devolución de ingresos indebidos, que previsiblemente será desestimada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. 

La decisión deberá ser recurrida ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. En caso de que éste también deniegue la reclamación, los sujetos obligados deberá recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional y posteriormente ante el TS. De nuevo, si se plantean cuestiones de inconstitucionalidad, podrá plantearse un incidente ante el TC, lo que aumentaría todavía más estos tiempos.

"Es decir, las primeras decisiones judiciales de la Audiencia Nacional las conoceremos previsiblemente a finales de 2024 en el caso de los recursos directos contra la orden y no antes de cuatro años en el caso de solicitudes de devolución de ingresos indebidos. Si finalmente tienen que devolverse las cantidades ingresadas por los sujetos obligados, el interés de demora anual que deberá pagar la Administración (recordemos, en definitiva, todos los españoles) es del 4.0625%, y que podría incluso incrementarse en próximos años", señala el director de derecho público de Squire Patton Boggs.

A esto se añade el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tras la denuncia ante la Comisión Europea, por infringir el Derecho de la UE, lo que apunta el informe del Banco Central Europeo (BCE) crítico con el impuesto a la banca. Como avanzó Vozpópuli, la Comisión Europea se dispone a analizar si los impuestos a banca y energéticas vulneran el Derecho de la UE. La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera ha admitido una denuncia en este sentido. Si prospera y el Gobierno de Pedro Sánchez no modifica o suprime los impuestos, el caso llegará al TJUE.

A todo esto se suma el impuesto a grandes fortunas que desarrolla la misma ley, cuyo Modelo 718 de declaración está ahora en audiencia pública, y que se declarará entre el 1 y el 31 de julio. La Comunidad de Madrid y Andalucía ya lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC).