“La Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración, para la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas anteriormente referidas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante ha adoptado la decisión de poner a los administradores y empleados de la Sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera facilitar la finalización de la investigación en curso”, explica en su comunicado.
La energética explica ha justificado en 12 puntos los motivos que le han llevado a ofrecer la declaración de su presidente y sus directivos. "Estas constantes sospechas afectan al buen nombre y reputación", comenta en uno de los apartados. "En este sentido, no es baladí recordar que Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas española del Ibex 35, y que las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado", añade.
Iberdrola considera que las declaraciones e informaciones que les han relacionado con el excomisario son "ajenas a los intereses de la Justicia" y se han dirigido a "propagar sospechas" sobre la energética, sus directivos y administradores. "Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos ex directivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia compañía", declaran en su comunicado remitido a la CNMV.
"Un desgaste reputacional"
El primer punto del comunicado habla del castigo reputacional a la marca. "Iberdrola, en relación con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, lleva sufriendo, concretamente desde 2018, un significativo desgaste reputacional", declara su comunicado. "Desde el primer momento y de manera continua hasta ahora, el Consejo de Administración y sus Comisiones han actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales", amplía.
Iberdrola defiende que se produjo la primera noticia en prensa, en mayo de 2018, su Unidad de Cumplimiento identificó diecisiete facturas abonadas por Iberdrola e Iberdrola Renovables Energía a Cenyt, empresa vinculada con el "señor Villarejo".
"La dirección de Auditoría Interna realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente", informan desde la energética.
