En los últimos meses, algunos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) están recibiendo cartas de la Seguridad Social en las que se les reclama la devolución de todo o parte del dinero cobrado "indebidamente". Sin embargo, el Gobierno ha decidido 'perdonar' esta deuda a determinados hogares. Es una de las medidas incluidas en el último Real Decreto-ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania aprobado este martes y publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ley que regula el Ingreso Mínimo Vital establece que el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio los actos relativos a la prestación. "Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas", reza el documento.

Sin embargo, ante el impacto más intenso que las consecuencias de la invasión de Ucrania está teniendo sobre los hogares más vulnerables, se ha aprobado una adición en la ley del IMV que, en materia de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, permite no exigir las cantidades que no superen el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas y siempre y cuando la unidad de convivencia tenga, al menos, un menor de edad.

"No serán exigibles las cantidades que no superen el 65 por ciento de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, cuando en la unidad de convivencia se integre, al menos, un beneficiario menor de edad", establece el nuevo real decreto-ley.

El documento no detalla exactamente la cuantía máxima que estaría exenta de devolverse pero, teniendo en cuenta la referencia del 65% de las pensiones no contributivas, desde el Ministerio de Inclusión apuntan que previsiblemente estará entre los 297 y 315 euros, en función de si se tiene en cuenta la revalorización del 15% en estas pensiones aplicada en julio o la del 8,5% que está en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Medidas para los más vulnerables

El Gobierno justifica esta medida en que "la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital, especialmente de las unidades familiares con menores, requiere de la adopción de medidas con la mayor urgencia posible para evitar el daño derivado del reintegro inmediato de cantidades indebidamente percibidas", defiende el Gobierno.

"En el supuesto que se regula, no hacerlo supondría que la unidad de convivencia tenga que devolver, mediante la aplicación de descuentos sobre las sucesivas mensualidades de la prestación de ingreso mínimo vital, o mediante las otras modalidades reguladas en los procedimientos general y especial de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, importes muy reducidos, lo que, lejos de paliar su situación, implicaría una reducción tal de la cuantía total mensual del ingreso mínimo que haría que la situación de especial protección se agravase, colocando al menor en una situación de precariedad mayor que la que se pretende evitar mediante el reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital", añade.

Esta medida se añade a otras adoptadas en el real decreto-ley para proteger a los colectivos más afectados por la inflación, como el cheque de 200 euros con el que compensar a las familias vulnerables (con ingresos inferiores a 27.000 euros), la bonificación de los carburantes solo para sectores como el transporte o la agricultura, o el mantenimiento de la subida del 15% en las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, que ha estado en vigor entre julio y diciembre. Esta subida seguirá vigente durante todo 2023, según consta en el nuevo real decreto-ley.

El Ingreso Mínimo Vital

Esta ayuda enfocada a aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica, que se aprobó en mayo de 2020, beneficia en la actualidad a "más de medio millón de hogares de los que forman parte 1,5 millones de personas", según Seguridad Social. El objetivo inicial marcado por Escrivá fue que llegara a unas 850.000 familias y a 2,3 millones de personas. Posteriormente, el objetivo se rebajó a unos 650.000 hogares.

El Gobierno asume que aún tiene por delante el reto de llevar esta renta mensual a cerca de 140.000 familias que podrían beneficiarse de ella y no lo hacen. Con este objetivo, y entendiendo que el 25% de los candidatos a optar por esta ayuda no la conoce, el Gobierno puso en marcha un autobús que recorriera España en busca de potenciales beneficiarios.

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