Sanidad ha lanzado una nueva compra masiva de material sanitario tras las quejas de varias comunidades autónomas, que ahora sí se han sumado al acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones. Se trata de un concurso de suministro de 2.131 millones de euros (2.578 millones con impuestos) que se ejecutará durante un año.
Así, el departamento que dirige Salvador Illa suspendió el contrato anterior hace escasos días después de las protestas protagonizadas por Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana, que solicitaron ser incluidas en el concurso "al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir", explicó entonces Sanidad.
Con el nuevo contrato sobre la mesa, el plazo para presentar solicitudes se alargará hasta el próximo 17 de agosto, quince días más tarde de lo previsto en la compra anterior.
Asimismo, el plazo de duración del acuerdo marco será de un año desde la fecha de su
formalización, y podrá prorrogarse expresamente antes de su vencimiento, por un plazo máximo de un año, "siempre que se mantengan las circunstancias de emergencia que motivan esta actuación", explica Sanidad.
Además de las comunidades, recibirán material el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
3.700 millones de unidades
El contrato se divide en 11 lotes con 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción.
A algunos de los candidatos que optan a los 11 lotes se les exigía presentar sus credenciales antes del 31 de julio. "La tramitación es de emergencia por lo que los plazos se acortan dado que el objetivo es que, una parte importante del material adjudicado, esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre", explican desde el Ministerio de Sanidad.
El objetivo, según define el propio equipo que lidera Salvador Illa, es contar "con una reserva estratégica de estos productos para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19". El Ministerio de Sanidad gastó durante el estado de alarma cerca de mil millones de euros en material sanitario en más de un centenar de contratos.
