Banco Santander sigue librando su particular batalla contra AXA en los juzgados británicos. La aseguradora reclama al grupo español 700 millones de euros por un litigio relacionado con seguros de protección de pagos (PPI) para los que apenas ha provisionado 85 millones.
Estas últimas semanas, los representantes legales del banco han defendido su postura alegando que los acuerdos con la aseguradora eran falsos y que deberían de no tenerse en cuenta. Por su parte, Axa aseguró que las subsidiarias de ambas compañías habían llegado a un acuerdo de liquidación por el cual el Santander acordó aceptar su responsabilidad. Hecho que el banco presidido por Ana Botín ha negado en rotundo.
En julio de 2017, el Santander en Reino Unido le comunicó a Axa que sus filiales no aceptaban responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas PPI contratadas durante el periodo anterior a 2005.
No obstante, las partes firmaron un acuerdo en el que el Santander aceptaba tramitar las reclamaciones en nombre de Axa y esta aceptó pagar las indemnizaciones a los tomadores de las pólizas. El acuerdo incluía una moratoria (standstill agreement).
Tras la terminación de dicho acuerdo, el 30 de diciembre de 2020 Axa France comunicó a las filiales la finalización de la moratoria y requirió el reembolso por las pérdidas derivadas de PPI antes de 2005, cuyo importe se estima en 631 millones de libras (706 millones de euros).
Santander y un conflicto heredado
Este es un conflicto que ha heredado el Banco Santander y en el que también está implicado el grupo estadounidense Genworth Financiak, al que la entidad española compró el negocio de tarjetas en 2008.
El número de reclamaciones acumuladas desde el inicio del proceso, hasta el 31 de diciembre de 2020, asciende a 4,6 millones, independientemente de la probabilidad de que Santander UK incurra en responsabilidad, señala la propia entidad en su informe anual.
El banco decidió reducir sus provisiones por este pleito en 2020 hasta los 85 millones, un 60% menos que en 2019, año en el que la entidad que preside Ana Botín tenía reservado para este conflicto 222 millones de euros.
