Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicavs) se anticipan ya al cambio normativo que está preparando el Gobierno para evitar que en ellas haya un único accionista mayoritario con todo el capital y al menos 99 accionistas sin apenas participación, obligando a estos últimos a tener un capital mínimo de 2.500 euros para poder seguir tributando al 1% y no al 25% en Sociedades, como planea Hacienda.
Según ha podido saber Vozpópuli, las entidades han empezado a cruzar participaciones de sus sicav, para permitir que todas ellas tengan esa cantidad en acciones de las demás, de forma que cuando entre en vigor el cambio su situación ya esté en regla y puedan sortear a la Inspección.
Fuentes de bufetes de abogados especializados en derecho fiscal apuntan a este medio que las sicavs confían en que la modificación no opere de forma retroactiva y sólo afecte a las de nueva creación. Aún así, si fuera de aplicación para todas, esperan que haya un periodo transitorio en el que puedan adaptarse. "Esta solución de cruzar participaciones podría no servirle a Hacienda, pero hecha la ley (que es algo absurda), hecha la trampa (que también lo es)", admite el socio de un despacho que prefiere no identificarse.
De una forma más exacta, la fórmula escogida es hacer que al menos 100 sean partícipes entre sí, de esta forma, con sólo una inversión de 250.000 euros (2.500 por cada vehículo) se puede seguir tributando al 1%.
Esta estrategia, explican fuentes del sector de fondos de inversión, sólo está al alcance de los grandes gestores: Banco Santander, BBVA, Bankinter, Banca March, Credit Suisse, UBS, Banco Sabadell y Caixabank. No obstante, el resto de grupos ya se están planteando retroalimentarse entre ellos a través de acuerdos.
Miguel Ángel Sánchez, socio del área fiscal de Hogan Lovells, señala a este medio que muchos de esos bancos ya empezaron a hacer estos movimientos cuando el Gobierno llegó a Moncloa. "Los bancos empezaron a hacer estos cambios hace un año y a día de hoy siguen, es un proceso que necesita tiempo y que se activó tras las primeras elecciones. Aún así, se prevé que cuando se apruebe, el Ministerio dé un periodo transitorio que permita a las sicavs adaptarse", apunta.
El fin del mariachi
El Gobierno pretende terminar con la figura del 'mariachi' con esta medida. Son inversores ficticios que utilizan las grandes fortunas y grupos familiares para poder tributar con las ventajas de este vehículo. La norma actual sólo exige un mínimo de 100 partícipes y un capital de al menos 2,4 millones de euros.
Son dos condiciones que en muchas ocasiones no se cumplen y que la mayoría se encuentra en el limbo. De hecho, el 72% del total de las sicavs de este país se mueve entre los 100 y los 150 inversores. La última gran inspección tuvo lugar en 2006 y en las pasadas elecciones el tema se reflejó en todos los programas políticos de los partidos.
El atractivo de estas sociedades se encuentra en su baja fiscalidad, ya que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades. Además, las sicavs pueden diferir el pago de impuestos cuando el capital se mantiene dentro de la misma sociedad.
Cuando el retorno genera plusvalía pasa por Hacienda y ahí tributa como una acción, entre el 19% y 23%. No obstante, también se pueden esquivar este trámite si se hacen transferencias de pequeñas cantidades. Ante estas artimañas es natural que en política se use como reclamo mediático y se vuelve un problema para las gestoras que utilizan este vehículo correctamente y ven cómo se daña la reputación por este motivo.
Desde comienzo de 2018 estos vehículos de inversión han perdido 4.900 millones de euros, en parte por la influencia de las críticas de los partidos políticos y también por la devaluación de las carteras por la caída del mercado. A cierre de noviembre, las sicavs gestionaban en España un patrimonio neto total de 27.600 millones de euros repartido en 2.460 sicavs. En enero de 2018 había en nuestro país 2.828 vehículos con un patrimonio de 32.530 millones de euros.
Las fuentes financieras consultadas señalan que las sicavs son un vehículo de inversión que está obsoleto y que esta destinado a desaparecer porque actualmente existe otro tipo de productos financieros que cubren esta misma función y no están tan mal vistos por la sociedad.
En la diana del Gobierno
Las sicav siempre han estado en el punto de mira del Gobierno. En el propio programa del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ya advertían de su intención de ejercer "un mayor control sobre las sicav".
"Otorgaremos a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las sicav en la normativa financiera. Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las sicav del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)", recogían.
Aunque ha estado en la hoja de ruta del Ejecutivo desde el principio, el asunto ha vuelto a salir ahora a la palestra porque está previsto que se apruebe mediante una enmienda introducida en la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, que está ahora mismo en tramitación parlamentaria.
Hasta la fecha, ha sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la institución encargada de controlar el funcionamiento de la sicavs, pero a partir de ahora esta labor recurrirá en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
