La reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra los planes del Gobierno de limitar sus competencias mientras siga en funciones fue algo más que un deseo de ser escuchados. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces invocaron este jueves el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que activa sanciones por atacar la independencia judicial. Es el mismo precepto que sirvió para expedientar a países como Hungría o Polonia y que les ha enfrentado con Bruselas en la reciente negociación por el reparto de los fondos para la recuperación tras la pandemia.
El texto que pactaron durante el último Pleno 16 de los 21 vocales que componen el órgano se dirige principalmente al Congreso de los Diputados. Piden a la Cámara Baja que les den voz para defender su mandato constitucional de seguir haciendo nombramientos aunque lleven dos años en funciones. Pero, además, incluyen a modo de aviso que dejarles al margen puede tener consecuencias muy perjudiciales para España: “La infracción de esta exigencia puede desencadenar el mecanismo de respuesta previsto en el art. 7 TUE”.
Se trata del artículo 7 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, que regula las sanciones a un Estado miembro. Se aplica cuando se violan conceptos básicos como la independencia judicial. El proceso puede derivar en la pérdida del derecho de voto en el Consejo Europeo o poner en riesgo las ayudas europeas. La primera vez que se activó este mecanismo de defensa comunitario fue contra Polonia, precisamente por sus reformas judiciales.
"Principios propios del Estado de Derecho"
Los 16 vocales del CGPJ defienden que “la exigencia de dar audiencia a todas las partes implicadas” en una reforma que le afecta directamente “ha sido establecida por las instituciones europeas en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial”. Responden así a la proposición de Ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos -formaciones que sostienen al Gobierno- para impedir que nombren plazas clave de la carrera una vez haya expirado el plazo de su mandato de cinco años.
Actualmente, el CGPJ mantiene un equilibrio de fuerzas entre sus 21 miembros heredado de la victoria electoral de Mariano Rajoy en 2011 por mayoría absoluta. Hay mayoría conservadora. Llevan dos años en funciones después de un ciclo electoral que dibujó un reparto en las Cortes muy diferente al de hace nueve años. En este tiempo, el CGPJ ha hecho 63 nombramientos, aunque la mayoría con un amplio consenso entre sus miembros. Voces internas avisan a Vozpópuli del "deterioro" al que le empujan "planteamientos destructivos desde la política".
El PP afirma estar dispuesto a renovar, pero establece varias condiciones, entre ellas que Podemos, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, no tenga ninguna participación en las negociaciones. Los populares también exigen que se retire por completo la proposición presentada en octubre que avala renovar el Consejo por mayoría absoluta en el Congreso. Eso dejaría al PP en una posición irrelevante y a Sánchez le bastaría con hacer buena su mayoría parlamentaria.
La vigilancia de Bruselas
El presidente del Gobierno se comprometió a congelar esta proposición, pero semanas después impulsaron la que limita los nombramientos, que recoge párrafos literales de la anterior. Desde el CGPJ son conscientes de que la llamada de atención de las autoridades europeas fue determinante para que el Gobierno congelase en octubre su plan de reforma legal para renovar el órgano sin contar con la oposición. Por eso en su texto señalaron conscientemente ese artículo, según informan fuentes del órgano conocedoras de las discusiones que tuvieron lugar en último Pleno. No en vano, según adelantó este periódico, la Comisión Europea le ha vuelto a subrayar al Gobierno que cualquier cambio en la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial debe contar con el apoyo de la oposición y asegura que "va a seguir de cerca la situación".
Fueron varias horas de discusiones e intercambio de argumentos durante el Pleno del Consejo. Una de las intervenciones más celebradas por la mayoría de 16 vocales fue la del propuesto por el PNV, Enrique Lucas, jurista. Hizo hincapié en diferenciar el concepto de un Gobierno en funciones, que se da cuando el electorado le ha retirado la confianza, y un Consejo en funciones, que precisamente tiene el mandato de servir de contrapeso a cualquier intento de controlar la Justicia.
Los vocales llegaron al Pleno con varias ideas sobre cómo reivindicar su derecho a ser escuchados. Algunos incluso sondearon la posibilidad de plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, un recurso que solo se ha empleado en una ocasión. No obstante, esta opción por el momento se ha descartado porque se le atisban pocas opciones de tener éxito. Finalmente, unos y otros pactaron un texto conjunto.
Vocales del PSOE plantan cara al Gobierno
Entre los 16 vocales que lo apoyaron, se incluyen varios nombrados en su día por el PSOE como Roser Bach, Victoria Cinto o Mar Cabrejas. Las fuentes consultadas apuntan a que en el bloque progresista se ha producido una ruptura que les ha dividido entre más y menos afines al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El exvocal del Consejo y al frente de las negociaciones del PP para su renovación se ha mostrado en público contrario a que sigan haciendo nombramientos.
En minoría quedó un grupo de cinco vocales, cuatro de ellos propuestos por el PSOE y uno por IU. Ellos proponen una dimisión en bloque que obligue a los partidos a negociar para renovar el órgano, pero su opción no salió adelante. Esos cinco se quedaron en apenas tres unos minutos antes cuando el Consejo decidió nombrar a otros cuatro jueces para plazas clave. También sentaron las bases burocráticas para elegir en el futuro a otros 12, seis de ellos puestos del Tribunal Supremo que hay que cubrir por jubilación.
La ley obliga a PP y PSOE a ponerse de acuerdo para elegir a sus nuevos integrantes, pero ese pacto nunca llega. Recientemente el ministro dijo públicamente que ya estaba hecho y solo faltaba hacerlo público. Pero esta semana Moncloa echaba otro jarro de agua fría al anunciar una conversación de 45 minutos entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, en la que constataron la falta de avances. La renovación de la Justicia se ha situado desde hace meses en el centro del enfrentamiento político hasta el punto de acabar provocando tensiones entre los tres poderes del Estado: Ejecutivo (Gobierno), legislativo (El Congreso) y el judicial.
