El 31 de octubre del año pasado, casi un mes después de la entrada de STC Group en el accionariado de Telefónica con un 4,9% de los títulos, el Gobierno anunció que estaba dispuesto a entrar en el capital del operador dirigido por José María Álvarez-Pallete. Entonces, el 10% de la compañía tenía un valor de 2.075 millones de euros, con la acción cotizando en los 3,61 euros.
En el momento en que se escribe esta información, el valor de los títulos de la compañía española de telecomunicaciones es de 3,83 euros.
Una subida que ha incrementado el valor del 10% de los títulos de Telefónica hasta los 2.202 millones de euros. Es decir, si el Ejecutivo decidiera ahora entrar en la empresa cuyo centenario se producirá el próximo mes de abril, tendría que abonar 127 millones de euros más respecto al precio de la acción de Telefónica el día en que anunció su intención de contrarrestar la entrada de la familia real de Arabia Saudí.
Este tipo de anuncios -entrada en el capital de empresas- genera normalmente subidas en la cotización de las compañías. De esta forma, el día que STC Group, corporación de telecomunicaciones participada mayoritariamente por la familia real saudí, comunicó su aterrizaje en Telefónica, la acción de la corporación española subió hasta un 3%.
Hace solo unos días el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció una suerte de 'SEPI digital' que podría ser el puente para que el estado blinde Telefónica frente a la compra del 9,99% de la teleco por parte de STC
La compra por parte de STC de esta participación en el grupo español se realizó mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5% del capital social de Telefónica. STC acaba de anunciar que se dará un año para hacer efectivo ese porcentaje.
Fórmulas para que el Ejecutivo entre en Telefónica
Desde el Gobierno se valoró en un principio la posibilidad de comprar el 10% de las acciones del operador a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Sin embargo, hace solo unos días el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció una suerte de 'SEPI digital' que podría tender también el puente para que el estado blinde Telefónica frente a la compra del 9,99% de la teleco por parte de STC.
Así, el Ejecutivo dará a luz en el Consejo de Ministros del 5 de marzo la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). La una nueva empresa pública movilizará 20.000 millones de euros y con ella el Gobierno podría canalizar la entrada en el accionariado de Telefónica. Hay que subrayar que la sociedad no nace con 20.000 millones de euros; sino que reúne distintas iniciativas tecnológicas ya en marcha que se enmarcarían en esta nueva sociedad. El objetivo es que comience a estar operativa dentro de unos tres o cuatro meses.
La SETT tiene como fin último dotar de músculo a cualquier empresa, sea cual sea su tamaño y el origen de su capital, para catapultar proyectos tecnológicos que sean capaces de fomentar y acelerar la digitalización en nuestro país.
La Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS) se integrará en la SETT. Una estrategia con la que se pretende reforzar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip).
El Gobierno quiere ganar fuerza y presencia en el complejo sector de los procesadores tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Desde Bruselas se busca la independencia total en el suministro de este tipo de componentes. En la sociedad también podrían agruparse las participaciones estatales en empresas del sector, con Indra a la cabeza.