La espiral de la inflación podría empujar al Gobierno a ampliar el tope al alquiler. Según apuntan fuentes cercanas al ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la balanza se inclinará en función de la dinámica que sigan los datos de inflación de aquí a finales de año, sin descartarse una nueva prórroga del límite del 2% sobre las actualizaciones de contratos de arrendamiento de vivienda más allá del 31 de diciembre de 2022. Agentes del mercado con interlocución con el Ejecutivo dan por hecho que el tope se prorrogará al menos durante el primer trimestre del próximo año.
Atendiendo a las últimas proyecciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros, el Índice de Precios de Consumo seguirá registrando un alza interanual superior al 7% hasta marzo de 2023. La cifra es significativa ya que el Ejecutivo tomó el pasado marzo la decisión de imponer el citado tope a las actualizaciones de contrato tras un mes con la inflación en el 7,6% anual.
El dato de febrero ya era el valor más alto del IPC en "los últimos 35 años, con lo que ha dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento de vivienda", según razona el Real Decreto que ha dejado en suspenso el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Cuando la medida sobre el alquiler se implementó por primera vez, la previsión de inflación para España en 2022 por parte de Funcas era del 6,8% anual. Ahora, asciende al 8,9%.
La medida se implementó inicialmente por un período de tres meses, hasta el 30 de junio. No obstante, como informó este medio, ya desde marzo se planeaba en el seno del Ejecutivo la opción de que el decreto se prorrogue a septiembre o incluso, diciembre. Entonces, la previsión de inflación promedio para España en 2022 por parte de Funcas era del 6,8% anual -y rondaba el 3% para 2023-. Ahora, asciende al 8,9% para este año y al 4,8% para el próximo.
Extensión del tope al alquiler a todo el mercado
Una eventual prórroga del tope del 2% a las actualizaciones de alquileres hasta marzo de 2023 supondría terminar de extender el manto de la intervención a todo el mercado. Las renovaciones que se firmaron entre enero y marzo de este año fueron las últimas que no estuvieron supeditadas a la limitación, que entró en vigor con efectos desde el pasado mes de abril.
De cumplirse la citada prórroga hasta marzo del próximo año, el impacto en las cuentas de los propietarios a nivel nacional superaría los 2.000 millones de euros. Los inquilinos sortearían subidas de unos 50-60 euros al mes, aunque se verían abocados a pagar un recargo por renovación de unos 15 euros fruto del 2% de referencia.
Según datos de la Agencia Negociadora del Alquiler -con unos 5.000 clientes-, el 90% de los caseros afectados en el primer mes aplicó la subida del 2%, y otro 5% acordó con su inquilino subidas mayores (antes de la entrada en vigor del tope, el 80% de los arrendadores volcaba parcial o totalmente la inflación y otro 20% no la aplicaba en absoluto).
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler -en la que están representados propietarios institucionales como el fondo Blackstone, Ares o Castlelake- anticipó en los últimos días que tomaría pronto una decisión sobre la adopción o no de medidas legales contra el Estado
Los datos anteriores cobrarían especial relevancia en caso de que los caseros procedan a interponer recursos de responsabilidad patrimonial contra el Estado. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler -en la que están representados propietarios institucionales como el fondo Blackstone, Ares o Castlelake- anticipó en los últimos días que tomaría pronto una decisión al respecto.
Y ello, después de que "más de 1.000 propietarios particulares" se mostraran partidarios de tales reclamaciones, toda vez que consideran injusto que se traslade "a los propietarios la responsabilidad de las Administraciones Públicas de atender el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación por ello".
Ya un sondeo de Idealista a unos 7.000 de sus usuarios en abril puso de manifiesto que el 12% de los inversores en vivienda había decidido abandonar el mercado por el nuevo decreto regulatorio. La oferta en el conjunto de España batió mínimos en junio, al tiempo que los precios han vuelto a una dinámica alcista posicionándose menos de un 3% por debajo de los máximos de 2020.
Mientras tanto, los grandes tenedores, de la mano de Asval, negocian con el Gobierno la cesión de unos 30.000 de sus pisos al Estado a cambio de contratos de 25 años, conversaciones a cuyo avance se opone el socio del PSOE en el Ejecutivo, Unidas Podemos.
