Buena parte de los inversores en vivienda revisan ya sus planes de negocio tras el tope a las actualizaciones de los alquileres conforme a la inflación. Un 66% no tiene claro si seguirá adelante con sus apuestas como hasta ahora, en tanto que un 32% considera que sus inversiones se verán afectadas. Uno de cada cinco, de hecho, estima que el límite del 2% fijado por el Gobierno para los próximos tres meses se prolongará más allá de este 2022, argumento que les lleva a poner en duda su inversión.
Son los datos que arroja una encuesta a potenciales compradores de vivienda como inversión en España -en su mayoría pequeños inversores- realizada por el portal de anuncios Idealista. De acuerdo al sondeo, girado durante la primera semana de abril a unos 7.000 usuarios que habían guardado búsquedas de vivienda para comprar como inversión, el 12% de esos potenciales compradores ha tomado la decisión de salirse del mercado tras aprobarse la nueva regulación de renovaciones de contrato.
La cifra podría acabar siendo mayor si se considera que para una parte importante de los inversores, el 26%, el meollo de apostar por una vivienda para alquilarla está precisamente en utilizarla como activo refugio frente a la inflación, del 9,8% al cierre de marzo.
Impacto en el mercado de la vivienda
Atendiendo a datos de la Agencia Negociadora del Alquiler, el 15% de los propietarios que renovaron alquileres entre diciembre y febrero lo hicieron aplicando el 100% del alza del Índice de Precios de Consumo. Esa cifra augura que una parte no desdeñable del mercado arrendador no podrá darse el lujo de sacrificar la inflación en los nuevos contratos, ante lo que podría poner los pisos a la venta y/o buscar nuevos inquilinos con precios más elevados.
Fuentes cercanas a uno de los principales tenedores de vivienda en nuestro país coinciden en señalar que el tope a las actualizaciones tendrá mayor impacto en los pequeños inversores -el 85% del mercado-, por haber entre ellos personas que dependen sensiblemente de las rentas: hay unos 600.000 caseros en situación de vulnerabilidad económica, según el sindicato Comisiones Obreras. El escenario podría mutar si la medida se prolonga en el tiempo ya que, en ese caso, los grandes propietarios podrían empezar a tener motivos para maniobrar legalmente.
La queja del sector propietario es que la regulación no contempla ninguna compensación para los arrendadores, circunstancia que lleva a fuentes jurídicas haber recorrido a potenciales reclamaciones por la vía judicial en caso de que la limitación -por Real Decreto contra una Ley- se prolongue en el tiempo.
Por lo pronto, fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han señalado que el Real Decreto se ha perfilado como “prorrogable”. Agentes del sector con interlocución con el Ejecutivo dan por hecho que se prolongará hasta septiembre o incluso diciembre.
Los caseros vuelven a subir los precios de los anuncios
Fuentes del sector consultadas por este diario inciden en que los caseros ya están ‘contratacando’ subiendo los precios de los anuncios de los pisos de cara a nuevos contratos, si bien por el momento no existen cifras a nivel general que acrediten ese fenómeno como respuesta a la desindexación de los alquileres del Índice de Precios de Consumo.
Lo que sí parece claro, según los registros de inmobiliarias como Idealista, Fotocasa y Pisos, es que la espiral a la baja de los precios por la pandemia ya es historia. Idealista constató dicho fenómeno ya a finales del 2021, cuando detectó la primera subida generalizada de los precios en quince meses. Pisos y Fotocasa han registrado también incipientes incrementos de los precios en el conjunto del país en los primeros meses de este 2022.
La recuperación de la movilidad entre comunidades respecto al 2020 y el regreso del cliente extranjero, con la consecuente absorción del excedente de oferta acumulado por la pandemia y/o su regreso al turístico, ha contribuido al repunte de precios.
La treta de los caseros de utilizar contratos de temporada como creciente mecanismo para sortear las diferentes regulaciones -como la limitación de precios catalana- ha sido denunciada por diferentes voces del propio sector a falta de datos que acrediten su extensión a lo largo del mercado.
