El ala socialista del Gobierno apunta a que la nueva Ley de Vivienda pueda entrar en vigor entre julio y septiembre de este año y comience a tener efectos sobre el mercado de alquileres de pequeños propietarios ya entre este verano y finales de 2022, según explican fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bajo la tutela del Partido Socialista Obrero Español.
El objetivo de partida que se ha trazado el PSOE es que la Ley esté aprobada en el tercer trimestre de 2022, para lo cual precisará de reunir los apoyos parlamentarios necesarios. A día de hoy, el PSOE y Unidas Podemos no cuentan con los apoyos suficientes. Se espera que la posición del Partido Nacionalista Vasco acabe siendo bisagra (su vocal en el Consejo General del Poder Judicial ha cuestionado la eficacia de la Ley).
En cualquier caso, los socialistas inciden en que el proyecto se tramitará por la vía de urgencia, y apuestan a que entre en vigor entre julio y septiembre -así se ha trasladado a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación-. Sin embargo, inciden fuentes ministeriales, la aplicación práctica de sus diferentes medidas en materia de alquileres podría demorarse unas semanas o meses más.
El PSOE se ha dado un plazo máximo de 18 meses desde la hipotética entrada en vigor de la Ley para la elaboración del índice de precios estatal, necesario para que las comunidades autónomas puedan imponer bajadas de precio a grandes tenedores. Fuentes ministeriales reconocen que dicho índice no está perfilado -no así al menos en el propio proyecto- y requerirá de un tiempo prudencial, como así también, del cruce de información con datos de la Agencia Tributaria, que se actualizan a fin de año.
Los caseros particulares, antes
Una vez que la Ley de Vivienda entre en vigor, los gobiernos de las comunidades autónomas podrán igualmente realizar una declaración de zona tensionada (para un período de tres años, prorrogables por uno) que será válida para el grueso de la aplicación de la ley estatal, siempre que para ello sigan un procedimiento del que rindan cuenta al Gobierno.
Al hilo de esa declaración -independiente del índice de precios estatal, puntualizan desde fuentes ministeriales-, ya se podrían poner en marcha las medidas que afectan a los pequeños arrendadores: que sus inquilinos puedan solicitar prórrogas anuales dentro de ese período -el alquiler solo se podría actualizar al IPC-, y que el casero solo pueda subir el precio -hasta un máximo del 10%- bajo ciertos supuestos -como la realización de obras y/o la ampliación del contrato en diez o más años-.
Según apuntan fuentes de Transportes, este proceso podría demorarse entre semanas y meses -no se ha precisado cuánto-, ya que la declaración de las zonas tendrá que superar una serie de trámites, entre ellos, una fase de alegaciones ciudadanas. Se podrán declarar como tensionadas aquellas zonas donde el coste de las hipotecas o de los alquileres supere el 30% de los ingresos medios, y el precio de la compra o el alquiler haya subido cinco puntos sobre el Índice de Precios de Consumo de la autonomía en el último lustro.
El proyecto de Ley obliga a las comunidades a comunicar de todo el proceso al Gobierno, que deberá emitir, dentro del último trimestre del año natural, una resolución que recoja la relación de todas las zonas que hayan sido declaradas como tensionadas. Las bonificaciones fiscales para caseros en zonas tensionadas (del 90% del IRPF por acceder a bajar un 5% o más del alquiler de los inquilinos, o del 70% por alquilar a menores de 35) entrarían en vigor sí o sí en enero del 2023, según han remarcado desde Transportes.
