La ampliación de capital anunciada por el Banco Popular, que se suma a otra análoga realizada hace menos de tres años, ha lanzado una piedra en el estanque de la banca española, cuyas aguas parecen lejos de recuperar la claridad de un negocio rentable y eficaz al servicio de la economía nacional. Por supuesto, corresponde a los accionistas de dicho banco adoptar las decisiones que estimen convenientes a sus intereses, pero, por nuestra parte, debemos considerar la trascendencia del asunto en un sector que está profusamente regulado y que parecía ya a salvo de accidentes imprevistos. Razón por la cual cabe preguntarse cuál ha sido el papel de los organismos reguladores en la ampliación anunciada. Hacen falta explicaciones más allá de las expresadas por el banco.
Como es conocido, el actual Ministro de Economía capitaneó a lo largo de 2012 la reestructuración bancaria española con el objetivo de demostrar la ineficacia del Banco de España y, por ende, del gobierno anterior. Para ello, aprobó dos decretos, uno en febrero de ese año y otro posterior en mayo, que desencadenaron, sobre todo el segundo, la crisis de Bankia, poniendo patas arriba al sistema crediticio español. Ello derivó en el famoso rescate bancario, que produjo la intervención de diferentes entidades del maltrecho sector de las cajas de ahorros. Sin embargo, los famosos test de estrés de aquella época pusieron de manifiesto que los problemas no afectaban única y exclusivamente a las cajas de ahorros. También había varios bancos anegados de ladrillo hasta las orejas. Uno de ellos, el Popular, al que se le permitió continuar autónomamente mediante una ampliación de capital que ya ha sido deglutida por el peso de sus activos dañados y las dificultades persistentes del negocio bancario.
Habrá que ver ahora cómo evoluciona la nueva ampliación de capital. Más teniendo en cuenta que esta inyección no parece reunir las características de este tipo de operaciones en el marco de la normalidad empresarial: se suele ampliar capital bien para expandir el negocio o, en determinados casos, para resolver un problema coyuntural. Ni lo uno ni lo otro se deduce de lo acordado por los administradores del banco, por lo que cabe pensar que nos encontramos ante una repetición del escenario de tres años atrás, con el agravante de que la evolución del negocio bancario en España, con los tipos de interés por los suelos y la debilidad de la demanda crediticia sana, tiene trazas de durar en el medio plazo.
El futuro de Ángel Ron
Lo que decidan los accionistas del banco con su dinero y con los administradores que les reclaman más esfuerzos es, sin duda, algo que pertenece a la soberanía empresarial. Resultaría más que pertinente, por ejemplo, preguntar a esos accionistas si están de acuerdo con que Ángel Ron, actual presidente, siga dirigiendo los destinos de la entidad. Tales accionistas, en todo caso, pueden hacer con su inversión lo que quieran, pero, en lo que al sector crediticio en su conjunto atañe, es evidente la imperiosa necesidad de generar confianza, o despejar incertidumbres, en su derredor, más aún cuando se viene de las convulsiones agudas que lo han azotado en los últimos años.
Es obvio que los actuales protagonistas, desde el más grande al más pequeño, del sector bancario terminarán viéndose afectados por las vicisitudes de cualquiera de sus colegas en estos tiempos en los que la imagen de la banca es objeto de controversia en amplios sectores de la opinión pública y en el propio mundo de las finanzas. Razón de más para destacar como elemento positivo la apuesta de los colegas del Banco Popular por garantizar el buen fin de la ampliación anunciada.
