Este Buscón se encuentra indignado, y no es para menos. Resulta que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en Burgos no pueden leer Vozpópuli. Bueno, ni Vozpópuli ni otros medios digitales, ya que tienen el acceso restringido a todos… ¿Todos? No, hay una única web informativa que no tienen ‘capada’ desde sus puestos de trabajo: Intereconomía.
Los funcionarios de la Junta en esta ciudad llevan un año y tres meses manifestándose cada viernes, acciones que han ampliado desde hace unas semanas con la presentación de una denuncia, queja o pregunta sobre cualquier tema relacionado con la Administración que dirige Juan Vicente Herrera y su gestión (despilfarros, privatizaciones, contrataciones irregulares, cierre de servicios…). La denuncia de este ‘viernes negro’, como denominan a estas concentraciones, va por otro camino, y es que también quieren estar informados.
La reclamación viene a raíz de una incidencia registrada por una empleada pública de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. En ella, exponía lo siguiente: “He visto que, aunque no aparece en ningún listado de permisos, todos disponemos, incluso los que tenemos permisos restringidos, de acceso a la página web de Intereconomía (www.intereconomia.com), por lo que entiendo que ese tipo de páginas está permitido. Me gustaría también tener acceso a las páginas web de los demás medios de comunicación o, al menos, de los de ámbito nacional y regional más importantes”.
¿La solución? Tirar por la calle de en medio. “Esta incidencia fue cancelada, aunque a raíz de ella, en vez de abrir el acceso a las webs de los demás medios de comunicación, lo que se hizo fue cerrar también el de Intereconomía”, señala el escrito de queja que presentarán este viernes al presidente de la Junta y al delegado territorial en Burgos, al que ha tenido acceso este Buscón. Esto fue en 2010, pero parece que la Junta se lo volvió a pensar y abrió de nuevo el acceso a Intereconomía. Además del sesgo y la falta de pluralidad, denuncian que esta acción viola algunos principios del Código Ético de los Empleados Públicos, como la integridad, la neutralidad, la orientación al ciudadano o el uso racional y eficiente de los recursos.
Pero no sólo Intereconomía centra la queja. Los empleados públicos de la Junta denuncian también que “la concesión de abrir Internet es arbitraria y a dedo”, razón por la que hay muchos empleados que deberían disponer de Internet abierto (jefes de sección, abogados, ingenieros, veterinarios, técnicos, inspectores, gestores de solicitudes on-line…) para poder acceder a toda la información y todas las herramientas que necesitan a diario en su trabajo y no lo tienen.
