Cuando la oposición dice que el Gobierno del PP modifica el principio de jurisdicción universal por presiones de los Estados afectados tiene mucha razón. Por un lado, porque el PSOE, que introdujo una primera reforma en 2009, mediante una enmienda en la Ley Orgánica de la Oficina Judicial, ya las sufrió; y por otro lado porque es cierto.
A principios de diciembre se celebró en Madrid la inauguración oficial de la Centro Cultural de China en España, con asistencia del viceministro de Cultura del Consejo de Estado de la República Popular China, Yang Zhijin. Si ese acto se celebrase hoy, no asistiría ninguna autoridad venida de Pekín. Desde hace varias semanas, según ha sabido VozPópuli, el Gobierno comunista chino ha recurrido a la suspensión de viajes por parte de los viceprimeros ministros, ministros, viceministros, consejeros de Estado y demás miembros de la cúpula dirigente, y que se le ha comunicado al Gobierno español.
De esta manera, Pekín trata de proteger al expresidente Jiang Zemin y a otros antiguos gobernantes encausados por la Audiencia Nacional por el genocidio perpetrado por los comunistas en el Tíbet.
La medida de presión está dando resultado, ya que la anulación de la jurisdicción universal, contenida en el art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que convirtió al ex juez Baltasar Garzón en una estrella mediática, se ha acelerado.
De acuerdo con los planes originales del Gobierno del PP, se habría modificado dentro de una reforma de la LOPJ que está preparando el Ministerio de Justicia. Pero este procedimiento era demasiado lento para los deseos chinos: habría que pedir y recibir informes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, una espera de varios meses.
Por ello, y debido al avance del proceso contra Jiang Zemin y otros dirigentes chinos en el juzgado de Ismael Moreno, el PP optó por que su grupo parlamentario en el Congreso presentase una proposición de ley, que además se tramitará por la vía de urgencia y en lectura única. El texto y el mecanismo de tramitación se votaron en el pleno del día 20, con este único punto en el orden del día.
Además, la proposición se votará en la cámara baja en un pleno convocado para el jueves 27, después del Debate sobre el estado de la Nación. De allí pasará al Senado, donde ocurrirá lo mismo: hay plenos programados en seis días, con lo que la reforma podría estar en vigor antes de que concluya marzo. Así los jueces tendrían que sobreseer varios sumarios, incluyendo el abierto contra los chinos comunistas.
En los últimos años sólo habrá habido otra tramitación legal tan rápida: la reforma del artículo 135 de la Constitución para introducir la estabilidad presupuestaria. Se registró el 26 de agosto de 2011 en el Congreso y el 27 de septiembre se publicó en el BOE firmada por el Rey. También por presiones venidas del extranjero.
