No se hablaba de otra cosa esta semana en los pasillos de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, órgano encargo de revisar las decisiones que adopta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "¡Qué escándalo el voto del presidente!", decía un magistrado; "inaudito", añadía otro miembro; “¡y ha puesto eso por escrito!”, comentaba otro juez de la Sala con asombro.
El presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, emitió el pasado martes un voto particular contra la decisión del Pleno de inadmitir la demanda que cuatro vocales del Consejo interpusieron contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por la renovación de la Comisión Permanente. En dicho voto particular, Díez Picazo –que también se mostró favorable a la inadmisión del recurso de las vocales- explicó su razonamiento jurídico de por qué dicha demanda debía ser rechazada por el Pleno.
El asunto no habría sido escandaloso sino fuera porque el presidente de la Sala Contencioso Administrativa afirmó en su voto particular que dicha Sala debe ser "deferente" con el órgano de gobierno de los jueces. "Precisamente por tratarse de un órgano constitucional, esta Sala haya de ser deferente con el modo en que el CGPJ se organiza y funciona internamente para el ejercicio de sus funciones esenciales. Creemos que es correcto reconocerle cierto margen de autonomía al CGPJ en ese terreno, aunque ello -más que afectar a la jurisdicción de esta Sala- modula la intensidad del control jurisdiccional sobre los actos de dicho órgano constitucional", sostuvo Díez Picazo en su voto particular.
Según ha podido saber este Buscón, dicha afirmación ha causado auténtico estupor entre varios miembros de la Sala Tercera que entienden que al presidente "se le ha olvidado" que "nuestra Sala es el órgano que revisa las decisiones que adopta el Consejo y nuestra obligación hacer cumplir la Ley ¡sin ser deferente con nadie!".
Díez Picazo, amigo íntimo de Lesmes, fue nombrado presidente de la Sala Tercera entre fuertes críticas por el escándalo judicial que supuso que se arrebatara la misma al magistrado José Manuel Sieira, número cuatro del escalafón judicial, con 20 años de antigüedad en el Supremo y la persona que consiguió reducir la pendencia de asuntos en la Sala Contencioso Administrativo. El escándalo por la imposición de Díez Picazo, destapado por Vozpópuli, fue de tal magnitud que dos asociaciones judiciales llevaron el asunto ante la ONU.
