Tras las elecciones del 10N, todo apunta a que vamos a un gobierno de coalición PSOE+UP. Así lo avala el cariñoso abrazo entre Sánchez e Iglesias tras su acuerdo del martes pasado. Sin embargo, quedan incógnitas muy arduas pendientes de despejar para que esta criatura así concebida vea definitivamente la luz. Hay que esperar y ver.

Está claro que la coalición PSOE+UP ha sido muy mal recibida por una serie de elementos importantes. Entre ellos, los dirigentes de CEOE y del Círculo de Empresarios, para quienes este acuerdo es lo contrario de lo que la economía española necesita; hubieran preferido alguna forma de entendimiento entre PSOE y PP. Por su parte, los inversores en la Bolsa española no se han alarmado demasiado: entre el cierre del viernes 8 y el del viernes 15 el IBEX ha perdido un 1,41%. En la sesión del viernes 15 subió un 0,96%. Ya veremos cómo se comporta en las siguientes semanas.

Me preocupa más la repercusión de la política del Gobierno en la visión que nuestros prestamistas (los que sostienen la deuda pública) tienen de nosotros y en la consecuente evolución de los tipos de interés.  El 30 de septiembre el tipo de interés que tenemos que pagar por el bono a 10 años estaba en el 0,16%; el viernes 15 de noviembre estaba en el 0,44%. Hay una tendencia al alza. Espero que no avance mucho más. Debemos 1,21 billones de euros y los intereses a pagar por esta deuda en 2019, a los irrisorios tipos actuales, son 28.000 millones, un 2,31% de media. De este modo, una subida de un 1%, a un 3,31% de media, supone un gasto adicional de 12.000 millones (que, para hacerse una idea, es la cuarta parte de lo que nos gastamos en Educación). La subida de tipos es para echarse a temblar. Y los que nos prestan no son PYMES ni autónomos ni clases medias o trabajadoras, sino Fondos de inversión, Fondos de pensiones, Bancos, Compañías de seguros... del mundo mundial.  Esto no hay que perderlo de vista. Tenemos que transmitir seriedad y confianza a los que nos prestan el dinero que necesitamos para vivir.

La reacción empresarial es lógica pues Iglesias va a ser vicepresidente y el ADN de UP es poco amistoso con los contribuyentes VIP como Bancos, grandes empresas, altos patrimonios e inversores nacionales y extranjeros. Hay una hostilidad de fondo hacia estos contribuyentes, a quienes no ven como creadores de riqueza y empleo sino como aprovechados defraudadores fiscales a los que hay que meter en vereda: merecen que se les apriete bien hasta que aflojen el dinero necesario para las mayores prestaciones sociales que hay que darle a la gente.

No es éste un buen camino para conseguir más dinero. Ni para hacer la política económica que se precisa. Y obviamente Sánchez lo sabe. Por eso, es previsible que la Vicepresidencia de Iglesias tenga por objeto Asuntos Sociales (Sanidad, Igualdad, Vivienda, Cultura, Ciencia) y que se cree otra Vicepresidencia, de Asuntos Económicos, encomendada a Calviño, quien asumiría las competencias sobre Hacienda, Economía, Trabajo, Industria y Comercio. Recordemos que Sánchez prometió esa Vicepresidencia para Calviño expresamente. Por otra parte, Calviño es nuestra mejor carta de presentación en Bruselas, sin cuyo OK patinaremos. Ambos vicepresidentes actuarían en sus respectivas áreas con total independencia entre sí, y las fricciones que pudieran surgir entre ellos serían resueltas por Sánchez. Algo de esto habrá que hacer para transmitir confianza a los inversores y sostener la deuda a sus tipos actuales.

De todos modos, para el probable caso de que la coalición PSOE+UP fructifique, conviene dar un vistazo a las principales propuestas de gasto e ingreso público que pueden salir de ahí. ¿De qué pistas disponemos para intuir qué piensan hacer con los gastos y los ingresos públicos? Disponemos de varios documentos-pista: a) el reciente acuerdo del abrazo PSOE+UP del martes 12N (10 puntos); b) el acuerdo Gobierno+UP de octubre de 2018 (50 páginas);  c) el proyecto de Presupuestos para 2019, fruto del acuerdo anterior, y cuya no aprobación provocó las elecciones del 28A; y d) los Programas electorales de PSOE y UP para el 10N.
En el Acuerdo PSOE+UP del martes pasado 12N no se dice nada de interés en lo que a las cuentas públicas se refiere. Son todo brindis al sol. Puro postureo. Veamos:

• Respecto a los gastos: se impulsará la educación de 0 a 3 años; se aumentarán los gastos en sanidad y dependencia; se blindarán las pensiones y su revalorización conforme al IPC; se impulsarán políticas sociales y nuevos derechos. Todo ello con control y conforme a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Bruselas.
• Respecto a los ingresos: se promete una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales. Así cualquiera acierta.

Poco hay que rascar de estas vaguedades. Veamos lo que podemos deducir de los otros documentos-pista citados.

Mayores gastos públicos que realizará el Gobierno PSEO-UP

PSOE y UP están de acuerdo en los gastos que señalamos a continuación y el nuevo Gobierno va a intentar seguir este camino con un alto nivel de probabilidad.

• Pensiones. Mantener su poder adquisitivo conforme al IPC. Aumentar especialmente las pensiones mínimas, las de viudedad y las no contributivas. La promesa del PSOE es aumentar las pensiones un 0,9% en 2020 (aunque puede que el IPC sea mucho menor; por ahora estamos en el 0,1%). (Sólo la subida del 0,9% supone 1.400 millones).
• Retribuciones de todos los empleados públicos. En 2020 termina el Plan acordado por el Gobierno de Rajoy con los Sindicatos de la Función Pública y habrá que cumplirlo subiendo los sueldos entre un 2% y un 3% (muy por encima de la inflación). Supone un incremento entre 3.000 y 4.000 millones. En 2021 y siguientes ya veremos.
• Oferta de empleo público. En 2020 se continuará desarrollando la Oferta de Empleo Público implementada por Sánchez. El total de plazas ofertadas es 33.000.
• Dependencia. Se aumentará el gasto en este capítulo. El Estado desearía abonar las cotizaciones a la SS de los familiares cuidadores de los dependientes (ya veremos).
• Educación. Avanzar en la extensión y gratuidad de la infantil 0-3 años. Aumentar las becas. Reducir las tasas universitarias. (Extender la educación a 0-3 es mucho dinero).
• Ingreso mínimo vital. Avanzar en esta prestación para personas en exclusión social. (Esto puede ser un dineral).
• I+D+i. Aumento sustancial del gasto en este capítulo. 
• Eliminación de copagos farmacéuticos.

En conjunto, el Gobierno prevé para 2020 un aumento del gasto público de 19.000 millones (conforme al Plan enviado a Bruselas en octubre).

Mayores ingresos públicos previstos por el Gobierno PSEO-UP 

A la vista del Programa Electoral de UP y de las ideas del PSOE plasmadas en los documentos-pista que hemos mencionado, las discrepancias de ambos partidos en este capítulo pueden ser fuertes. Las ideas de UP sobre la reforma fiscal son de un radicalismo difícil de asumir por economistas realistas. Por eso, es de prever que el tema de los ingresos públicos quede residenciado en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos a cargo de Calviño. En ese contexto, la reforma fiscal a implementar se acercará más a las ideas de PSOE que a las de UP. Veamos.

• Cotizaciones a la SS. No se destoparán las base de cotización a la SS. Se subirá un poco la base máxima (en este año está en 48.840 euros/año). Se intentará subir poco a poco el salario mínimo (en 2019 es 12.600 euros/año), con lo que aumentará la recaudación por cotizaciones. Posiblemente se vincule la cotización de los autónomos a ingresos reales.
• IRPF. Debemos recordar que la mitad de la tarifa general compete a las Comunidades Autónomas. El Gobierno sólo puede actuar sobre la otra mitad. Por eso, el tipo máximo de la tarifa estatal, exigible a rentas superiores a 60.000 euros, es hoy el 22,5%. Por su parte, cada Comunidad hace lo que quiere: Cataluña, como es de temer, está en el nivel más alto y exige el 25,50% para rentas superiores a 175.000 euros. Le igualan Andalucía y Valencia. En estas Comunidades el tipo máximo es 22,5+25,5 = 48%. Madrid está en el nivel más bajo de todas y exige un 21% para rentas superiores a 53.407 euros; el tipo máximo es 22,5+21 = 43,5%. Es una buena diferencia.

Pues bien, lo que el PSOE propone es incrementar la tarifa estatal en 2 puntos (del 22,5 al 24,5%) para rentas superiores a 130.000 euros, y en 4 puntos (del 22,5 al 26,5%) para rentas superiores a 300.000 euros. Si las CCAA mantienen sus tipos como están hoy, el máximo en Cataluña sería un 52% (hay quien dice que cobrar más de la mitad es confiscatorio). En Madrid sería un 47,5%.

Además, en la base del ahorro (que grava dividendos, intereses y plusvalías), y para rentas superiores a 140.000 euros, el tipo máximo, que actualmente es el 23%, pasaría a ser el 27%.

• Impuesto sobre Sociedades. Es probable  que, para empresas con una facturación superior a 20 millones, se fije un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible (no sobre el resultado contable). Este tipo será del 18% para Bancos y Petroleras. La exención que se aplica actualmente sobre el 100% de los dividendos y plusvalías percibidos de filiales extranjeras (tema básico para nuestras multinacionales) se reducirá aplicándose sobre el 95%. No parece probable que haya ningún gravamen especial para los Bancos. Más probable parece un Impuesto Verde Especial sobre el beneficio de grandes empresas contaminantes.    
• Impuesto sobre el Patrimonio. Este parece un tema de alto voltaje. UP propone sustituirlo por un Impuesto sobre Grandes Fortunas que comenzaría gravando al 2% el patrimonio superior a un millón de euros. UP estima recaudar nada menos que 12.000 millones por este impuesto. El PSOE, más realista, propone mantener el Impuesto actual subiendo del 2,5% al 3,5% el tipo actualmente aplicable al patrimonio superior a 10,7 millones de euros.

Debemos indicar, sin embargo, que el Impuesto sobre el Patrimonio está cedido a las Comunidades Autónomas y que cada una hace lo que quiere y tiene su propia tarifa. Por eso, en Madrid no se paga nada, a diferencia de Cataluña. Tocar este tema supone modificar la Ley Orgánica de Financiación. No es fácil que PSOE+UP consigan la mayoría absoluta del Congreso, necesaria para modificar una Ley Orgánica. 

• Impuesto sobre Sucesiones. La Ministra de Hacienda y el propio Sánchez han dicho que es necesaria una armonización fiscal en este Impuesto, o sea, que hay que  imponer una tributación mínima en toda España y evitar el agravio que supone que en Madrid no se pague nada y en otras CCAA se pague mucho. No se entiende bien este argumento pues la característica más propia de un Estado de las Autonomías es la autonomía financiera, para el ingreso y para el gasto. Y para un poquito de autonomía que se les ha concedido en los ingresos, parece contra-natura dar marcha atrás y armonizar las diferencias. Lo suyo es que el Gobierno ajuste esas diferencias entre CCAA en los Fondos de Compensación.

De todos modos, hay que reiterar lo dicho en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio: Sucesiones es un impuesto cedido a las CCAA y hay que modificar la Ley Orgánica de Financiación, para lo que se necesita mayoría absoluta del Congreso.

• Impuesto sobre Transacciones Financieras. Esta es la famosa Tasa Tobin, en la que el radicalismo fiscal clásico ha puesto muchas esperanzas (no sabemos bien por qué). No está claro sobre qué se aplicaría. UP piensa en un porcentaje sobre operaciones financieras intra-día y operaciones con derivados. El PSOE piensa en gravar al 0,2% la compra de acciones de grandes sociedades cotizadas. Puede que su implantación genere más perjuicios (deslocalización de operaciones) que beneficios (la recaudación prevista es de unos 800-1.000 millones).
• Tasa Google o Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (para aplicar a las grandes tecnológicas como Google, Facebook...). El PSOE propone gravar al 3% los ingresos obtenidos en España por servicios de publicidad on line, servicios de intermediación on line y venta de datos. No me parece prudente que España se meta ella sola en este jardín; el problema de la escasísima tributación de estas empresas en Europa, que es muy grave, es un problema europeo y debería ser resuelto en el seno de la UE. La recaudación prevista  es 1.200 millones.

Conforme al Plan enviado a Bruselas el Gobierno prevé en 2020 un aumento de los ingresos públicos de 22.000 millones (sólo por el crecimiento de la economía, sin computar la reforma fiscal). El déficit previsto sería del 1,7% (sobre un PIB optimista en 2020: 1,29 billones).

Conclusión 

Como es natural, los gastos previstos se van a efectuar con total seguridad. No ocurre lo mismo con los ingresos, que son sólo una previsión, y, como tal, son sumamente aleatorios, confiados en gran medida al buen comportamiento de la economía. No veo recorrido recaudatorio suficiente ni por la mejora de la economía, ni por la reforma fiscal expuesta. En consecuencia, es previsible un aumento del déficit por encima del 1,7%.  No le va a gustar a Bruselas. Y a nuestros prestamistas tampoco. Además, el escenario en que estamos y los tiempos que vienen no son buenos para aplicar ninguna subida de impuestos, ni a particulares ni a empresas. Tampoco para rebajar impuestos. Lo prioritario ahora es que nuestros gobernantes generen el clima de confianza, estabilidad y seguridad a largo plazo que los empresarios necesitan para crear empleo. Y para eso hay que gobernar bien.