Los empresarios de venta y alquiler de bicicletas impugnan el nuevo decreto de bicicletas de uso compartido. Consideran que esta nueva ley les coloca en una situación de desventaja, ya que da prioridad a unas pocas empresas para que puedan colocar vehículos en párikings públicos y anclajes municipales. Además de poder contratar sus servicios a través de una aplicación, fuera de los locales comerciales.
La nueva ley llega después de tres años de negociaciones entre los empresarios y el Ayuntamiento de Barcelona, cuando presentaron alegaciones al decreto inicial. La Asociación de comerciantes de bicicletas de alquiler BiciTours declara en un comunicado que "el decreto va en detrimento de las muchas empresas de alquiler y venta, legalmente establecidas, con su licencia y local comercial, que no tienen el mismo permiso para utilizar dicho espacio público".
"Este sistema ha provocado que los comerciantes experimenten pérdidas de un 40% en algunos casos, con reducción de puestos de trabajo y cierre de pequeños negocios que llevan más de 15 años funcionando, afirma Borja Martínez-Sanz, presidente de la Asociación BiciTours.
