'Tsunami democràtic' ha realizado un llamamiento para sabotear las elecciones y "desobedecer a la Junta Electoral" en plena jornada de reflexión. Para el 9-N propone "organizar actividades culturales, políticas y festivas" desde las 16:00 hasta las 22 horas para demostrar "de vez más la fuerza de la gente".
"Es un riesgo real". Así se han expresado fuentes cercanas a Información de Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional sobre el boicot de los CDR, animados por 'Tsunami Democràtic', en la jornada de reflexión del 9-N y de cara a la fecha de la votación.
"El escenario está encima de la mesa", han apuntado las mismas fuentes a El Liberal. Por ello, esperan que los jueces no cometan el mismo error que el día del 1-O, cuando centenares de familias con niños e independentistas programaron fiestas culturales y actividades el día antes para impedir después la entrada de la Policía Nacional y Mossos d'Esquadra durante la jornada de la votación ilegal.
Sin especificar exactamente los lugares donde se han de celebrar estos actos, el movimiento investigado por terrorismo en la Audiencia Nacional llama a una movilización muy similar a la registrada hace dos años en el día previo a la celebración del referéndum ilegal.
Por esta razón, han considerado que las órdenes judiciales para impedir la ocupación de colegios electorales deberían llegar con bastante antelación a la jornada de reflexión del próximo 9-N y no pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, como ocurrió el 1-O de 2017. "Es un error que no se puede volver a repetir", han señalado las fuentes cercanas a los servicios de información.
Según el análisis realizado por agentes cercanos a Información, existiría una "incoherencia" entre este boicot y el hecho de que la CUP se presente a estos comicios. A juicio de los agentes, "es extraño movilizarse para impedir la votación, mientras uno de los grupos políticos más afines a los CDR se juega su presencia en el Congreso por primera vez en la historia". A modo de conclusión, han considerado que el sector más radical del independentismo "está fuera del control de la CUP". Eso sí, no descartan que sea "bastante factible" la anulación de "más de una mesa electoral", han considerado las mismas fuentes consultadas por este medio.
En la jornada previa al referéndum del 1-O, al menos 163 colegios fueron ocupados por independentistas y familias con niños para llevar a cabo actividades lúdicas. Una vez terminadas, se encerraron en los patios y pabellones del interior para asegurar la apertura del centro en el día de la votación ilegal.
Entre la rebelión y los desórdenes públicos
A nivel jurídico, impedir la normal celebración de unas elecciones está tipificado en el Código Penal. Dos delitos recogen expresamente el hecho de impedir unas elecciones. El temido delito de Rebelión (472 del Código Penal) y el de desórdenes públicos (558 ter del CP). Las fuentes jurídicas consultadas por El Liberal dejan claro que no es lo mismo estar delante de una línea policial desde el interior del colegio, donde no ha habido ningún tipo de violencia para realizar una ocupación de las instalaciones y poner trabas para impedir la apertura con normalidad de un colegio, que intentar romper el cordón de antidisturbios desde fuera del recinto.
A su juicio, el delito de Rebelión, en cuyo apartado tercero estipula: "Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos", debería darse solo en el caso de que exista violencia. "Un juez deberá valorar si provocar una carga policial en el día de las elecciones se puede tipificar de esta forma", han explicado las mismas fuentes. Para este caso, la pena es de seis a diez años de prisión.
Hasta ahora, los detenidos durante las dos semanas posteriores a la publicación de la sentencia se enfrentan a delitos de "desórdenes públicos" en la mayoría de los casos. En este sentido, han indicado que el 558 ter del Código Penal se establece para quien "perturbe gravemente el orden en un colegio electoral", entre otros motivos. Las penas son de entre tres y seis meses de cárcel o bien una sanción económica de entre seis a doce meses.
"Que el Estado reflexione"
Con esta movilización, 'Tsunami Democràtic' trata de denunciar en plena jornada de reflexión "la sentencia y condena del Tribunal Supremo" a los líderes independentistas y otras "decenas de presos y exiliados", una referencia expresa a los detenidos tras dos semanas de violencia extrema en Cataluña, especialmente en Barcelona.
Para este conglomerado, que convoca sus acciones violentas a través de una aplicación prácticamente imposible de cerrar, el Estado debe "reflexionar sobre la violencia policial aplicada contra la población pacífica", también contra la incapacidad para dialogar y por la utilización de Cataluña para obtener un rédito político, sobre como se impide el ejercicio de los derechos fundamentales a sus ciudadanos. Hasta ahora, "la gente ha reflexionado", "el 9-N es un buen día para que reflexione el Estado", afirman.
Este grupo investigado por terrorismo, cuyos líderes se desconocen por ahora, hizo un llamamiento esta misma semana para realizar "acciones sorpresa" de cara a la jornada de reflexión, y también en días posteriores a las elecciones, dejando el hueco de la jornada electoral sin presentar acción alguna.
Endavant, socio de la CUP, partidario del boicot
Hasta ahora, los únicos partidarios de boicotear las elecciones son los miembros de Endavant, el núcleo más radical de la CUP, aunque buscaba fórmulas para llevarlo a cabo. Las propuestas encima de la mesa pasaban por la ocupación de colegios electorales durante la noche anterior a los comicios. Una apuesta que toma ahora un cariz más serio tras el anuncio de 'Tsunami Democràtic'.
Otra de las ideas propuestas se centra en los miembros de las mesas electorales. Sin ellos, la mesa no podrá ser debidamente constituida, aunque acarrea duras sanciones, como cárcel de entre tres meses y un año o multas económicas de entre seis y 24 meses. "El presidente y los vocales de las mesas electorales, así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses", señala el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.
