El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat está investigando al Jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei que expedientó a dos agentes por ser constitucionalistas, Jordi Molina Bejarano, por haber adjudicado presuntamente de forma irregular la colocación de las cámaras de la vigilancia de la comisaría del cuerpo policial a una empresa de su hermano, según ha podido constatar El Liberal. Además, la Agencia de Protección de Datos de Cataluña (ApdCat) ha abierto dos expedientes sancionadores al Ayuntamiento de Molins de Rei porque las mencionadas cámaras no cumplen con lo establecido.
Según consta en la denuncia (presentada el 25 de marzo de 2019), en primavera de 2017 la Guardia Urbana de Molins de Rei encargó por mandato del jefe del cuerpo la colocación de tres cámaras de grabación y su correspondiente equipo de control de las imágenes a la empresa Activa Seguretat 2013 SL, de la que es administrador mancomunado Juan Carlos Molina Bejarano, hermano del alto mando local.
Al tratarse de un procedimiento de menor cuantía, los aparatos y la obra se adjudicaron a dedo sin necesidad de concurso. No obstante, se hizo el encargo de un presupuesto a otras dos empresas, que presupuestaron los trabajos por un importe mayor al de Activa Seguretat. La empresa del hermano del jefe policial facturó por sus servicios el día 20 de mayo de 2017 un total de 1.532, 20 euros,
Presupuestos por conceptos diferentes
Se da la circunstancia, y así consta en la documentación del juzgado, que las otras dos empresas que presupuestaron el encargo lo hicieron por conceptos diferentes al que lo hizo Activa Seguretat, lo que explicaría que ambos presupuestos fueran de un importe considerablemente superior (3.230, 60 euros y 4.437,07 euros, respectivamente) al de la empresa adjudicataria.
Al encargar las cámaras de vigilancia a la empresa de su hermano, Jordi Molina podría haber incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias, algo que deberá ser calificado por la fiscalía, que ya ha iniciado actuaciones al respecto. La Ley de Policías Locales 16/91 en su artículo 49 h considera como falta grave “la intervención en un procedimiento administrativo si existen motivos de abstención”, como en este caso el vínculo de consanguinidad entre el adjudicador y el administrador de la empresa adjudicataria.
Además, según la Ley 40-215 de 1 de octubre que marca el régimen jurídico sancionador del sector público está considerada una “infracción grave” adjudicar directamente servicios y contratos a personal con las que se mantiene “un interés personal o amistad”. En un caso como este, la ley señala que el adjudicador (en este caso el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei, que vetó a un agente en las elecciones sindicales por ser constitucionalista) debería haberse “abstenido” en el procedimiento y haber comunicado su relación con la empresa adjudicataria “a un superior” o a “los órganos jerárquicos superiores”, en este caso el exconcejal de Gobernación y actual jefe de Protección Civil, Anton Pedrola (PDeCAT).
Una cámara de vigilancia que graba a los guardias urbanos
A la denuncia por el posible tráfico de influencias por la adjudicación de las cámaras, hay que añadir dos expedientes sancionadores por una mala colocación de estas mismas cámaras abierto tras una auditoría de la ApdCat, solicitada por la fiscalía de Sant Feliu. En concreto, se han detectado dos infracciones por su ubicación incorrecta y por vulneración del principio de minimización de datos. La infracción se debe a que la cámara no solo enfoca y graba la parte interior de la entrada a la comisaría, sino también al guardia urbano que hace el servicio de puertas, control y atención a los usuarios, así como al ordenador con el que este trabaja porque está colocada irregularmente detrás del puesto de trabajo.
Esta ubicación irregular hace suponer que las cámaras se utilizaban en realidad por parte de Jordi Molina -que es quien las maneja y tiene acceso a las grabaciones- “para vigilar a los agentes”, según explican fuentes próximas a la investigación judicial. Según la denuncia, el propio jefe de la Guardia Urbana habría generado “la necesidad de instalación de las cámaras”, lo que significa que la idea de adquirirlas habría partido de él.
El juzgado número 1 de Sant Feliu también está investigando si pudo haber algún tipo de conducta irregular cuando se solicitaron los tres presupuestos relacionados con una obra de mayor cuantía por conceptos diferentes entre sí, lo que habría justificado la adjudicación al presupuesto más bajo. También se ha puesto en conocimiento de la fiscalía que en este procedimiento podrían haberse falseado informes oficiales.
