El juez Adolfo Carretero ha decidido inhibirse en la investigación de las grabaciones del aeropuerto de Barajas del día en el que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo un encuentro desvelado por Vozpópuli con la número dos del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.
Ahora se encargará de toda la investigación el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, al que le había tocado por reparto investigar la actuación policial de los agentes que acompañaron al ministro tras la querella presentada por el Partido Laócrata contra los miembros de las fuerzas de seguridad que prestaron servicio en la terminal de vuelos privados de Barajas. También contra los vigilantes de seguridad privada y el personal de AENA.
Su titular es Antonio Serrano-Arnal, quien ordenó a todas las entidades financieras que bloqueasen todas las cuentas y productos a nombre del ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, en el 'caso Bankia.
Dos juzgados no podían investigar de forma paralela al tratarse de los mismos hechos, de manera que uno de los dos tenía que inhibirse en favor del otro. Como adelantó Vozpópuli, tenía preferencia el escrito que se presentó primero, en este caso el del Partido Laócrata.
Una vez que la juez de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, en funciones de guardia, instó a AENA a no destruir las grabaciones -la Policía lo notificó a las autoridades de Barajas el mismo martes-, remitió la demanda presentada por el PP a reparto.
En este caso, la demanda que presentó el PP por prevaricación y desobediencia que pedía como medida cautelar urgente poner a salvo las imágenes recayó en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Su titular es Adolfo Carretero, que archivó la investigación sobre el supuesto espionaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
El partido Laócrata también presentó una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo, en este caso solo contra Ábalos. Acudieron al alto tribunal por la condición de aforado del ministro. La querella, fechada el 6 de febrero, ha recaído en el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Manuel Marchena, que presidió el juicio del procés.
