Un juez de Madrid ha archivado la investigación abierta por una posible "filtración masiva" del sumario de los CDR al entender que cuando se publicó por primera vez ya se había levantado el secreto de ese sumario y estaba al alcance de las partes personadas, con lo que no hay delito de revelación de secretos.
El juez del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid Adolfo Carretero cree que de la investigación llevada a cabo "queda claro" que ningún funcionario judicial o policial filtró las actuaciones a la prensa, sino que un funcionario dio traslado de las mismas a las partes personadas en la causa, según el auto al que ha tenido acceso Efe.
Entre esas partes están las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares que ejercen Vox, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y la asociación de víctimas de Cataluña Acvot.
El juez tiene en cuenta que las actuaciones ya no eran secretas, que "un número indeterminado de personas" tuvo acceso al sumario y que la periodista que lo publicó por primera vez en 'La Vanguardia' no facilitó la identidad de su fuente acogiéndose a su derecho constitucional.
También recuerda que cuando esa periodista publicó por vez primera datos del sumario fue el 8 de noviembre y el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso había levantado el secreto sumarial el 21 de octubre.
La Fiscalía recurrió y el juez Juan Carlos Peinado reconsideró su decisión y suspendió esas imputaciones
Y concluye que seguir adelante con las pesquisas le adentraría en una "investigación prospectiva sin datos objetivos para la misma que podría vulnerar los derechos fundamentales de personas totalmente inocentes y ajenas a la filtración".
Por ello, acuerda archivar la causa "porque no está suficientemente acreditado que se trate de un delito de revelación de secretos" y porque, además, "no puede imputarse a persona alguna determinada".
Carácter reservado
El juez recuerda en su auto que incluso los gabinetes de prensa de los tribunales distribuyen "con las debidas garantías" resoluciones judiciales de carácter reservado, que no secreto, como es el caso si tienen suficiente "importancia pública".
Este caso motivó inicialmente la imputación de varios periodistas de ocho medios de comunicación por un presunto delito de revelación de secretos, pero la Fiscalía recurrió y el juez Juan Carlos Peinado reconsideró su decisión y suspendió esas imputaciones.
La causa tuvo su origen en la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por las defensas de los presuntos miembros de un ala radical de los Comités de Defensa de la República (CDR), investigados por terrorismo, que solicitaban que se indagase la "filtración masiva" del sumario.
