Tal y como anunció este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha dado luz verde y publicado en el BOE el Real Decreto-ley que envía a sus casas a todos aquellos trabajadores de sectores no esenciales que aún estaban prestando sus servicios, a pesar del estado de alarma vigente desde el día 14. Lo harán con permisos retribuidos que deberán abonar las empresas y, posteriormente, recuperarán en forma de horas de trabajo. El objetivo es "minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible" del COVID-19 en la economía española.
La medida pretende, según figura en el documento, impedir que la pandemia afecte a la actividad económica y al "mantenimento y la salvaguarda del empleo, evitándose así una situación de desprotección y garantizando el restablecimiento y recuperación de la actividad económica" una vez que se levanten todas las restricciones actualmente en vigor. (Puede consultar el Real Decreto-ley íntegro en este enlace).
Consultas con sindicatos y patronales
En el texto aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo se asegura que este permiso regulado ha sido consultado por el Gobierno "con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del país". Agentes que, añade, "son conscientes" de la necesidad de "afrontar la situación de excepcionalidad" creada por la pandemia del coronavirus.
De este modo, miles de trabajadores permanecerán en sus casas hasta Semana Santa cobrando íntegramente sus sueldos, que deberán ser abonados por las empresas. Unos y otros, además, deberán seguir cumpliendo sus obligaciones fiscales durante el periodo de cierre forzoso. Estas horas pagadas pero no trabajadas serán recuperadas por las empresas cuando se levante el confinamiento casi total ya vigente en el país desde este domingo.
Según regula el Real Decreto-ley, empresas y trabajadores tendrán un plazo de siete días para la negociación. La recuperación de las horas "deberá respetar la normas imperativas en materia de jornada y derechos elementales de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Quedarán fuera de esta medida todos aquellos trabajadores y empresas considerados esenciales para luchar contra el COVID-19. Así, todo lo relacionado con la sanidad y las industrias vinculadas a la misma se mantendrá operativo. Lo mismo sucederá con la industria alimentaria, desde su producción hasta su venta en comercios. No podrán irse a casa tampoco los trabajadores de medios de comunicación, estancos, notarías o aseguradoras, entre otros.