La postura de la Generalitat ante la intervención del Ejército en la lucha contra la pandemia del coronavirus es, como mínimo, titubeante y no puede sino resultar confusa para la opinión pública en general, dejando de lado las posturas políticas en otros temas.
Al día siguiente a la declaración del estado de alarma, el Gobierno ordenó la movilización de todo el Ejército, facultaba a los militares para ejercer de agentes de la autoridad y manifestaba la intención de desplegarlos donde hiciera falta.
Ese mismo día, el 15 de marzo, el presidente del Govern, Quim Torra, marcaba el tono de la política de reproches y palos en las ruedas que iba a venir, afirmando que "la Constitución no es un fármaco contra el virus". Por una parte, rechazo al estado de alarma, que confisca competencias a Cataluña, y, por otra, petición inconcreta de medidas de aislamiento y confinamiento más estrictas.
"Innecesario"
El 18 de marzo, el consejero de Interior, Miquel Buch, afirmaba con contundencia que «desplegar el Ejército en Cataluña es innecesario». Para hacer cumplir las medidas que implica el estado de alarma serían suficientes los Mossos d’Esquadra y las policías municipales.
El 19, en el marco de la llamada Operación Balmis, llegaba a Barcelona un contingente de 85 militares y 28 vehículos ligeros, del Batallón de Emergencias de Zaragoza, con la misión de hacer tareas de desinfección en el puerto de Barcelona y el aeropuerto de El Prat, que dependen de la Administración central y cuya importancia estratégica es evidente.
En esos días circuló en medios independentistas el bulo de que el Ejército o la Guardia Civil, según versiones, estaba requisando material de protección contra el coronavirus —algo que, conforme al estado de alarma, podría hacer—; en realidad, sólo se pedía documentación para acreditar que el material está homologado y prevenir la exportación. Tal vez era un intento desesperado para soliviantar a la población contra unos militares cuya intervención sólo podía ser vista con buenos ojos.
El tuit cupaire
El procesismo reaccionó con notoria aversión a la presencia del Ejército en Cataluña. Ya el 16 de marzo Joan Coma i Roura, concejal de la CUP en Vic, perpetró un tuit que decía: "Si vemos al Ejército, abracémoslos fuerte, tosiéndoles en la cara. Igual así se van y no vuelven más". Unas palabras que la entidad Sociedad Civil Catalana ha llevado hasta la Fiscalía de Cataluña por si fueran constitutivas de delito.
También la entidad Òmnium Cultural se ha subido al carro de las mofas contra el Ejército. Lo hizo el pasado día 23, divulgando un video en el que intentaba ridiculizar al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya. El JEMAD había dicho que "47 millones de españoles lucharán unidos para ganar al virus". "El Rey es el primero de todos", añadió", "confíen en el Ejército y viva España". A esta arenga respondieron los de Òmnium: "El jefe del virus mayor confía en el Rey y el ejército para unir a los soldados. Hoy es lunes 47. España luchará para ganar a los españoles. ¡Viva los millones!".
Para el día 25 de marzo, la propagación del virus en Cataluña era ya incontrolable y el mismo consejero de Interior que había rechazado la ayuda de la UME indicaba que recurriría a ellos "si lo necesitamos". Buch justificaba sus palabras apelando a que el Ejército "lo pagan también los catalanes".
La situación ha ido agravándose y han sido los ayuntamientos los que han reclamado la intervención militar, especialmente en el caso de las residencias geriátricas. Así ha sucedido en ciudades como Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sabadell, que han pedido directamente la ayuda a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
Ayuda para desinfectar
Ante estas peticiones, la respuesta de la Generalitat ha sido criticar las actuaciones, por haberse realizado "por sorpresa, de forma aleatoria, y sin coordinación". Pero, un día más tarde y en abierta contradicción con esta postura, el 27 de marzo la Generalitat pide oficialmente por primera vez ayuda al Ejército, a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y con el objetivo de que la UME desinfecte un centro de menores en Badalona, donde se han detectado casos de coronavirus.
Paralelamente, sin embargo, pone trabas a otras intervenciones como la construcción del hospital de campaña de Sabadell, que servirá para descongestionar el Hospital Parc Taulí y que podría entrar en funcionamiento el próximo día 10. Desde el Departamento de Salud, se han criticado cuestiones como la estética de la instalación, creada con tiendas de campaña. Además, tampoco les parece bien que lo esté acometiendo la UME. Ante esta situación, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), ha dejado claro que lo menos importante es "si son tiendas de campaña, paneles o si quieren poner unicornios". "Lo que decimos", ha añadido en declaraciones a la Sexta, "es que este hospital de campaña se necesita y no puede ser que ninguna decisión que se tome haga que el calendario vaya más lejos de lo previsto".
Presunto delito de homicidio
La situación ha llegado a tal punto que un abogado anónimo ha presentado este martes una denuncia contra el presidente Quim Torra y la titular de Salud. Lo ha hecho ante el juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell y "por un presunto delito de homicidio y otros que se deriven" de la paralización de ese hospital de campaña, según ha informado Crónica Global.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Sant Cugat, el socialista Pere Soler, teniente de alcalde, ha usado la red social Twitter para lamentar denunciar los obstáculos que está poniendo la Generalitat para que la UME pueda ayudar a frenar la pandemia en Cataluña. "Cada día que pasa la negligencia es más grande", ha publicado Soler, "necesitamos profesionales para desinfectar nuestras residencias. Están en juego vidas humanas".
⚠️És lamentable que la @gencat freni l’actuació de la #UME a #SantCugat i d’altres municipis, cada dia que passa la negligència és més gran, tenim necessitat de poder disposar de professionals per desinfectar les nostres residències!! Estan en joc vides humanes ??
— Pere Soler Artalejo (@SolerPere) March 31, 2020
La alcaldesa de la misma ciudad, la republicana Mireia Ingla, no ha rechazado la ayuda de la UME en declaraciones a Tot Sant Cugat: "La Generalitat es quien autoriza las acciones de limpieza en las residencias de toda Cataluña. Ahora mismo la limpieza la estamos haciendo el Ayuntamiento y el Govern. La UME debe estar preparada por si las empresas se quedan sin personal por bajas de Covid-19 o por confinamiento".
El conflicto entre la administración autonómica y los ayuntamientos está servido y no puede disimularse. Si en el mundo local se percibe que la Generalitat tiene, en estos delicados momentos, otras prioridades que no son la atención inmediata a la salud de los ciudadanos, y toma decisiones erráticas, movida por quien sabe qué objetivos tácticos, el descrédito del gobierno Torra será mayúsculo y de consecuencias políticas impredecibles.
