La Generalitat exigirá al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que en la mesa de negociación que se abrirá este mes de febrero entre ambas instituciones participe un mediador. Así lo ha confirmado este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Meritxell Budó, tras la reunión del consejo ejecutivo del Govern presidido por Quim Torra. La exigencia, ha recordado Budó, se basa en el acuerdo aprobado el pasado día 6 por el Parlament, reclamando esta figura como "garantía" de que los acuerdos que adopte la mesa pactada entre PSOE y ERC se llevarán a cabo. El mismo día, pero horas antes, fue el propio presidente del Gobierno quien, tras reunirse con Torra, negó esta posibilidad, apelando a que los testigos de la negociación serán los "47 millones de ciudadanos" de España.
"Hay que dar garantías de todos los acuerdos que se tomen", ha insistido Budó. Acuerdos que, por otro lado, solo podrán referirse a los dos únicos temas que la Generalitat está dispuesta a tratar en esta mesa con el Gobierno de Sánchez: "derecho a la autodeterminación y fin de la represión". "Serán los temas únicos y exclusivos de la mesa de negociación", ha insistido la portavoz del Govern.
En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que "prisión y exilio" estarán presentes en la mesa de negociación. "Es una realidad que prisión y exilio son una parte del conflicto político" que, ha añadido, "no se ha resuelto". "En este marco de negociación, han de poder participar", ha añadido, aunque sin explicar de qué manera.
Budó ha indicado también que, paralelamente a la mesa de negociación, deberá abrirse una "comisión bilateral" entre Cataluña y el Gobierno central. En este caso, se trata de una nueva mesa de negociación que tratará sobre "temas de gestión competencial".