La asociación catalana de juristas Llibertats ha emitido un comunicado en el que advierte que forzar “las costuras del Estado de Derecho” ,como proponen hacer algunos partidos políticos para recuperar los artículos del Estatut de 2016 que fueron declarados anticonstitucionales, sin una reforma previa de la propia Constitución “supondría un claro fraude de ley y un ejercicio desleal de la representatividad que ostentan nuestros cargos políticos"·. Llibertats reitera que resulta “inaceptable” en el marco de un Estado de Derecho, “plantear fórmulas que ya en su momento fueron declaradas por el Tribunal Constitucional contrarias al marco constitucional vigente.”
La asociación de juristas insiste en que en un Estado de Derecho como España “no puede haber espacios de impunidad por razones de oportunidad política” y que toda vulneración del ordenamiento jurídico que se produzca comportará siempre “una respuesta judicial”. Los expertos en leyes catalanes subrayan que cualquier solución política que pretenda resolver los problemas que aquejan a España, y en especial a Cataluña, como el órdago separatista, ”debe abordarse dentro del estricto respeto al marco jurídico vigente y a su interpretación por las resoluciones de los tribunales”. Y añaden que cualquier posible reforma del marco jurídico vigente “debe afrontarse por los cauces legalmente establecidos, sin atajos que contravengan la finalidad o espíritu de las normas o de las resoluciones que las interpretan”.
La asociación Llibertats denuncia que se han tergiversado las decisiones de la Justicia Europea respecto a la sentencia del Procés (y en concreto al ‘Caso Junqueras’) no ponen en entredicho a la Justicia Española si no al contrario, como “así lo ha entendido y respetado el propio Parlamento Europeo”. Todas las instituciones europeas, precisan en el comunicado, van en la línea de“reforzar la convicción de que nuestro sistema judicial funciona con plenas garantías”.
Que cesen las injerencias políticas que desconocen la realidad judicial
Por este motivo, Lliberats pide a los políticos que desconocen “la realidad del proceso judicial” que cesen “en sus constantes ataques e injerencias en el trabajo y buen funcionamiento de nuestros órganos judiciales, para que estos puedan realizar su trabajo con independencia y rigor”. Los juristas catalanes admiten que las críticas a las actuaciones o resoluciones judiciales son “por supuesto absolutamente legítimas” pero deberían conllevar un exhaustivo conocimiento jurídico” de la materia que se critique.
