Más allá de las cesiones concretas que Pedro Sánchez y los suyos han otorgado a sus socios de investidura, lo más grave es su legitimación del nacionalismo y su frontal ataque a la separación de poderes, esencia del estado de Derecho y de la democracia liberal, tal y como se entiende en Occidente. España se desliza hacia un régimen populista, que, al encumbrar los nacionalismos periféricos, avala también el nacionalismo español, lo que sin duda beneficia a su teórica bestia negra, VOX, a la par que abre las puertas al populismo de izquierdas, con la entrada de Podemos en el Gobierno, y con la propia deriva del Partido Socialista. Evidentemente, al abrazar el populismo de izquierdas, está también favoreciendo y legitimando el de derechas.
No se trata de una opinión subjetiva. Los textos de los acuerdos, los discursos en el debate de investidura, el debate en el Parlamento catalán son incontestables. ¿O cabe otra interpretación cuando, en el acuerdo con el PNV, se dice “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña, como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia? ¿O cuando se someten las iniciativas del Gobierno a su comunicación por anticipado al PNV, comprometiéndose a llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia?
La misma idea cuando se ampara el saltarse las leyes por parte del secesionismo catalán, no distinguiendo entre la libertad ideológica y de pensamiento y las acciones contrarias al ordenamiento jurídico, y se premia a los infractores no ya con medidas de gracia, que son competencia del Gobierno y, por tanto, legítimas, sino favoreciendo sus reivindicaciones, negando el conflicto interno en Cataluña y convirtiendo al Govern en un interlocutor de igual a igual con el Gobierno del Estado, lo que implica legitimar sus actos violentos y su desprecio a la ley, además de reforzar el nacionalismo como ideología dominante en Cataluña.
Este desprecio al ordenamiento jurídico en el que confluyen el populismo cesionista con el podemita es el certificado de muerte del estado de Derecho. Sus consecuencias las iremos viendo durante la legislatura. Fraccionamiento cantonal. Choque de nacionalismos. Populismo económico y social. Sólo cabe el milagro de que algún socialista enferme o se rebele contra tamaña ignominia el día de la votación.
