La que fuera dirigente del PSOE y exlíder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez (Sodupe, Vizcaya, 1952), acaba de lanzar junto al filósofo Fernando Savater, la exdirigente popular María San Gil y el exsocialista Jesús Cuadrado la plataforma Unión 78. Con ella, aspiran a resucitar el espíritu de Basta Ya —la asociación que se rebeló contra el terrorismo de ETA— para defender las instituciones democráticas de la amenaza secesionista. Y es que, según Díez, “la democracia deber ser militante, aunque nuestra Constitución no lo sea”.
Ha comparado Unión 78 con Basta Ya, la plataforma fundada en el País Vasco hace veinte años para “defender la democracia” y sus instituciones. ¿Por qué vuelve a ser necesario?
Creemos que en España hace falta dar a los ciudadanos un instrumento para salir a la calle no solo ni fundamentalmente para protestar sino para defender lo común, nuestras instituciones democráticas, el sistema del 78, la ciudadanía. Lo que hemos conquistado y lo que ahora está en riesgo. La democracia debe ser militante, aunque nuestra Constitución no lo sea. Salir a la calle a reencontrarnos, a sentirnos mayoría quienes queremos progreso y no trincheras es ahora necesario a nivel de toda España. Como lo fue hace 20 años en el País Vasco, cuando fundamos Basta Ya.
El exdiputado socialista Jesús Cuadrado señaló que la plataforma hará lo posible para que los “amigos del Partido Socialista vuelvan a creer en el Estado constitucional”. ¿Ha dejado de ser el PSOE un partido constitucionalista?
A los partidos políticos, como a las personas, hay que juzgarles por lo que hacen, no por lo que dicen. Un partido que reniega en la practica del sistema del 78 —pues elige como socios políticos a partidos que quieren destruir la democracia que pudimos construir a partir de la Constitución del 78— y que pacta gobiernos con terroristas y golpistas, no es un partido constitucionalista.
A los partidos políticos, como a las personas, hay que juzgarles por lo que hacen, no por lo que dicen
Ustedes defienden que el “derecho a decidir” existe, pero no corresponde solo a Cataluña, sino a todos los españoles. ¿Cuál es la razón?
En democracia el derecho a decidir se expresa cada vez que vamos a las urnas. Y eso, en España, está garantizado y lo ejercemos cada cuatro años en el ámbito que corresponde, local, autonómico, municipal y europeo —en este ámbito cada cinco años—. No admitamos que se pervierta el lenguaje; le llaman “derecho a decidir” porque es un término más engañoso que independencia. Como digo, el derecho a decidir lo ejercemos en cada ámbito siempre que somos convocados a las urnas.
¿Y en qué medida afecta a la integridad del Estado la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social tras el pacto entre el Gobierno central y el PNV?
Hay una serie de sentencias del Tribuna Constitucional —nueve que yo conozca— que ponen de manifiesto que, si se transfiriera la gestión del sistema económico de la Seguridad Social a las comunidades autónomas —en este caso, al País Vasco— para que cada una de ellas tuviera garantizado el monto para pagar sus pensiones al margen de lo que ocurriera en la Caja Común, ese hecho supondría no solo la ruptura de la Caja única —clave para garantizar la sostenibilidad y la solidaridad— sino que conllevaría la quiebra del principio de igualdad entre ciudadanos. Y la igualdad es un principio irrenunciable de nuestra Constitución, no es un asunto negociable ni transferible.
En democracia, el ‘derecho a decidir’ se expresa cada vez que vamos a las urnas
También se han mostrado preocupados por la educación publica en Cataluña, que consideran “pervertida” por las ideas nacionalistas. ¿Qué opina, entonces, de que la reforma de Isabel Celaá deje en manos de Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana la decisión de que sus alumnos reciban o no parte de la enseñanza en lengua castellana?
Nuestra preocupación por el sistema educativo más allá de lo que está ocurriendo en Cataluña y en el País Vasco, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En las Comunidades en las que gobiernan los nacionalistas, la escuela es nacionalista; y eso es una barbaridad desde todo punto de vista, porque educar en el odio y en la mentira es no educar. Nos preocupa que en España existan diecisiete sistemas educativos, que no haya un currículum común… Así es imposible un Pacto Educativo son sentido de Estado. La ley llamada Celaá abunda en todos los males señalados y añade uno más: la exclusión, de facto, de la lengua común como lengua vehicular. ¿Quien lo pagará? Pues quienes más necesiten la protección del Estado las clases sociales más débiles, porque ella y sus amigos llevarán a los niños a los colegios privados.
Por su parte, el Supremo ha confirmado que TV3 y Catalunya Ràdio vulneraron la neutralidad informativa en 2017. ¿Cómo actuar frente a la deriva de los medios de comunicación públicos catalanes?
“A buenas horas mangas verdes…”, decía mi madre. El problema no son solo los medios públicos catalanes, o vascos… El problema es que en España, salvo contadísimas excepciones, la prensa se divide en prensa pública y prensa concertada. Y así nos va.
En España, la prensa se divide en prensa pública y prensa concertada
La Generalitat alcanzó el año pasado su cifra record de multas lingüísticas, recaudando un total de 55.000 euros. ¿Ve lícitas este tipo de sanciones?
Son ilícitas e ilegales, según reiteradas sentencias de los tribunales superiores de Justicia y del Supremo. Hay una figura que se llama “ejecución de sentencia” que no se aplica. Pero, ¿cómo se va a aplicar la ley a los mismos tipos que negocian con Sánchez el gobierno, los presupuestos y las reformas del código penal para salir sacar de la cárcel a los golpistas?
Gracias al Fiscal Superior de Cataluña, hemos sabido que los presos del procés recibieron mientras permanecieron en las cárceles catalanas 2.300 visitas, sin contar las de familiares y amigos. ¿Cómo se explica la empatía que despiertan unos políticos condenados por perpetrar graves delitos contra la democracia?
Es fácil: ser grandes delincuentes —en este caso sediciosos y ladrones, por ambos delitos están condenados— es rentable en la España de Sánchez. Si eres del club de los delincuentes —ya sean golpistas, terroristas nacionales o miembros de dictaduras extranjeras— en la España de Sánchez tienes posibilidades de medrar.
Transferir la Seguridad Social al País Vasco supondrá la ruptura de la Caja Única y la quiebra del principio de igualdad entre ciudadanos
Ciudadanos se vio obligado a abandonar la manifestación del 8-M entre gritos e insultos. ¿Corre el riesgo el feminismo de dejar de ser transversal?
Ciudadanos no debió irse de la manifestación sino exigir al Ministro del Interior, que allí estaba, protección para hacer efectivos su derecho a manifestarse libre y pacíficamente. Pero dicho eso, la caterva de mujeres y machos alfa que animaron esa manifestación ni es transversal ni es feminismo. Es sectarismo puro y duro; y supone un enorme retroceso en la lucha por la igualdad. Además de una irresponsabilidad desde un punto de vista de la salud, como se ha visto. Pero vaya, esa es otra cuestión, aunque en el fondo es la misma: a este gobierno le preocupa más su pugna interna y la propaganda que el bienestar de los españoles.
Pablo Iglesias, que en su momento impidió un acto protagonizado por usted en la Universidad, ha sido víctima recientemente de dos escraches: uno en la Complutense y otro en la puerta de su casa. ¿Qué les diría a los que siguen considerando legítima esta forma de protesta?
Yo estoy en contra de los escraches, nunca los he considerado, como Iglesias, “jarabe democrático”. Estoy en contra también cuando se los hacen a un experto escracheador como es él.
