La Generalitat de Quim Torra y Pere Aragonés continúa con la construcción de su República digital independiente. Los Presupuestos de este año contemplan un presupuesto de 604 millones de euros para la Consejería de Políticas Digitales, pero la mayor parte, el 84%, irá destinado al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), hasta alcanzar los 513 millones de euros.
La cantidad destinada al CTTI supera al concedido para las políticas de Empleo, cuyo presupuesto es de 459 millones. También a Infancia, con 309 millones, y en más del doble del Presupuesto de Cultura, con 240. Se trata así de una joya de la corona para el Govern de Torra.
Malversación en el CTTI
Esta entidad no está exenta de polémica. Su director de Estrategia, Josué Sallent, está procesado por malversación en la causa del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona contra el procés. Desde esta entidad se trató de implementar el DNI catalán y fue una pieza clave para la celebración del 1-O al facilitar el acceso al censo de la consulta y obtenido de forma presuntamente irregular, también pesan acusaciones de malversación de fondos públicos, asignaciones de contrataciones a dedo, fragmentación de contratos para evitar los concursos públicos, entre otros, según ha denunciado Ciudadanos en el Parlament.
La Generalitat no solo ha convertido al CTTI en una parte más de las denominadas estructuras de Estado sino también en una protegida. El Govern de Torra se ha negado a realizar una auditoría a este ente, mientras sus máximos responsables rechazan comparecer ante el Parlament, según ha denunciado Ciudadanos.
JxCat, ERC y En Comú Podem evitan la auditoría
Se trata de uno de los organismos "más opacos" de la Generalitat, ha afirmado el diputado 'naranja' Dimas Gragera. Por este motivo, pedían auditar las cuentas y dar una mayor transparencia a esta entidad. La propuesta presentada por Ciudadanos obtuvo además el apoyo de PSC y Partido Popular, mientras las formaciones independentistas votaron en contra y En Comú Podem se abstuvo.
Pese a las causas abiertas con la Justicia, el CTTI mantuvo en el cargo a Jaume Camps, exdiputado de CiU, como secretario de los servicios jurídicos. Camps fue imputado en el caso Palau, pero fue absuelto no porque no cometiera delito alguno, sino por la prescripción de los mismos.
