El Ayuntamiento de Barcelona ha contratado este 2019 los servicios de la empresa Inipro, imputada por varios casos de corrupción que afectan a distintos consistorios catalanes, entre ellos el de Tarragona y Viladecans.
El equipo de Colau sigue confiando en esta empresa desde 2016 y en total le ha otorgado por contratación directa, es decir, sin licitación pública, la suma de 309.222 euros repartidos en diversos contratos menores (19 contratos menores en 2016; 7 contratos menores en 2017 y 10 contratos menores en 2018).
Barrio de Horta-Guinardó
Hasta este junio de 2019, cuando la compañía Inipro está siendo juzgada por la Audiencia de Tarragona y se está a la espera de que se celebre la vista oral del juicio, el equipo de la alcaldesa le ha otorgado tres contratos más a dedo según ha podido saber El Liberal, por un valor total de 12.870 euros. Se trata de tres proyectos destinados al distrito de Horta-Guinardó, relativos a “Actividades programa para mujeres” (contrato de 3.000 euros), “Vermuts musicales Can Travi y Proyectos Comunitarios" (contrato de 2.480 euros) y “Actividades para jóvenes y adolescentes” (contrato de 7.390 euros).
Desde el equipo del consistorio explican a El Liberal que Inipro ya gestiona “los equipamientos” y que estos contratos menores obedecen a aspectos relacionados con los contratos mayores que se otorgaron por concurso público.
Código ético interno
El Artículo 71.1 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) exige que haya una condena mediante sentencia firme y en el presente caso no la hay, por lo tanto puede ser poco ético, pero no ilegal. No obstante, el Artículo 64.1 de la LCSP, relativo a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses insta a no contratar empresas sospechosas de este delito.
Asimismo, en los Pliegos de Cláusulas Particulares, el Ayuntamiento que lidera Colau incorporó una serie de medidas sociales que deben cumplir, mediante declaración responsable, las empresas licitadoras, como por ejemplo, no tener relación económica ni financiera ilegal con un país considerado paraíso fiscal. Si bien la evasión de dinero no es lo mismo que la corrupción, no resulta del todo coherente con el código ético de Barcelona En Comú.
Caso Inipro
En mayo de 2016 el juzgado de instrucción 1 de Tarragona investigó la contratación por parte del Ayuntamiento de Tarragona de un contrato negociado sin publicidad al que el ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de la localidad Antonio Muñoz invitó a las empresas Inipro, Itinere y Gallets Associats.
Actualmente se está a la espera de que la Audiencia de Tarragona dicte la apertura de juicio oral. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juzgado, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, lo que se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del entonces equipo de gobierno liderado por el exalcalde José Félix Ballesteros.
