Morena de bandera, Ana Losada es, sobre todo, asertiva. Orgullosa de ser la voz de las familias que intentan evitar que sus hijos sean víctimas del adoctrinamiento independentista en las aulas y patios de los colegios de Cataluña, Losada tiene claro que hay que "romper el silencio". Pero las denuncias de la entidad que preside necesitan respuestas y, sobre todo, soluciones. Es ahí donde, en su opinión, entra la responsabilidad del Gobierno de España que, hasta ahora, ha mirado hacia otro lado ante los atropellos del separatismo catalán en el mundo educativo. Losada no piensa cejar en su empeño y, en su charla con EL LIBERAL, demuestra que arrestos no le faltan.
La asociación que preside acaba de denunciar ante las inspecciones del Ministerio y de la Consejería de Educación el escándalo de las encuestas independentistas a alumnos de la ESO en institutos de Tarragona. También han presentado denuncia ante el Ministerio de Economía. ¿Cree que servirá para algo?
Esperamos una respuesta que sea rápida, clara y contundente. Porque las preguntas que se realizaban en la encuesta y las respuestas posibles eran tendenciosas e inducían a pensar que quien estaba preguntando estaba pidiendo claramente a los alumnos posicionarse en un lado u otro. Y dando por bueno que, en Cataluña, solo hay dos posibilidades: o ser solo español o ser solo catalán. Esta polarización a través de una encuesta entregada a alumnos menores de edad es lo suficientemente grave como para que las tres administraciones a las que hemos pedido ayuda nos respondan rápidamente.
¿Es la primera vez que la AEB detecta un intento de manipulación tan claro dentro de las aulas o es la línea habitual en la educación catalana?
Es difícil establecer un ranking de gravedad en cuanto a los sucesos relacionados con el adoctrinamiento en las escuelas en Cataluña. La verdad es que, si miramos solo los dos últimos años, desde la celebración del referéndum ilegal de octubre de 2017 hasta la actualidad, vemos que las denuncias son continuas y que abarcan diferentes ámbitos de la escuela. Por ejemplo, en octubre de 2017 vimos cómo los directores de los centros, los profesores, las AMPAS, colaboraban en un referéndum ilegal. Eso, antes de la celebración. El 2 de octubre de 2017 la mayoría de los centros públicos sacaron a los alumnos al patio a protestar contra lo que ellos consideraban una represión policial de las fuerzas de seguridad del Estado. Vemos que los libros de texto, a pesar de las denuncias continuas de nuestra asociación y de otras, siguen siendo el manual con el que nuestros hijos aprenden, por ejemplo, una historia falsificada de Cataluña. Es una historia que rompe totalmente cualquier tipo de conexión con el resto de España. Y, si se refieren a España, lo hacen siempre como un Estado que oprime a Cataluña. Vemos fichas complementarias de los libros de texto elaboradas por los propios profesores y en las que también se adoctrina. Por ejemplo, una ficha de Educación Ciudadana, en la que para profundizar en el tema del fascismo de los años 30 en Italia y Alemania, usan un texto que acaba ligando esto con las posiciones políticas del PP y de VOX respecto a la inmigración. Y acababan relacionando el nazismo con Santiago Abascal y con Pablo Casado.
Los casos de adoctrinamiento son muy graves y continuos y no hay freno.
Esto que cuenta es muy grave.
Hay muchos y continuos ejemplos de adoctrinamiento que son muy graves. La encuesta de Tarragona es, además, muy clarificadora de hasta qué punto las autoridades educativas catalanas se sienten en libertad para saltarse cualquier regla y preguntar a los alumnos sobre aquello que ellos consideran que deben de preguntar, sin tener ningún reparo ni ningún filtro. Esa encuesta se pensó en un despacho en la Universidad de Lérida y ha llegado sin ningún problema hasta el pupitre de un alumno de 14 años que ha tenido más sentido común que todas las autoridades educativas para decir ¿pero por qué me preguntan a mí por mi posición ideológica y si soy independentista, si me siento más catalán que español, si aprecio la cultura catalana o la española como si no fueran igual?
La verdad es que los casos de adoctrinamiento son muy graves y son muy continuos. Y el problema es que no hay freno y no parece haber nadie dispuesto a encauzar esa situación y cortar de raíz algo tan peligroso como que la escuela esté siendo utilizada por el Gobierno nacionalista de Cataluña.
En lo que a la encuesta se refiere, ¿usted cree que cuando los autores solicitaron la ayuda al Mnisterio de Economía informaron de que el trabajo que proponían incluía este sondeo?
Creo que el Ministerio de Economía no sabía nada de la encuesta en sí. Al fin y al cabo, lo que hace el ministerio es abrir una convocatoria, establecer unas bases y los proyectos que se presentan a esa convocatoria han de cumplirlas. La subvención se da a un proyecto de investigación que tiene determinados objetivos y ese grupo de investigación plantea cómo va a lograr la información que le permita obtener resultados sobre el tema a estudiar. Pero cómo van a llegar a esos datos no figura en la información que debes aportar para conseguir la subvención. Hemos consultado a profesionales que nos dicen que es muy improbable que el Ministerio de Economía conociera la encuesta y que esta formara parte de la documentación que se presenta para conseguir la ayuda. Realmente, la convocatoria establece una reglamentación tipo en la que se le pide al grupo de investigación que siga la normativa en vigor, en temas como la protección de datos, tanto según la legislación española como según la normativa que hay a nivel europeo.
¿Qué responsabilidad tiene, entonces, el Ministerio de Economía?
Personalmente, considero que es muy improbable que el Ministerio de Economía supiera qué se iba a preguntar. Sabría cuáles eran los objetivos del grupo de investigación y cómo pretendían conseguir esos datos que le permitieran avanzar en esa investigación. Puede que supieran de la encuesta, pero no sobre su contenido o sobre cómo se preguntaba. La responsabilidad no es del Ministerio de Economía hasta el punto de saber cómo se hacía esa encuesta. Pero sí tiene una responsabilidad ahora porque nosotros le hemos indicado que ese trabajo que obtuvo subvención está consiguiendo los datos de una determinada manera. Y el ministerio deberá investigar, estudiar lo que estamos diciendo y corroborar si nuestras acusaciones tienen una respuesta coherente o legal por parte del grupo de investigación y tomar una decisión. En nuestra opinión, deberían cortar esa subvención y pedir la destrucción de las encuestas que se hayan hecho hasta ahora.
Nosotros nos vamos a alegrar siempre de que Educación actúe de forma rápida contra el adoctrinamiento.
Aparte de los autores del estudio, ¿quiénes serían, según la AEB, los responsables reales?
El problema es realmente del departamento de Educación de Cataluña. El departamento sí que tuvo que recibir una información de ese grupo de investigación para poder pasar esa encuesta a los institutos. Por tanto, la persona que autorizó en el Departamento de Educación que esa encuesta podía presentarse a diferentes institutos de Cataluña vio la encuesta. La información que debe tener Educación para dar la orden de que se haga esa encuesta a los servicios territoriales le obliga a conocer cuál es el contenido de la encuesta. Por lo tanto, el Departamento de Educación sí que ha tomado una decisión, muy probablemente, conociendo el contenido de la encuesta. Los servicios territoriales tienen un director que también vio la encuesta y que pasó el filtro. Y, luego, está el director del centro, que también ve la encuesta, las preguntas, le da el visto bueno y la pasa al profesor de turno que la entrega en clase. Y ese profesor también ve la encuesta y no encuentra nada extraño y la entrega a los alumnos. Y es un alumno el que la ve y se cuestiona por qué le están preguntando por temas que no tienen nada que ver ni con la escuela ni con su formación. Y es ese alumno el que protesta. En toda la cadena de jerarquía de las autoridades educativas catalanas no ha habido nadie que haya parado la encuesta. Y está claro que, en el Departamento de Educación, alguien, para dar el visto bueno a ese grupo de investigación, tuvo que ver la encuesta. Lo que está claro es quienes sabían lo que contenía la encuesta eran los directores de los servicios territoriales, los directores de los centros y los profesores que la entregaron.
La gravedad del caso es tal que el propio Departamento de Educación ha paralizado la realización de las encuestas, tras la denuncia de la AEB y la petición del PSC de que el consejero Josep Bargalló comparezca ante el Parlament a dar explicaciones. ¿Ha sido una decisión rápida considerando que hablamos de la Administración?
Nosotros nos vamos a alegrar siempre de que Educación actúe de forma rápida y clara en contra de cualquier tema relacionado con el adoctrinamiento. Es verdad que se paralizó la encuesta menos de 24 horas después de que la denunciáramos. Pero seguimos sin saber cuántos centros habían hecho ya la encuesta antes de El Morell (Tarragona). Hay más centros implicados y hemos preguntado por ellos en el Portal de Transparencia y esperamos tener información en un plazo máximo de un mes. Educación, en este caso, fue consciente de que el revuelo mediático generado por nuestra denuncia era demasiada presión a la hora de dar una explicación coherente. La verdad es que el Departamento de Educación actúa habitualmente por su cuenta y casi nunca se siente presionado por ninguna autoridad educativa. Pero es evidente que el contexto político, la actual situación en Cataluña y las negociaciones para el Gobierno de España, no daban mucho margen a mantener esta polémica en el tiempo. Por eso se ha parado en seco la encuesta. Al menos, de momento. Imagino que habrán abierto una investigación y que tendrán que decir públicamente lo que han concluido.
Quien tiene que vigilar que no se cometan actos de adoctrinamiento es quien respalda a quienes cometen esos actos.
Pero esa rapidez, ¿se ha dado en otros casos denunciados por la AEB?
Ha habido otros casos en los que, aparentemente, se ha actuado rápido, como en la agresión de la niña de Terrassa, que también denunció la AEB. La agresión se produjo un martes. El revuelo mediático fue mayor que el de la encuesta. Y Educación, a los tres días, hizo público un comunicado diciendo que había concluido una investigación y que no habían llegado a un veredicto en el que pensaran que, detrás de ese mal comportamiento de una profesora hacia una alumna, hubiera una agresión. Cuando al Departamento de Educación le interesa que no se vuelva a hablar de un tema, lo corta de raíz. Así logra que salga de los medios de comunicación. Pero no lo hace para buscar una solución ni para dirimir responsabilidades sobre aquellas personas que han provocado esa situación. En el caso de la encuesta, me temo que sucederá como en otros casos. Se han hecho denuncias, públicas o privadas, y, al final, el Departamento de Educación respalda a los profesores, directores o personal administrativo implicados y aquí no ha pasado nada. Y, como no ha pasado nada, volverá a pasar. Y este es el día a día de la escuela catalana. Quien tiene que juzgar a las personas que cometen actos de adoctrinamiento son aquellos que están induciendo a que la escuela catalana esté adoctrinando a nuestros hijos. Por lo tanto, estamos pidiéndole al lobo que vigile al rebaño y que se autoinculpe de atacar a las ovejas. No tiene sentido.
¿Cuál sería, en su opinión, la solución?
Mientras no haya una autoridad educativa profesional y objetiva, que haga las investigaciones, que supervise esta situación de descontrol constitucional en la escuela catalana, no hay nada que hacer. Las autoridades que controlan la escuela catalana están trabajando por la independencia de Cataluña y, si no hay una autoridad que se preocupe por la formación de nuestros hijos y por una escuela plural, neutral y de calidad, el problema se perpetuará años. Hace falta una tercera voz que haga de árbitro neutral y que consiga encauzar estos numerosos casos de adoctrinamiento.
¿Esa figura no debería ser la Alta Inspección del Ministerio de Educación? Aunque las competencias en Educación las tenga la Generalitat, ¿no debería existir una figura estatal que controlara cómo se ejerce esta competencia?
Por supuesto que esa Alta Inspección debería ser la tercera voz, como bien dice. Pero la Alta Inspección de Educación no tiene ni la voluntad ni los medios. Piense que en la oficina de la Alta Inspección en Barcelona pueden trabajar tres o cuatro personas. Con eso no puedes controlar la situación de la escuela en Cataluña. No se puede revisar que lo que se hace se haga de acuerdo a la legislación vigente, que es la Constitución. No se puede pedir a una inspección sin medios que trabaje en una situación tan complicada como la que tenemos aquí en las escuelas. Y tampoco podemos pedir a esos funcionarios o personal designado para esta delegación responsabilidad de lo que no hacen.
La Alta Inspección tiene que velar porque la Constitución se aplique en todas las aulas de España.
Por otro lado, lo que no hacen es debido a que no tienen las órdenes de actuar por parte del Gobierno de España, sea del PSOE o del PP. En Cataluña se ha convertido en un órgano protocolario sin ninguna función. Son sueldos que nos podríamos ahorrar porque no está cumpliendo las funciones que debería cumplir. Es decir, velar porque los alumnos catalanes tengan los mismos derechos que los de Andalucía, Extremadura o Galicia. Tiene que velar porque la Constitución se aplique en todo el territorio catalán, igual que en el resto de comunidades.
Y este es el problema de la escuela española en general. No podemos tener 17 autonomías, con 17 sistemas educativos diferentes. No podemos escondernos detrás de la transferencia de competencias para eludir responsabilidades. No puede ser que la Alta Inspección nos conteste, como lo hizo el año pasado ante una petición de ayuda por numerosas denuncias relacionadas con el adoctrinamiento, que ellos no tenían competencias. Es una respuesta propia de un organismo que no tiene absolutamente nada que decir de lo que sucede en la escuela en Cataluña. Es como si nos contestara el Gobierno de Francia a una pregunta sobre algo propiamente español.
¿Entonces?
La Alta Inspección en Cataluña tiene que cambiar. Sus inspectores han de tener medios y una autonomía de trabajo que les permita, de forma proactiva, hacer seguimiento del día a día en la escuela catalana, hacer seguimiento de las denuncias que se presentan y ser una voz independiente y argumentada que pueda dar otra visión al Gobierno de España de lo que está ocurriendo aquí.
Porque, al final, la Alta Inspección no solo tiene la misión de velar porque el sistema educativo catalán cumpla las mismas normas que otro sistema educativo en otro punto de España. Es que también tiene la misión de informar al Ministerio de Educación de cómo se están desarrollando todas las actividades en el ámbito educativo catalán. Y tengo serias dudas de que esa información se recoja y llegue al ministerio. Y, si llega, dudo también de que el ministerio haga algo con ella. Como pasó en su momento con el ex ministro Íñigo Méndez de Vigo (PP). Recibió aquellas denuncias que muchos ciudadanos interpusieron ante la Inspección Educativa catalana con copia a la del Ministerio de Educación sobre los sucesos del 1 de octubre. Esa información llegó a Madrid y se guardó en un cajón porque Méndez de Vigo nunca actuó ni se pusieron sanciones administrativas a aquellas personas que habían colaborado en hacer un referéndum ilegal o a las que habían permitido simbología independentista en los centros. Y no se hizo ni antes, ni durante, ni después de la aplicación del 155 en Cataluña.
Ni siquiera durante la aplicación del artículo 155 en Cataluña tuvimos el respaldo del Gobierno de España.
Ni siquiera cuando el Gobierno ha tenido el control total del Departamento de Educación, durante el 155, y siendo el máximo responsable de la consejería Méndez de Vigo, ni en ese momento tuvimos un respaldo del Gobierno de España para dar respuesta a las quejas de los ciudadanos y establecer las sanciones que correspondieran a aquellos profesores, directores u otro personal del ámbito educativo que hubieran cometido actos irregulares. Y esto demuestra que la escuela catalana está únicamente bajo el control de la Generalitat porque nadie, excepto los padres, la supervisa. Y a las denuncias de esos padres no responde nadie ni se toman medidas sobre los hechos denunciados.
Desde la creación de la AEB, ¿notan que hay cada vez más familias implicadas y dispuestas a dar la cara a la hora de denunciar? Eso ha sido muy difícil de conseguir en Cataluña, gente dispuesta a dar la cara por el constitucionalismo.
Sí, sí que lo hemos notado. Y, de forma muy exponencial, desde el 1 de octubre de 2017. Nuestra asociación nació en 2014 y puedo asegurar que, en estos dos últimos años, hemos multiplicado por cuatro los contactos y las denuncias de familias que no se quieren callar, que han decidido que no se van a mantener en silencio cuando tienen datos y pruebas de la que las escuelas de sus hijos están cometiendo actos de adoctrinamiento y están vulnerando los derechos de sus hijos y de ellos mismos como padres. Al final, esta presión a la que nos está sometiendo el procés tiene su parte positiva. Nos han llevado contra las cuerdas y parece que el único pueblo de Cataluña es es el independentista y que la única escuela posible es una escuela monolingüe en catalán, que enseña a nuestros hijos que Cataluña es una identidad nacional sin lazos con el resto de España. Y eso ha tenido como consecuencia la reacción de los padres.
Muchas familias fueron conscientes de la gravedad de lo que está pasando el 2 de octubre de 2017, cuando cientos de niños salieron a los patios sin el permiso de sus padres para actuar como independentistas y protestar contra el trabajo de la Policía y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal.
La AEB nació en el área metropolitana de Barcelona. ¿Tienen ya delegaciones en el resto de provincias?
Nuestra asociación es pequeña pero está en crecimiento y nosotros hemos multiplicado nuestros contactos con padres de toda Cataluña y hemos tejido una red de colaboradores en todo el territorio que nos hace disponer de mucha información y poder denunciar con rapidez hechos que se producen en cualquier centro educativo catalán. Es muy importante romper el silencio. Si mantenemos este silencio, no será posible cambiar ni la escuela ni el resto de ámbitos. Si los ciudadanos no protestan ante esta apisonadora que es el independentismo, que intenta acallar cualquier tipo de disidencia, es imposible que podamos hacer ver al resto de España que en Cataluña hay diversidad y que somos muchos los catalanes que estamos en contra de la independencia y de que se utilicen las instituciones para construir una identidad que solo busca separarnos del resto de España y enfrentarnos entre nosotros.
Muchos se preguntan fuera de Cataluña cómo hemos llegado a esta situación. Y son también muchos los que cuestionan a los catalanes constitucionalistas por no haber actuado antes. ¿Qué les puede responder?
Es difícil porque dar respuesta a esos cuestionamientos significa reconocer que los catalanes constitucionalistas nos hemos equivocado durante muchos años. Pero hemos de reconocerlo porque realmente ha sido así. Ahora hemos llegado a un límite que ha hecho saltar a una parte de la sociedad que se había mantenido en silencio y que parecía que le iba bien un gobierno nacionalista. No decía nada ante un gobierno que velara por los intereses de Cataluña, que negociara de tú a tú con el Gobierno de España y que, a cambio de aprobar unos presupuestos en Madrid, tuviera plenas capacidades para hacer y deshacer, por ejemplo, en todo lo que se refiere a la escuela en Cataluña. Desde implantar la inmersión lingüística, que es un sistema ilegal, hasta el control de todas las competencias en Educación. Mientras, nos hemos mantenido callados. Y eso no lo podemos negar.
Los catalanes constitucionalistas tenemos que protestar contra la apisonadora que es el independentismo.
Pero esto ha ocurrido porque los partidos políticos, a nivel estatal, han llegado a acuerdos políticos con los partidos nacionalistas. Y los votantes del PSOE y del PP han visto cómo el partido al que votan pacta con el partido nacionalista, le cede competencias y mira hacia otro lado cuando se implanta la inmersión lingüística. Y ese votante piensa que debe ser algo que está bien, puesto que el partido al que vota llega a un acuerdo con Jordi Pujol o Artur Mas, se aprueban presupuestos, hay estabilidad económica y todos contentos.
Sí que los constitucionalistas en Cataluña nos hemos mantenido callados cuando era evidente que el nacionalismo estaba expandiéndose por todo el territorio como una mancha de aceite, ocupando las instituciones y bloqueando el acceso a los no nacionalistas a esas mismas instituciones. Y lo ha hecho por muchos medios, desde la elección a dedo de los inspectores de educación hasta la salida por la puerta de atrás de miles de profesores a los que se les exigía sin plazos una titulación en catalán si querían continuar trabajando en Cataluña. Sí, ha habido un silencio pero es porque aquellos partidos que debían defender los intereses de todos, incluidos los de los constitucionalistas, han incumplido. Han incumplido con su deber de defender los valores de la Constitución en Cataluña. Y han preferido pactar para obtener un rédito a corto y medio plazo y han abandonado el camino que debían seguir. No se puede llegar a pactos a cualquier precio. Y eso lo han hecho los dos grandes partidos que han gobernado España desde el inicio de la democracia. Los que han perdido en esos pactos han sido los catalanes constitucionalistas. Son los menos protegidos en Cataluña. Las instituciones catalanas no les protegen ni cuentan con ellos ni les respetan. Y el Gobierno de España ha abandonado a esos ciudadanos a su suerte. Sí que hay una responsabilidad por parte de los catalanes constitucionalistas. Teníamos que haber protestado antes y haber denunciado ante nuestros representantes, los gobiernos del PSOE y del PP, que no han protegido nuestros derechos.
Imagino que ven con cierto recelo la negociación entre PSOE, Unidas Podemos e independentistas para la formación del nuevo Gobierno central.
Nosotros siempre dejamos claro que nuestra asociación es transversal. Defendemos una escuela catalana transversal y plural y, por lo tanto, mantenemos fuera de la AEB las ideologías. Dicho esto, es evidente que un Gobierno que pacte con el independentismo no lo hará a costa de recuperar los derechos de la escuela en Cataluña. Y ese es para nosotros el peligro del futuro gobierno que se está negociando. Es también evidente que Unidas Podemos apoya la inmersión lingüística obligatoria y niega que haya adoctrinamiento. Nosotros les hemos pedido varias entrevistas para presentarles nuestros informes y se han negado a recibirnos, tanto en Madrid como aquí, con en En Comú Podem, en el Parlamento de Cataluña. Es un partido que está en las antípodas de lo que defiende la AEB y está totalmente alineado con las tesis nacionalistas que defienden una escuela catalana monolingüe y que continúe manteniendo una línea ideológica favorable a la creación de una identidad catalana. Y eso es lo que transmiten a nuestros hijos. El Gobierno del PSOE tampoco nos ha ayudado en todos estos meses. Entonces, esperanzas no tenemos muchas. Si se produce ese acuerdo, no estamos en el mejor de los escenarios.
¿Qué pide la AEB al nuevo Gobierno?
Como asociación, nosotros queremos un Gobierno que respalde a los catalanes constitucionalistas y que haga que las instituciones catalanas trabajen para todos los ciudadanos, sean o no independentistas. Obviamente, queremos también un Gobierno que ayude a que nuestra escuela sea una escuela plural, bilingüe y para todos. ¡Ojalá el próximo Gobierno tome la inciativa de solucionar un problema tan grave como el que estamos viviendo en la educación catalana! Y ojalá también tome conciencia de que la situación en Cataluña se ha contagiado a otras autonomías. Lo que sucede aquí está ocurriendo también en Valencia, Baleares, País Vasco, Galicia. Y es realmente preocupante. Se están vulnerando los derechos lingüísticos de los alumnos en muchos puntos del territorio español. Además, no es normal que cada autonomía tenga, a través de sus libros de texto, una versión diferente de la historia de España. Eso no puede más que agravar el conflicto territorial que se está viviendo en varias comunidades autónomas. Se está poniendo en duda nuestra Constitución en muchas partes del territorio.
La situación de Cataluña se ha contagiado a otras comunidades como Baleares o Valencia y puede tener consecuencias irreparables.
El conflicto territorial tiene un arma muy importante en la escuela y el adoctrinamiento. Y es algo lo suficientemente grave como para que cualquier gobierno responsable busque dar salida a un problema que, de crecer, supondrá una crisis de consecuencias irreparables.
¿Qué consecuencias ha tenido para usted, en su vida personal y laboral, ser la presidenta de la AEB?
En la asociación, somos muchos los que dedicamos nuestro tiempo personal para trabajar en los objetivos que tenemos. No somos liberados, ni somos la ANC u Òmnium. Aquí somos un grupo de personas que dedicamos nuestro tiempo libre a intentar abrir un poco de camino en una causa tan justa como que nuestros se merecen una escuela de calidad en la que formarse, una escuela que respete su identidad, una escuela en la que las dos lenguas de los catalanes sean vehiculares y una escuela en la que los libros de texto hablen con rigor científico de la historia y la cultura de Cataluña y de su relación con el resto de España. Para mí, ser presidenta de la AEB es un orgullo. Soy la voz de muchas personas en situaciones en las que es muy difícil dar la cara. No es lo mismo defender esto en Barcelona que en un pueblo del Pirineo o del interior de Tarragona. Y nuestra asociación tiene ese mérito, dar voz a personas que difícilmente pueden denunciar porque su entorno social les haría pagar un peaje muy alto.
A nivel personal, quienes me conocen, tanto en mi entorno profesional como en el resto, saben en qué estoy implicada. Pero lo personal es para mí secundario. Creo que defiendo una causa justa y que estoy haciendo lo que tengo que hacer en un momento en el que ya no nos podemos callar. Y todos mis compañeros piensan de manera similar. En la AEB somos un grupo de personas que no queremos seguir calladas y que intentamos dar voz a quienes quieren denunciar. Queremos ser también un ejemplo para que aquellos que hasta ahora no han hablado se decidan a hacerlo. Como he dicho antes, esta situación no va a cambiar si no rompemos el silencio. Romper el silencio en el ámbito de la escuela catalana es fundamental para que dejen de ocurrir cosas tan graves como la encuesta de Tarragona y para que podamos dedicarnos a mejorar la enseñanza en Cataluña, dejando de hablar de temas como el adoctrinamiento y la inmersión lingüística.
