Recientemente, el vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció durante la presentación de las líneas generales de su departamento la implantación “cuanto antes” de un “ingreso mínimo estatal para todos los hogares”. Pese a que no profundizó en la medida, sabemos por el programa de la formación morada y declaraciones pasadas de sus dirigentes que esta renta básica se percibiría a partir de un umbral de ingresos determinado, oscilaría entre los 600 y 1.200 euros y supondría un coste al erario público de entre 10.000 y 12.000 millones —a recaudar principalmente de las grandes fortunas—. Para conocer si la medida de Podemos es plausible —y también si la idea de una renta básica universal es conveniente—, El Liberal se ha puesto en contacto con diversos economistas para conocer su opinión al respecto.
Respecto a la implantación de una renta básica universal —más allá de la propuesta de Podemos— el director de Fedea, Ángel de la Fuente, no se muestra partidario. En su opinión, brindarle a todo el mundo una renta suficiente para vivir con independencia de sus otros ingresos tendría un coste muy elevado que habría que financiar con impuestos sustanciales. “Las distorsiones y desincentivos que esto generaría serán muy elevados y además innecesarios. Al ciudadano medio le haríamos un aparente regalo que luego terminaría pagando él mismo mediante una fuerte subida de impuestos, y que ambas cosas, el regalo y los tipos elevados, reducirían sus incentivos para trabajar”, pondera De la Fuente.
Asunto distinto, matiza el economista, sería una renta mínima para aquellos que “realmente la necesiten”, como las familias con niños en riesgo de pobreza. “De esto sí soy partidario”, señala, “aunque hay que diseñarla de una forma que reduzca lo menos posible los incentivos a trabajar y no termine generando trampas de pobreza”.
El IRPF negativo como alternativa
El historiador económico Gabriel Tortella, por su parte, está a favor de un mínimo de renta para todo individuo o familia. En concreto, de una que se obtuviese por medio de un impuesto (IRPF) negativo: “Se considera mínimo exento del IRPF una cifra de unos 12.000€ anuales. Pues bien con el IRPF negativo, todos estarían obligados a declarar sus ingresos. Ahora bien, quien declarase ingresos anuales menores de 12.000 tendría derecho a una subvención igual a 12.000 menos sus ingresos anuales”. A juicio de este experto, dicho sistema tendría la ventaja de que no implicaría un aumento sustancial de la burocracia, ya que la Agencia Tributaría se encargaría de administrar este impuesto negativo. “Haría falta, simplemente, un aumento del personal para procesar las declaraciones adicionales”, aclara Tortella.
Planteamientos muy distintos a los del profesor titular de Economía en la UB, Gonzalo Bernardos. A de este experto, si los ciudadanos reciben una renta sin tener que trabajar pierden los incentivos para hacerlo. “La prueba está, por ejemplo, en que los que tienen derecho a cobrar el subsidio de paro durante 24 meses, no empiezan a buscar trabajo hasta los 18 meses”, advierte Bernardos. “Otra cosa”, puntualiza, “son las personas que no pueden trabajar por incapacidad o motivos de salud. En ese caso, sí deben recibir una renta estatal”.
Las cifras no cuadran
Por lo que respecta la propuesta en sí realizada por Iglesias, a Ángel de la Fuente no le parece mal, “siempre que el diseño sea bueno” —en ese sentido, el economista aconseja más un impuesto negativo o complemento salarial que una renta mínima per se—. Sin embargo, las cifras manejadas por Unidas Podemos no le cuadran. “Si se calcula que puede afectar a 10 millones de personas y la cuantía prevista es de 600 euros al mes, el coste total no puede ser sólo de 10.000 o 12.000 millones anuales”, asevera.
Más duro se muestra Gabriel Tortella, que tacha la propuesta de Iglesias de “burda y cara de administrar”. Y es que, según Tortella, no se sabe de dónde podrían provenir los fondos destinados a tal medida. En primer lugar, los impuestos sobre las grandes fortunas como el que propone el líder de UP “suelen rendir muy poco, porque las grandes fortunas tienen medios que les permiten eludir estos impuestos, medios que acostumbran a ser muy perjudiciales para la economía, como la exportación de capitales a paraísos fiscales”.
Y en segundo lugar, “una propuesta como la de Iglesias o la que yo hacía antes parecen irresponsables en la presente situación en que el déficit presupuestario español es excesivo y persistente. Un aumento en el gasto público como el que estas propuestas traerían consigo exigiría un replanteamiento a fondo de la política presupuestaria que, como vemos, presenta graves problemas en la actualidad”.
Propia de populismos latinoamericanos
Finalmente, Gonzalo Bernardos reflexiona que la medida de Podemos sería lesiva para todos, incluidos los más humildes, porque dañaría la economía. “Comprar voluntades a golpe de subvenciones es propio de populismos latinoamericanos y siempre ha salido mal: toma de unos para dárselo a otros. Es peronismo puro”, sentencia. Según Bernardos, la solución no pasa por aumentar las subvenciones sino por incrementar el gasto público indirecto. “Esta vía”, explica, “podría sufragarse a través del impuesto de sucesiones o el de patrimonio. En cambio, la renta de Iglesias no está claro cómo materializarla. Seguramente, quedará en agua de borrajas”.
