La nueva ley catalana de Sanidad Universal no discriminará a los inmigrantes. Finalmente, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha decidido dar marcha atrás a la controvertida instrucción 05/2019 de actuaciones para eludir el fraude de ley en el acceso con cargo al CatSalut. Y es que esta norma, tal y como contó El Liberal, fue criticada por “racista” por colectivos como la Plataforma para una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat) y la Marea Blanca catalana.
El motivo de las críticas es que, según la instrucción prevista en el proyecto de la ley catalana de Sanidad Universal, los usuarios que careciesen de contrato de trabajo o alquiler y quisieran ser atendidos en un centro de salud pasaban a ser considerados como “defraudadores del sistema”. Además, dicha instrucción excluía de la atención sanitaria a los pacientes que no llevasen un mínimo de tres meses viviendo en Cataluña. Dado que ambas situaciones son corrientes en personas de condición inmigrante, los colectivos en defensa de la Sanidad Universal denunciaron el carácter “excluyente” de la norma, característica poco compatible con un ley que se presumía “universal”.
La norma inducía a interpretaciones contrarias a su finalidad
Así, mientras Marea Blanca consideró la instrucción “discriminatoria” para con los inmigrantes al catalogarlos como “defraudadores”, el Pasucat alertó de que los nuevos preceptos proyectaban “un imaginario de sospecha y de criminalización sobre las personas migradas y refugiadas que viven en Cataluña”. Esta última entidad también advirtió de que la medida perjudicaba a los más vulnerables: las embarazadas y los menores. En el caso de las primeras, debían acreditar su circunstancia de “exclusión social” para ser atendidas —y solo lo serían por lo que respecta a su embarazo—. En el de los segundos, solo se atendería a los que se hallasen en “alto riesgo de exclusión social” y además estuvieran “tutelados”.
Estas objeciones, que se recogieron en las alegaciones que presentó el Pasucat, han terminado surtiendo efecto. En una nueva resolución firmada por el director de CatSalutat, Adria Comella, se establece ahora que “las alegaciones recibidas en este trámite han evidenciado que el contenido de la Instrucción 05/2019 puede inducir a interpretaciones que son contrarias a su auténtica finalidad, que, en ningún caso, debe suponer una restricción de los derechos de las personas en riesgo de exclusión social o personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social". Por esta razón, la instrucción 05/2019 se suspenda "hasta que se apruebe y entre en vigor el decreto de la ley catalana 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria”.
Una “victoria parcial” de los movimientos sociales
La retirada de la polémica instrucción, sin embargo, ha sido vivida como una “victoria parcial” por el Pasucat, según cuenta Ana Martínez a El Liberal. “Sin duda, la suspensión de la norma es un triunfo de los movimientos sociales que nos oponíamos a ella (Marea Blanca, Obrim Fronteres, Rebel·lio Primària, etcétera), ya que se ha producido tan solo dos semanas después de nuestras alegaciones. Pero es insuficiente, pues sigue habiendo un apartado del reglamento general que se está desplegando, el artículo 8, que hace referencia al empadronamiento en fraude de ley. Es decir, la misma discriminación para con los inmigrantes que denunciábamos. Por lo tanto, seguiremos muy atentos el desarrollo de la ley”, advierte.
Tanto es así, que la entidad reclamará a Salud que aporte los datos en los que se basan para fiscalizar el empadronamiento fraudulento en el acceso a la sanidad. “Aluden a un supuesto turismo sanitario para respaldar la medida, pero no muestran datos que avalen que éste se produce. ¿En qué se apoyan, entonces, para justificar su persecución?”, se pregunta Martínez, que recuerda que el denominada turismo sanitario es una práctica que se da en la sanidad privada pero rara vez en la pública.
