En abril del año pasado, todos los partidos catalanes con representación en el Parlament rubricaron un documento contra el racismo y la xenofobia. En el texto, se comprometían a evitar “discursos que incitasen a actos racistas” y a solucionar con “responsabilidad” los problemas surgidos en torno a la inmigración. Este compromiso, sin embargo, parece haberse olvidado en los debates que están teniendo lugar estos días sobre el proyecto de ley de universalización de asistencia sanitaria. Al menos, esa es la opinión de entidades como Marea Blanca o la Plataforma para una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), que ha denunciado que la norma incluye “medidas racistas”.
La primera de estas entidades, Marea Blanca, justifica el calificativo señalando que la norma —que inicialmente pretendía no excluir a nadie del sistema sanitario— estigmatiza a las personas migrantes que viven en Cataluña al considerar a muchos de ellas “defraudadoras del sistema”. Y es que, destaca, en la instrucción 5/2019 del CatSalut se estima “fraude de ley” que el paciente se haya trasladado en los últimos tres meses del país de origen a Cataluña, que haya sufrido en el pasado la enfermedad por la que es atendido y que no haya aportado ningún contrato de trabajo o de alquiler.
Dado que estas condiciones son habituales entre la población inmigrante, recuerda Marea Blanca, nos encontramos frente a “una instrucción racista que señala de manera discriminatoria a las personas migrantes que viven en Cataluña como defraudadores del sistema, a la vez que aumenta los requisitos de acceso a la sanidad pública".
La norma proyecta un imaginario de sospecha sobre los inmigrantes
El Pasucat, por su parte, suscribe hasta tal punto que la mencionada instrucción es discriminatoria que ha exigido su derogación completa. “Sus preceptos”, argumenta la asociación, “son racistas y proyectan un imaginario de sospecha y de criminalización sobre las personas migradas y refugiadas que viven en Cataluña. Las señalan de manera discriminatoria como defraudadoras y las consideran como peligrosas para la sostenibilidad económica de nuestro sistema sanitario”.
Al margen de esta instrucción, el Pasucat ha propuesto modificaciones de otros cuatro artículos del proyecto por considerarlos lesivos para los inmigrantes. En primer lugar, se opone a que exista un plazo mínimo de arraigo de dos meses para obtener la tarjeta sanitaria. En este sentido, la organización recuerda que Naciones Unidas y una docena de organismos internacionales han reclamado a los Estados no exigir un tiempo de estancia mínimo en el país como requisito para ser atendido en el sistema de salud público.
Excluye a los más vulnerables: embarazadas y menores
Por otra parte, la asociación recuerda que los criterios para acreditar el arraigo “mantiene las barreras” a los que carecen de padrón, entre los que se pueden contar pacientes especialmente vulnerables como las embarazadas y los menores. En el caso de las primeras, explica, “deberán demostrar su situación de exclusión social ante los trabajadores sociales del centro sanitario si desean ser atendidas. Y, de conseguirlo, solo lo serán en cuestiones relativas a su embarazo”.
Por lo que respecta a los segundos, “se atenderá exclusivamente a aquellos que se encuentren en alto riesgo de exclusión social y, además, estén tutelados”. Ante esta “discriminación”, la entidad aboga por anular este artículo y sustituirlo por otro que garantice una “cobertura total y sin restricciones”.
Por último, el Pasucat piensa que debería abolirse el artículo que establece que todo aquel que posea una renta superior a 569 euros mensuales— el indicador de renta de suficiencia en Cataluña— deberá pagar por la asistencia sanitaria de urgencia. En palabras de este colectivo, “el derecho a la salud debería ser gratuito en todos los casos; en caso contrario, estaríamos delante de una medida regresiva y contraria a la universalidad efectiva del derecho a la salud de todas las personas”.
