El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha concluido el sumario de la causa contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los Comités de Defensa de la República (CDR) que estaban dispuestos recurrir a la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. Con ello, los 12 quedan cada vez más cerca de ir al banquillo procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista.
En el auto, al que ha accedido Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda poner fin a sus pesquisas "una vez practicadas las diligencias que se han reputado necesarias y útiles" y "al constatar que la instrucción sumarial ha visto cumplida su finalidad identificando a los responsables del hecho, calificando el delito y asegurando las personas y bienes que deban responder del mismo". A partir de ahora, García Castellón explica que "el auto de conclusión se notificará a todas las partes, emplazándoles para que comparezcan ante la audiencia o tribunal competente para conocer del juicio oral".
Imputados por tenencia, depósito y fabricación de explosivos
El 14 de septiembre de 2021 el instructor procesó a los trece investigados por la 'Operación Judas' por dicho delito, y a nueve de ellos se les imputó la tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. La causa se archivó para uno de ellos por razones médicas, por lo que el proceso continúa con los doce restantes..
En el auto de procesamiento, el juez explicaba que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles. Todos compartían principios ideológicos, un objetivo -la independencia de Cataluña- y un medio -la violencia en su máxima expresión-.
Ocupación del Parlament
De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners.
Entre sus planes más ambiciosos estaba la ocupación del Parlament, en el que se atrincherarían para permanecer al menos una semana. Un encargo que les habría dado el denominado 'CNI catalán'. El plan consistía en que entraran por la puerta principal, cuyo acceso les facilitarían desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.
Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros.
De esta forma, los doce procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior".
Preparaban atentados con explosivos
El grupo, subraya el juez, habría superado a los CDR hasta llegar a configurar una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".
Además del Parlament, hicieron vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones que se entienden como posibles objetivos: Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
García Castellón prestaba especial atención al reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de San Andreu de la Barca.
Asimismo, destacaba que habrían realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d'Esquadra.
