El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 28.810 millones el coste que la Seguridad Social tuvo que afrontar en 2020 para ayudas por la pandemia del coronavirus. El 67% de ese dinero se dedicó a sufragar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo.
Así figura en el informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social en 2020, que este miércoles ha aprobado el Tribunal de Cuentas para su remisión al Congreso.
Es uno de los tres informes sobre los costes de la pandemia que ha aprobado el pleno de la institución, junto con otro sobre los avales otorgados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las compensaciones a las autoridades portuarias para mitigar los efectos de la crisis sanitaria.
A la espera de hacer público el informe, el Tribunal adelanta en un comunicado que el impacto en las arcas de la Seguridad Social ascendió a 28.810 millones de euros en 2020. El 66,7% de estas ayudas, es decir, más de 19.200 millones de euros, se destinaron a las empresas en situación de ERTE y las prestaciones contributivas por desempleo a sus trabajadores afectados.
Las prestaciones otorgadas a los trabajadores por cuenta propia alcanzaron los 7.182 millones, el 24,9% del total, seguidas por las de protección social a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal (IT) por COVID-19, que suman 1.694 millones, un 5,9% del conjunto. El resto de las medidas alcanzaron los 723 millones, representando el 2,5 % del impacto económico de la crisis sanitaria en el ámbito de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social.
Por entidades, el informe de fiscalización establece que el SEPE soportó el coste más elevado, 15.426 millones, un 53,5% del total, seguido por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, que asumieron, respectivamente, 7.426 millones (25,8%) y 5.837 millones (20,3%) de los costes. El impacto en el INSS, el ISM, MUFACE y FOGASA, fue de 121 millones (0,4% de estas ayudas.
Ayudas razonables
Con alguna excepción, el Tribunal de Cuentas concluye que el coste medio por beneficiario de cada ayuda "se ajustó a criterios de razonabilidad económica". Asimismo, las medidas con mayor grado de cobertura fueron las dirigidas a los trabajadores autónomos, llegando al 26,5% del colectivo, seguidas de las destinadas a la protección del tejido empresarial y del empleo por cuenta ajena aprobadas para las empresas en situación de ERTE por COVID-19, con un alcance medio del 17,9%. Las bonificaciones en las cuotas empresariales otorgadas en el sector turístico tuvieron una amplia cobertura, llegando a más de un 70% de sus beneficiarios potenciales.
Como no hay antecedentes similares a la pandemia, el Tribunal no ha podido hacer comparaciones sobre su efectividad, pero sostiene que las ayudas "han contribuido a mitigar los efectos negativos de la pandemia en la respuesta del paro y la afiliación de empresas y trabajadores autónomos".
El Estado financió todas las ayudas a través de transferencias corrientes y de préstamos otorgados a la Seguridad Social a devolver en 10 años. Para 2020 se movieron 38.803 millones de euros, con lo que los 9.9933 millones no gastados ese año se emplearon en las ayudas en ejercicios siguientes.
La recomendación más relevante del informe va dirigida al Gobierno, aconsejando que se lleven a cabo los estudios oportunos para evaluar la conveniencia de que la cobertura de la protección por desempleo, contributiva y no contributiva se integre en los presupuestos de la Seguridad Social.
